El proyecto del Frente de Todos para anular las prisiones preventivas de acusados por delitos de corrupción cuando un medio de comunicación publique determinados contenidos, ya cosecha rechazos en el mundo.
Las autoridades de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se mostraron sorprendidas ante una propuesta legislativa que, según expresaron, "responsabiliza a los medios de comunicación por divulgar informaciones y denuncias sobre actos de corrupción y privilegia a los funcionarios o individuos involucrados en esos actos anulándoles sus órdenes de detención o prisión preventiva".
En un comunicado, el presidente de la SIP, Christopher Barnes, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, calificaron el proyecto de ley de "incongruente con la libertad de prensa y la labor informativa de los medios".
Consideran que impone a los medios responsabilidades sobre los casos judiciales que no les corresponden y que "minimiza la debida transparencia que debe existir sobre la administración pública al blindar a los funcionarios e individuos corruptos, pero, sobre todo, coarta el derecho del público a saber".
Qué dice el proyecto
La iniciativa, presentada por las senadoras kirchneristas María Eugenia Catalfamo (San Luis), María Inés Pilatti Vergara (Chaco), Ana María Ianni (Santa Cruz), Nancy González (Chubut) y Ana Almirón (Corrientes), establece en su artículo 2° que "será declarada nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva de personas" cuando se verifique la existencia de algunos supuestos.
Entre ellos, “la publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”.
"Sería un contrasentido para la democracia que este proyecto prospere y sea legitimado por una clase política que debe tener más obligaciones que privilegios", expresó Barnes, director general del diario jamaiquino The Gleaner. Las autoridades de la SIP esperan que el proyecto de ley sea archivado.
