La discusión entre el gobierno nacional y los gobernadores provinciales acerca del plan de ajuste que se quiere aplicar para eliminar el déficit fiscal es muy interesante porque nos debe retrotraer al esquema de convivencia entre ambas jurisdicciones previsto en la Constitución Nacional.
El nacimiento de la República fue por decisión de las provincias y eso fue lo que sus representantes llevaron como mandato cuando se aprobó el texto constitucional, y la razón principal fue crear un Estado superior que unificara la representación de todas ellas para afrontar la defensa nacional, la creación de moneda, las relaciones exteriores, el pago de la deuda pública que se había heredado y la unificación de programas que tenían que ver con la inmigración, la colonización de tierras y los planes de educación y salud.
El mismo texto deja claro que las provincias, como estados autónomos, conservan todas las facultades que no fueran expresamente cedidas a la Nación. Esta, para el cumplimiento de sus tareas podría financiar al Tesoro nacional con los ingresos provenientes de impuestos de aduana (importaciones y exportaciones), las rentas de correo (se crea un solo correo nacional) y otras contribuciones que sean "razonables".
Así, en sus orígenes, cada jurisdicción tenía sus propios recursos con la salvedad del principio jurídico "non bis in ídem" que significa que no se podía gravar dos veces el mismo hecho, el mismo bien o la misma actividad. Este principio se usa para entender el principio de la "cosa juzgada", por la cual ninguna persona puede ser juzgada dos veces por un mismo hecho.
Hoy nuevamente se discute sobre coparticipación federal impuestos e, incluso, del financiamiento de actividades propiamente provinciales por parte de la Nación. En esta puja surge claramente que en ambas jurisdicciones se han cometido los mismos errores: se gastó mucho más de lo que se recaudó, a pesar de haber aumentado los impuestos más allá de lo razonable, de haberse creado impuestos duplicados y todo solventado por las mismas personas: los ciudadanos argentinos.
El régimen de coparticipación es una clara demostración de la forma en que las provincias fueron delegando en forma poco clara sus atribuciones a la Nación, ya sea porque aquella avanzó indebidamente o porque hubo consentimientos a cambios de favores políticos que luego quedaron instalados, perdiendo grandes porciones de autonomía.
Hoy la Nación pretende que las provincias e hagan cargo de solventar funciones que les son propias y estas resisten porque abusaron en la creación de empleo público innecesario. Será difícil, al menos en corto plazo, recuperar el espíritu original de la Constitución, a pesar de que su letra sigue vigente, pero sería importante que se avance en algunos aspectos, como la eliminación de impuestos duplicados.
De la misma forma, las provincias deben poner término en sus territorios gravámenes que han hecho muchos municipios a partir de la nueva situación de autonomía reconocida en la reforma de 1994, generando nuevas imposiciones, algunas de las cuales pueden calificarse como aduanas interiores, totalmente prohibidas por el texto de la Constitución vigente.
El verdadero federalismo debe requerir de seriedad de los gobernantes, austeridad y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. El dinero de los Tesoros lo pagan los ciudadanos para que el Estado provea bienes en beneficio del conjunto y no son para servir a que los funcionarios terminen enriquecidos o usando los mismos en su propio beneficio.
