En medio de los proyectos de reforma impositiva y previsional han aparecido posiciones que, en muchos casos, están cargadas de contradicciones y hasta de sorpresas porque quienes más resisten a los cambios son los que se dicen “progresistas”. Estos son los que quieren dejar todo como está pero critican al gobierno por el endeudamiento y la inflación.
Vale analizar qué motivaciones tiene el gobierno para encarar estas reformas que, vale aclarar, son muy tímidas, y respondiendo al método gradualista que ha impuesto la autoridad desde que asumió el poder.
Después de las elecciones Macri recibió los mensajes de la ciudadanía. Todos piden bajar el gasto público, el déficit, la inflación, los impuestos y la corrupción. El problema es que para la reducción de los impuestos el gobierno debe, antes, bajar el gasto público y en esta área se incluye a las provincias ya que muchas jurisdicciones tiene un bajo nivel de recaudación de impuestos propios y dependen de los fondos nacionales.
En este caso, si se rebajan impuestos nacionales, claramente bajarán las transferencias a las provincias y es justamente en las provincias y municipios donde se encuentran las mayores resistencias a reducir los gastos. Tanto fue así que los gobernadores pusieron resistencia y exigieron al gobierno que les garantizaran distintos niveles de ingresos.
Ante esto, el gobierno propuso un compromiso de responsabilidad fiscal por el cual los mandatarios provinciales se comprometieron a una baja progresiva de sus propios déficits, eliminar privilegios (sobre todo en los que tienen cajas de jubilaciones) y una rebaja progresiva de impuestos provinciales distorsivos, entre ellos Ingresos Brutos y Sellos.
Es un acuerdo muy complejo porque la cantidad de distorsiones acumuladas hace que cualquier modificación afecte a algún sector y esto genera movilizaciones y presiones de todo tipo. Un ejemplo claro es el de los impuestos internos.
El gobierno quería bajar algunas gabelas (impuesto a las Ganancias, impuesto al Cheque, rebajas de Aportes Patronales, etc.) y para ello necesitaba aumentar algunos como los internos, que gravan algunos productos y servicios. Recordamos la movilización que generó su aplicación a vinos y espumantes. A último momento también el gobierno decidió resignar el impuesto a las bebidas azucaradas.
Pero en las comisiones legislativas reapareció la presión por el impuesto a las bebidas azucaradas, la cual fue capitaneada por el gobernador de Tucumán con amenazas de no aprobar el resto. También apareció la idea de aumentar las alícuotas a las cervezas, equiparadas a las bebidas alcohólicas de alta graduación y destilados.
Todo esto complica la cuenta del gobierno que ve cómo se diluyen sus cálculos y puede comprometer el objetivo de bajar el déficit fiscal y esto es serio porque implicaría un endeudamiento mayor, algo criticado por los mismos conservadores de izquierda que también se oponen a todas las reformas.
La reforma previsional
Entre los mecanismos de este complejo armado reformista surgió la necesidad de cambiar la fórmula por la cual se ajustan semestralmente las jubilaciones, pensiones y otras asignaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH). La fórmula actual se generó porque los datos inflacionarios no eran creíbles, por la manipulación que hacía el Indec. De ahí se generó otra que contemplaba la evolución de los salarios y la de la recaudación para la Anses.
La propuesta original era que se ajustara según los índices inflacionarios actuales que son serios y tienen objeciones técnicas. Por una sugerencia del senador Pichetto se cambió por otra fórmula que tiene un 70% de inflación y 30% la evolución del índice de salarios.
De esta manera, a lo largo del año, los jubilados percibirían un ajuste que superaría en 5 puntos a los índices de inflación. Pero hay quejas que dicen que se les rebajan los ingresos a los jubilados si se calcula con la fórmula aún vigente.
Pero ésta tendría un problema. Es que en la reforma tributaria se elimina el artículo 104 de la ley del impuesto a las Ganancias, por el cual un porcentaje de esta recaudación iba a la Anses. Además, un fallo de la Corte Suprema obligó al gobierno a devolver a las provincias el 15% de la masa coparticipable que se destinaba a la Anses.
Frente a estos números, la recaudación de la Anses tendría una caída significativa que será absorbida por el Estado, pero desde el punto de vista de la fórmula reclamada, el próximo ajuste sería 0, es decir, no tendrían aumento los jubilados porque caería de forma muy fuerte la recaudación del organismo.
No obstante, hay una utilización política de la reforma sin atender ninguna razón ni se han estudiado todas las formas en que la reforma impositiva puede impactar en distintos sectores, tanto en forma positiva como negativa.
Un país muy complejo
A esta altura parece que los argumentan a favor o en contra tienen poco estudio y análisis de los temas y se juegan por lealtades y no por razones.
Hasta la CGT, que no dijo nada cuando el proyecto se aprobó en el Senado con aportes del PJ, a último momento generó un paro general “en oposición a las reformas”, que es una forma de decir me opongo por las dudas para no perder presencia, pero sin fundamentos.
En el medio de todo esto, nadie tomó nota de la decisión de la Reserva Federal de subir 0,25% la tasa de referencia, anunciando que habrá tres aumentos más en 2018. Si bien el nivel de tasa todavía no es preocupante, lo que hay que tener en cuenta es la tendencia. Si Argentina no muestra un camino serio, con descenso en serio del gasto y el déficit, el nivel de financiamiento descenderá y el costo irá creciendo, obligando a tener que hacer el ajuste de golpe.
Pero por las dudas, y con una herencia populista detrás, la mayoría cree que no podría vivir sin la asistencia del Estado. Esos grupos, que tienen un discurso seudo progresista, se oponen a cualquier cambio sin darse cuenta de que sin los cambios no se podría incorporar a los millones de argentinos que están bajo la línea de pobreza. Tampoco asumen que la subsistencia de estos sistemas es la responsable de la situación crítica actual.
