El Congreso de Paraguay vivió recientemente momentos de tremenda tensión cuando un grupo ingresó e incendió parte de sus dependencias en repudio por el debate de un proyecto para viabilizar la reelección del presidente Horacio Cartes.
En efecto, desde el oficialista Partido Colorado se promovió el debate de una enmienda constitucional con el fin de habilitar la posibilidad de competir por un nuevo mandato al actual jefe de Estado, algo que la Constitución paraguaya no permite. Muchos reaccionaron con furia.
Un hecho no sólo polémico sino condenable. Un político que asumió la primera magistratura de Paraguay con una norma constitucional que impide su reelección acepta que su partido impulse cambios tendientes a favorecer sus anhelos de postulación para un nuevo período.
El hecho se suma a una puja que no sabe de fronteras entre los que buscan aferrarse al poder y para ello recurren a reformas como la paraguaya y quienes mayoritariamente van formando parte de la tendencia mundial que acentúa los mecanismos para no permitir el ejercicio del poder a perpetuidad.
En los últimos años los argentinos supieron poner freno a las desmedidas ambiciones de gobernantes que generaron condiciones para encarar períodos de mandato por encima de lo que marcan las reglas de juego. Así ocurrió cuando gobernó Carlos Menem, que insinuó el intento de otra enmienda para aspirar a un tercer mandato consecutivo pero terminó abortando su propia aspiración por falta de respaldo político y consenso popular. Más recientemente Cristina Fernández de Kirchner vio frenar pretensiones “eternas” cuando en la elección parlamentaria de 2013 opciones opositoras pusieron fin a la idea de habilitar la disputa por un nuevo período.
En nuestra provincia el debate por la reforma constitucional, con la consecuente posibilidad de reelección de gobernador, es algo que se repite prácticamente cada vez que asume un nuevo gobierno, hasta ahora sin éxito.
En democracia se impone que las normas sean mantenidas y respetadas. Por ello no se tolera fácilmente toda iniciativa que conduzca a la posibilidad de aumentar el poder de un gobernante.
Este mal ejemplo reciente de Paraguay camina en sentido contrario de la mayoritaria tendencia mundial actual, que se expresa en contra de las reelecciones cuando éstas tienen como principal intención dar marco legal a una aspiración de poder ilimitado.
La Constitución de un Estado existe para poner límites a la tentación de un poder desmedido; no para ampliarlo sino, básicamente, para controlarlo.
