El Gobierno nacional promulgó la ley de Reforma Previsional 27.426, que les saca a los jubilados y a los que menos tienen (AUH, jubilados, pensionados y discapacitados) casi 10 puntos del aumento que les correspondía recibir en marzo (aproximadamente un haber por año). La ley de movilidad, vigente hasta la promulgación de la nueva norma, establecía un aumento entre 14,5% y 15%. Sólo se aplicará 5,7%.
El bono (por única vez en marzo) es para los que ganan menos de $ 10.000, con lo cual es discriminatorio.
Lo del 82% móvil es un chiste de mal gusto, ya que se refiere al salario mínimo vital y móvil. El aumento será de $ 530. Quienes se jubilen en el futuro perderán 20 puntos.
Mientras, hay aumentos del 25% en gas; luz, 20%; combustibles, 5%. La inflación superó 26% y en 2018 oscilaría 20%.
Esta quita de $ 100.000 millones será repartida entre las provincias, especialmente Buenos Aires, beneficiada con $40.000 millones aproximadamente.
No es un ahorro. Se les saca a muchos, los jubilados, para darle a otros, las provincias. Ayudaron a concretar esta transferencia los gobernadores y los diputados.
Es un nuevo concepto de democracia representativa, republicana y federal que desconocíamos. La ley votada por el Congreso es inconstitucional.
Vulnera los artículos 14 bis, 16, 29 y otros; y derechos adquiridos con efecto retroactivo. De sancionarse debió ser hacia el futuro, nunca hacia atrás.
Para brindar algo de legitimidad, hemos propuesto un referéndum sobre la reforma. Que sea el pueblo el que decida. En medio del ajuste a jubilados se beneficia a sectores elevados de la sociedad con reducciones arancelarias e impositivas, concretadas mediante decretos 1.126 y 1.343. El 27/18 fue copiado (en parte) del 2.284 de Menem y Cavallo.
Sojeros serán beneficiados con descuentos que en 2019 sumarán $ 140 mil millones. Superan la quita a los jubilados.
Hablan de la “sostenibilidad” en el tiempo del sistema, mientras que el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que se nutrió de los aportes que hicimos a las AFJP y cuyo destino sería compensar desequilibrios en el pago a jubilados, ha sido utilizado por el Estado Nacional para conjugar déficits, canjeando importes por bonos.
Sacarles a quienes menos ganan y dar beneficios a los que más tienen es inequidad social.
Anses bien administrado es viable, siempre que el Estado y grandes empresas no lo saqueen. Miles de demandas demostrarán que se han violentado la Constitución, tratados internacionales y normas vigentes.
