La Justicia Federal en Mendoza hizo lugar al pedido de los pobladores de La Remonta y frenó el decreto presidencial que habilitaba la venta de 10 mil hectáreas de tierras del Ejército en Campo Los Andes, Tunuyán. A la par, se declaró incompetente para continuar el litigio en el ámbito local.
Días atrás, un grupo de habitantes del lugar -y del Valle de Uco en general- se habrían concentrado frente a Tribunales Federales pidiendo -justamente- celeridad en la medida de no innovar. Sucede que la acción de amparo -firmada por 26 vecinos- había sido presentada a mediados de abril y aún no tenían respuesta.
En sus argumentos, los pobladores sostienen que la medida oficial es arbitraria y vulnera sus derechos como "habitantes nativos" y los propósitos primarios de colonización que promulga la Constitución.
La situación de los pobladores es sólo una de las aristas de la fuerte polémica que se desató a principios de marzo, cuando Nación y Provincia anunciaron su proyecto de transferir a manos privadas unas 4.900 hectáreas (el decreto habla de 10 mil) de la zona vitivinícola premium del Valle de Uco.
Medida judicial
“Esto es un gran paso, estamos contentos. La Justicia nos ha mostrado que no somos ignorantes y que hay posibilidades de generar un diálogo que nos incluya, el que no hemos encontrado en la Nación ni en la Provincia. Estamos defendiendo los recursos de todos y seguiremos en esa línea”, apuntó Fabián Escobar, vecino de La Remonta, minutos antes de reunirse en asamblea con sus vecinos, “festejar con un abrazo” y seguir definiendo el plan de lucha.
Tras recibir la notificación judicial ayer, pobladores y ambientalistas celebraron la suspensión de todo accionar relacionado a la aplicación del decreto 225/17, lo cual involucra también a los otros 38 bienes del Estado enajenados por la resolución.
Pese a ello, los demandantes mantienen serias objeciones respecto de la medida adoptada por el subrogante del Juzgado Federal N° 2, Marcelo Garnica. Sucede que, por un lado, el magistrado resolvió “declarar la incompetencia de este Tribunal” en la causa, por lo que el litigio debería seguir en tribunales de Buenos Aires.
Por el otro, dispuso que la medida de 'no innovar' tendrá una vigencia de sólo 3 meses, la cual es prorrogable sólo si el juez así lo determina.
“Si bien han hecho lugar a nuestro pedido, el período dispuesto para la medida no nos asegura una protección durante todo el proceso hasta que se dirima el amparo”, explicó Fernando Armagnague, quien patrocina a los vecinos junto al letrado Pablo de Rosas.
En cuanto a la declaración de incompatibilidad del Tribunal, Armagnague adelantó que la van a apelar. “La resolución encierra una contradicción. Por un lado, el magistrado considera a los demandantes socialmente vulnerables, pero los insta a tener que seguir el juicio en Buenos Aires. Si bien el acto administrativo cuestionado es de origen nacional, el objeto del proceso es el campo que está en Mendoza y las víctimas que sufren el efecto de este acto también residen en Mendoza”, sostuvo el abogado.
Los letrados, quienes aseguraron que en los próximos días realizarán la apelación, compararon esta decisión con los antecedentes judiciales del corralito financiero en 2001. El mismo fue decretado en Buenos Aires, pero los casos se resolvieron en la Justicia mendocina porque afectaban a particulares locales.
Cautela en el Gobierno
Mientras tanto, la medida sorprendió a los funcionarios de la Agencia de Administración de los Bienes del Estado (AABE), quienes deben llevar adelante la venta de La Remonta. Su titular, Ramón Lanús, dijo a Los Andes que acatarán lo dispuesto por la Justicia, pero que también evaluarán la resolución "para decidir si apelamos o no".
De todas maneras, Lanús manifestó que “a prima facie no creemos que traerá complicaciones, puesto que los plazos que nos hemos propuesto para llevar adelante este proyecto son largos, de más de un año”.
Lo que sí podría verse perjudicado, según destacó Lanús, es una iniciativa que habían venido estudiando y que favorecía a los pobladores, justamente quienes solicitaron el amparo. El funcionario nacional dijo que están estudiando con la Provincia la venta o transferencia de pequeñas parcelas de tierra para los habitantes del lugar.
“Según lo que hemos censado, no son más de 16 y podrían quedarse con el sitio donde residen y una pequeña porción de tierra para cultivar”, detalló.
Más allá de este proyecto, que los pobladores consultados dicen desconocer, sí se realizó un censo en el lugar el viernes pasado.
“Vinieron sin aviso. Nos preguntaron sobre el grupo familiar y las condiciones en las que vivimos. Venían del gobierno provincial”, acotó Escobar.
Otro organismo que sigue de cerca todas las novedades del tema es la Cámara de Comercio e Industria de Tunuyán. Sus representantes han manifestado su posición ante los miembros de la comisión de Economías Regionales de la Cámara de Diputados de la Nación.
“Estamos en contra de la venta, pero queremos avanzar en un proyecto productivo. Es cierto que la administración que hacía el Estado de estas tierras es totalmente perfectible y debe dejar mayores ganancias pero se puede pensar en la creación de un fideicomiso, que permita un sistema de arrendamiento más controlado y eficiente, sin vender las tierras”, apuntó Alberto Carletti.
