Antiguamente, los españoles tenían en las colonias una normativa por la cual los funcionarios debían rendir cuentas de sus actos de gobierno cuando terminaban sus funciones y existían castigos serios para aquellos que no pudieran justificar sus gastos.
De aquellas viejas Leyes de Indias casi no quedaron institutos en nuestra legislación y desde entonces se ve un aprovechamiento de parte de los funcionarios de su situación de poder para disponer del presupuesto público en forma arbitraria.
Todo comienza por la designación de familiares, amigos o militantes donde la cantidad de favores pagados con cargos es muy grande, pero una suma menor que las devengadas por efecto de decisiones que afectaron a empresas por incumplimiento de contratos o por varios default en los que Argentina ha incurrido. El país ha debido hacerse cargo de decisiones arbitrarias, cargadas de soberbia ideológica sin que los funcionarios responsables nunca haya sufrido un juico de repetición para hacerse cargo, con su patrimonio, de las responsabilidades civiles por su accionar irresponsable.
En los últimos días se informó que Argentina perdió una demanda en el CIADI por la estatización de Aerolíneas Argentinas al grupo Marsans. La misma fue aprobada en el Congreso por la mayoría kirchnerista. Quienes se oponían planteaban liquidar la empresa y formar una nueva para no tener que hacerse cargo de los pasivos de una empresa que había sido muy mal administrada por los empresarios españoles. Sin embargo se impuso el criterio del ex ministro De Vido y se propuso la expropiación. Como acto simbólico, el gobierno pagó 2 euros por la misma, pero el Tribunal acaba de dar una sentencia de u$s 320 millones. Lo pagará el Estado argentino con plata de todos sus ciudadanos. ¿Quién se hará responsable de esa decisión desacertada?
Pero esta es solo una de la serie de actos de soberbia que han costado mucho dinero y nunca se les pidió a los funcionarios responsables que asumieran con sus patrimonios el daño causado al erario.
Algo similar ocurrió cuando Cristina Fernández de Kirchner decidió estatizar el 51% de las acciones de la empresa YPF, cuya mayoría detentaba el grupo español Repsol. En su oportunidad, el entonces ministro Axel Kicillof dijo que no sólo no les pagaría nada a los españoles sino que les reclamarían plata. Finalmente, en una corta negociación, se les pagó a los españoles u$s 5800 millones, para lo cual se emitieron bonos que han sido cancelados por el actual gobierno. Pero como no se respetaron los procedimientos establecidos en el Estatuto de la empresa, el ex accionista Esquenazi vendió sus derechos a un fondo buitre que ahora reclama en los tribunales de Nueva York una suma que, actualizada, llegaría a u$s 1630 millones adicionales.
Cuando se produjo la pesificación asimétrica, después de la crisis y la mega devaluación de 2002, el entonces Presidente Eduardo Duhalde junto a su ministro de economía Roberto Lavagna decidieron congelar las tarifas de los servicios públicos a sus valores en pesos sin convertirlas a la nueva paridad del dólar. Esto implicó una violación de los contratos que fue luego resuelta en el CIADI, donde Argentina perdió todos los juicios.
Desde 2016 hasta la fecha se han pagado deudas contraídas y juicios por u$s 16700 millones y se calcula que quedan pendientes de resolución otros conflictos que involucran una suma cercana a los u$s 4500 millones.
Estos son simples y contundentes ejemplos para dejar claro que la Argentina tiene un problema grave y que alguna vez los funcionarios deberán hacerse cargo de sus dislates.
