La detención del jefe máximo de La Salada ganó las tapas de los diarios. No era para menos: se trata de un caso en el que se mueven cientos de millones de pesos en la más absoluta informalidad, miles de personas que comercializan artículos de toda índole sin ningún tipo de control y avances sobre lugares públicos, con improvisados puestos sobre la calle y hasta sobre las vías del tren, sin que nadie -hasta el momento de la actuación policial- dijera nada.
No es del caso determinar aquí la culpabilidad, o no, de Jorge Castillo, el CEO de La Salada, detenido tras el megaoperativo, porque es un tema que corresponde a la Justicia, pero sí debemos considerar muchos de los aspectos que se conocían de antemano respecto de la informalidad, a lo que hay que sumarle la aparición de otros "detalles", como las cifras millonarias que se movieron en torno del funcionamiento de la feria y las "inversiones" realizadas por Castillo, a lo largo de los años, sin que nadie tomara debida nota de nada.
Debemos partir de una base: el principal organismo de control del Estado, la AFIP, obliga a quien intente realizar una inversión importante, como la compra de un automóvil, por ejemplo, a informar bajo juramento al comprador sobre el origen de los fondos para cubrir la adquisición. Sin embargo, en la detención de Castillo se "descubre" -o al menos salen a la luz públicamente- que poseía una mansión en un country, rodeado por un predio en el que su hija podía practicar saltos hípicos; que proveía servicios inmobiliarios, criaba aves y ganado equino, producía y comercializaba soja y algodón, otorgaba créditos financieros y participaba en la operación de casinos y bingos, además de contar con automóviles de alta gama y de movilizarse en una camioneta blindada.
Por otra parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguró que La Salada movilizaba anualmente más de 71.500 millones de pesos y que sólo en mayo operó 5.958 millones, dentro de un universo nacional que integran 662 saladitas y más de 86 mil vendedores informales a lo largo y ancho del país.
Debe señalarse que tampoco se tuvo en cuenta la advertencia de la Unión Europea, que la calificó como la feria ilegal más grande del mundo y de un emblema del comercio y la producción de mercadería falsificada, mientras la Oficina de Representantes de Comercio de Estados Unidos incluyó a la Argentina en la llamada "lista de vigilancia prioritaria" por la práctica "desleal" de estos mercados que afectan derechos sobre marcas y patentes. Inclusive en mayo de 2015 la Came presentó ante la Justicia una querella para que se investigue la existencia de talleres clandestinos que proveerían mercadería ilegal a La Salada.
La feria también tuvo su repercusión en Mendoza, generando planteos de diversa índole, que pasaron desde las denuncias formuladas por la Federación Económica respecto del no otorgamiento de facturas en las compras que se realizaban, hasta la discusión "política" que surgió respecto de la instalación "gratuita" de la feria a cambio del cobro por estacionamiento, en un problema que aún está en discusión.
Más allá de lo que pueda suceder con la "delegación" Mendoza o de las situaciones políticas que pudieron o no haber rodeado al operativo policial, lo cierto y concreto es que sorprende que una feria de ese nivel, que movía miles de millones de pesos anuales, se haya mantenido durante 18 años en la más absoluta informalidad, sin que nadie hiciese nada para ordenar la situación.
