La Cooperativa Eléctrica y Anexos Popular de Rivadavia es la principal prestadora del servicio en el departamento y una de las instituciones más importantes: tiene ingresos anuales que superan los 90 millones de pesos y atiende a 14.500 usuarios, la mayoría de ellos vecinos de la ciudad y alrededores. A fines de 2015 y raíz de una serie de irregularidades, su administración fue intervenida y aunque las nuevas autoridades definen la situación administrativa como “caótica”, aseguran que el servicio no corre peligro.
A fines del año pasado y en medio del escándalo que significó en Rivadavia la decisión de la Justicia de imputar por defraudación al presidente de la cooperativa eléctrica, Alberto Debandi, la Provincia dispuso la intervención de la entidad, una medida que desplazó no sólo al presidente sino a todo el Consejo Administrativo y puso como interventor a Sergio Boverman, que estará a la cabeza por 180 días.
“Administrativamente, la situación de la cooperativa es caótica”, resumió Boverman: “Estamos tratando de determinar de manera contable el destino de algunos dineros y de ciertas inversiones financieras que se han realizado. En realidad, existen varios frentes abiertos, hay conflictos con la comuna, hay un cementerio privado que construyó esta cooperativa y que nunca funcionó e incluso hay más de un centenar de conexiones domiciliarias que se autorizaron de manera irregular”.
En julio de 2014 y luego de algunos informes desfavorables, el EPRE dio a la cooperativa eléctrica de Rivadavia un plazo de 180 días para ejecutar un ‘plan de reencuadramiento’ y resolver una serie de irregularidades. “Pasó casi todo 2015 y nada de esto se corrigió, pero con la imputación a Debandi por defraudación todo se aceleró y en diciembre se dispuso la intervención”, explicó Boverman, una medida que ha sido apelada por las antiguas autoridades.
Según consta en la investigación que terminó con la imputación de Debandi, durante más de diez años (entre 1999 y 2012) la cooperativa eléctrica cobró mensualmente, un canon municipal del 6% sobre el consumo de cada una de las 14.500 facturas, un dinero que, sin embargo, nunca fue depositado en las cuentas de la comuna.
-¿Ha podido determinar de cuánto dinero se trata y dónde fue a parar?
-Aún no está claro, pero hablamos de mucha plata: el 6% de cada factura durante más de diez años son varios millones; un dinero que debería haber ido a las cuentas de la comuna, pero no ocurrió y tampoco han tenido un destino específico dentro la cooperativa. Es probable que haya terminado en gastos corrientes, pero aún no lo sabemos -explicó Boverman y recordó que por el reclamo de ese dinero, hay un juicio de la comuna contra la cooperativa-.
Boverman también mencionó como irregular la existencia de una caja de seguridad en un banco, con dinero de la cooperativa, pero a nombre del presidente y del tesorero, donde había depositado más de un millón de pesos: “Es raro depositar dinero en una caja en lugar de un plazo fijo; no sé, lo menos que ha existido es un perjuicio financiero para la cooperativa”, dijo el interventor.
Si bien el servicio eléctrico es el principal negocio de la cooperativa, el grupo maneja otras empresas: administra loteos, tiene un servicio de internet, un frigorífico y además, un cementerio privado construido en 2009 que aún no funciona: “Nunca funcionó porque no tiene habilitación y para mantenerlo, la cooperativa gasta $ 50.000 mensuales entre empleados y seguridad. Es un tema que hay que solucionar, ver si se consigue la habilitación o qué hacemos con el cementerio porque hasta el momento sólo ha dado pérdidas”.
Finalmente, el interventor mencionó la existencia de más de un centenar de conexiones domiciliarias que se autorizaron desde la cooperativa de manera irregular: “Ya hemos dado conocimiento al EPRE. Se trata de conexiones domiciliarias que se aprobaron con la firma del directorio, pero que no cuentan con la habilitación municipal correspondiente, algo totalmente irregular y que deja a la cooperativa como responsable por lo que ocurra en esas casas. La verdad es que son muchos temas y hay 180 días para poner a la cooperativa en orden. Si no alcanzan vamos a pedir 180 días más”.
