Aunque la retracción de la actividad económica se adelantó a los pronósticos oficiales, un mes entero con el dólar quieto y el respaldo de Christine Lagarde despejaron por unos días los fantasmas de una caída de reservas. De esas que en Argentina suelen venir de la mano de complicaciones graves para la gobernabilidad.
Dos factores adicionales aportaron certidumbre. La negociación con los gobernadores sobre el ajuste fiscal entró en un terreno de diálogo. Y el Banco Central avanzó con la ingeniería de desmontaje de la deuda en letras de la autoridad monetaria.
Apenas respiró el Gobierno en medio de los aprietos económicos y le llovieron complicaciones en el frente político. Es una relación causal. Viene con la tormenta.
Las fracciones más radicalizadas de la oposición vieron en las encuestas una oportunidad: la caída en la imagen de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y el crecimiento de Cristina Kirchner. Pero en el acto la amenaza fusiladora de Luis D’Elía puso en evidencia que la simple voracidad por el retorno no es sinónimo de perspicacia estratégica.
La intimidación del exfuncionario kirchnerista ayudó al Gobierno y perjudicó al país. Mientras más grotesca sea la oposición, más discrecional puede ser el oficialismo.
D’Elía colaboró gratis con Jaime Durán Barba en momentos en que el resto del peronismo apuntaba a la política de defensa por el decreto de Macri sobre las atribuciones y actividades de las Fuerzas Armadas.
En la Casa Rosada señalan que ese decreto es el resultado de una revisión que venía en curso ya desde antes de la tragedia del submarino ARA San Juan. Fue presentada por el Gobierno en medio de la tormenta económica pero con sondeos de opinión que le anticipaban una repercusión favorable.
Las organizaciones de derechos humanos convocaron a una movilización de rechazo y desde los bloques legislativos de Sergio Massa y Diego Bossio dieron un guiño para reclamar el tratamiento parlamentario de la decisión de Macri.
En la cartera de Defensa descreen de las posibilidades de esa ofensiva. El massismo sostuvo durante la última campaña presidencial una propuesta más controvertida que el decreto de Macri, inspirada en las ideas del exalcalde neoyorquino Rudolph Giuliani sobre seguridad interior. Eran tiempos de reclamo por una ley de derribo.
El kirchnerismo lo sacudió entonces con vehemencia. Bossio integraba el comando de campaña de Daniel Scioli.
El frente más complicado para el ministerio de Defensa es el de las organizaciones sociales que salieron a objetar lo que consideran una abierta militarización de la vida social. A diferencia de la movilización social por el fallo del dos por uno, en el oficialismo creen contar con un par de factores a favor.
Desde el punto de vista normativo, aquel fallo de la Corte Suprema desnudaba una falencia parlamentaria que fue subsanada rápidamente y por unanimidad en el Congreso. El decreto actual de Macri reemplaza a otro del expresidente Néstor Kirchner, cuyo criterio fue coincidente: no necesitaba recurrir al Parlamento porque la decisión estaba dentro de las facultades que le asigna la Constitución a la jefatura del Ejecutivo.
Desde la perspectiva política, la movilización en contra del dos por uno tuvo un punto de inflexión cuando el radicalismo decidió sumarse.
El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, avaló en este caso la decisión de Macri. El decreto actual restituye el texto que en su momento firmó Raúl Alfonsín.
La discusión de fondo es sobre el consenso social que tomó forma durante la restauración democrática de 1983. Todos los argumentos lo aluden, pero con significados distintos.
Las organizaciones de derechos humanos recuerdan aquel consenso como el punto de partida de la separación necesaria de las políticas de defensa y de seguridad interior. El bloque democrático trazó en 1983 una divisoria de aguas frente a la cíclica injerencia militar en asuntos internos de naturaleza política.
En el oficialismo señalan que el contenido original de ese bloque democrático fue redefinido después por el kirchnerismo. Dejaron de integrarlo las fuerzas que reivindicaban una democracia pluralista. La cláusula de ingreso pasó a ser la defensa de una democracia popular.
El cambio de eje no fue menor. Tras la furia revisionista, hasta Alfonsín quedó parcialmente afuera de aquel consenso de la transición. Con un pie adentro por el juicio a las juntas militares y otro afuera por el Plan Austral.
La consecuencia de reducir lo democrático a una estrategia antiliberal fue el acceso de César Milani a la cima del poder militar y el montaje de una estructura de espionaje interno que articulaba con los servicios de inteligencia que manejaba Juan Martín Mena tras la máscara de Oscar Parrilli.
En ese punto de quiebre quedó abandonado el consenso de la transición democrática y prevaleció la narración política del consenso antiliberal de 2001.
Dos ministros que señalaron frontalmente estas declinaciones han pasado a ocupar el lugar más visible del gobierno de Macri. Por unos días, Oscar Aguad y Patricia Bullrich desplazaron del primer plano a los integrantes del equipo económico.
La oposición prevé juntarlos pronto. Graciela Camaño quiere forzar una sesión para discutir el decreto de Macri el mismo día que los piqueteros de Juan Grabois se movilicen por la misa de San Cayetano.
Al día siguiente, el Senado debatirá la legalización del aborto. En un contexto ríspido, en el que por primera vez un grupo de obispos resolvió también resignificar a su modo el contenido del consenso de 1983. Si el Parlamento aprueba una ley que les disgusta, la democracia se convertirá en dictadura.
Una deriva inadmisible que sólo se explica -o demanda ser explicada- por el Papa argentino en el Vaticano.
