Mientras rige aún el amparo en la Justicia Federal y la Nación parece haber dejado en “pausa” el proyecto, productores y comerciantes de Tunuyán volvieron a poner en agenda la venta de tierras públicas de La Remonta.
Pidieron al Gobierno provincial que revise alternativas para "volver productivas estas tierras ociosas", pero que no sea a través de su venta sino de un sistema de arrendamiento.
Cuando parecía dormido, el debate por la subasta pública de estas tierras del Ejército Argentino se reanimó el sábado pasado, en el tradicional almuerzo que la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán organizó con motivos del 137 aniversario del departamento.
Su presidente, Alberto Carleti, sostuvo que el lugar tiene gran “potencial de crecimiento social y productivo”. Sin embargo pidió a Provincia que busque los instrumentos para avanzar con el proceso “sin considerar la venta de las tierras y contemplando la situación de los arrendatarios existentes”.
Cuando en marzo estalló la polémica por la venta de las 7.200 hectáreas pertenecientes a Campo Los Andes, una de las voces que se alzaron en contra fue la de los productores locales que llevan años alquilando las mismas al Ejército.
También, se opusieron pobladores de décadas de la zona y asambleístas del Valle de Uco, que alertaron sobre la extranjerización de las tierras y la falta de consenso y equidad de la iniciativa.
El gobernador Alfredo Cornejo tomó nota del pedido de los productores y empresarios y se comprometió a “buscar todo el consenso social posible”.
Durante el discurso que pronunció en el almuerzo dijo que “hoy este proyecto está prácticamente dejado de lado por el Gobierno nacional”.
“No es una iniciativa provincial, pero me comprometo aquí a analizar propuestas porque creo razonable hacer cosas con recursos ociosos. Estoy abierto a un trabajo conjunto pero quiero ser honesto y descarto que difícilmente vengan inversiones privadas si esos terrenos no se venden. De todas maneras, vamos a estudiar la fórmula propuesta por ustedes”, agregó.
Referentes de la Cámara han mantenido reuniones con autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que dirige la venta, para manifestar su parecer.
“Entendemos que la clave es la intervención del gobierno provincial. No nos oponemos a que estas tierras sean productivas y que el agua sea aprovechada con infraestructura pero una subasta pública, si bien puede ser transparente, no es equitativa para los productores locales”, dijo Carleti.
Vale recordar que el decreto 225/17, firmado en abril por el presidente Mauricio Macri, habilita a la AABE a subastar 7.216 hectáreas de La Remonta.
Según la idea inicial, se venderían 78 parcelas de 50 hectáreas a 30 mil dólares cada una. Tras la polémica, esto fue abierto a consideraciones.
A fines de mayo, la Justicia Federal frenó la venta, haciendo lugar a un amparo presentado por unos veinte vecinos del lugar que sostiene, entre otras cosas, que para vender bienes públicos de esta magnitud y valor comunitario el gobierno debe tener el aval del Congreso de la Nación.
Según informaron abogados de los amparistas, la medida de no innovar sigue firme, aunque la AABE ha presentado excepciones para apelar la resolución.
Si bien las hectáreas que están en medio del debate son las que se encuentran cercanas a los poblados, La Remonta cuenta con unas 100 mil hectáreas que llegan a Chile.
Habrá que esperar para conocer cómo se avanzará con este tema tanto en el plano provincial como nacional.
