El Gobierno nacional ultima una batería de iniciativas de reforma laboral, de pronto lanzamiento, que apunta a la modificación de todo el sistema. y que, según el gobierno -al contrario de lo que denuncian dirigentes sindicales-, no sería una flexibilización de las condiciones de trabajo.
El argumento central con el que el Gobierno defiende estos cambios es la necesidad de bajar los costos laborales, junto con los de sistemas financiero e impositivo, con el fin de dar “competitividad” a la economía y así posibilitar la atracción de inversiones generadoras de empleo, según la tesis del presidente Mauricio Macri, a aplicar en este 2017 electoral.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se encargó ayer de confirmar en declaraciones de prensa lo que había adelantado la semana pasada el flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, apenas designado en el cargo: “Propondremos una reforma tributaria integral. Mi obsesión es bajar el nivel de informalidad de la economía. Es ridículo el impacto que tienen los impuestos al trabajo. Tenemos una sobretasa del 40 por ciento por encima del salario de bolsillo, más el impuesto a las Ganancias”.
También el domingo había hecho un anticipo por radio el segundo en Trabajo, el secretario de Empleo, Miguel Ángel Ponte. Ex alto ejecutivo del grupo Techint, Ponte confirmó una próxima reforma laboral que incluirá el régimen de pasantías, “única posibilidad de acceder al mundo real del trabajo” para estudiantes y trabajadores ocupados y desocupados sin formación, como también que se impulsará un “blanqueo laboral” para los trabajadores en negro que constituyen alrededor de 38% de la fuerza laboral.
El segundo de Triaca, además, restó dramatismo a los despidos durante 2016 en los sectores estatal y privado, sobre todo en industrias afectadas por la apertura de importaciones. Fue por demás elocuente con la metáfora que utilizó para graficar el régimen laboral al que apunta el Gobierno: “La posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es una esencia de este mundo. Como en el organismo lo es comer y ‘descomer’”.
En declaraciones a Cadena 3, Triaca dijo que las próximas reformas apuestan a crear 300.000 nuevos empleos durante 2017, sobre todo con el programa de pasantías para jóvenes que, argumentó, “no va en detrimento del derecho de los trabajadores”.
“En Argentina hay un problema muy grave de acceso al empleo. Durante los últimos cinco años no ha crecido el empleo y tenemos que generar empleabilidad: hay un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan; cuatro millones de trabajadores en la informalidad y un millón y medio de desocupados. Ahí está nuestro desafío”, subrayó.
El ministro consideró que esta iniciativa “no” debe ser entendida como una medida para promover una flexibilidad laboral, y consideró que “los argentinos necesitan mejorar su sistema productivo, capacitarlos y dar incentivos para generar puestos de trabajo: en ningún caso va a ser en detrimento de los derechos de los trabajadores. Con la baja de la inflación se ha podido recuperar el poder adquisitivo del salario”.
Además del régimen de pasantía, el paquete incluye la subvención de aportes patronales (“blanqueo”). Así, el Gobierno se encargará durante el próximo trienio de los aportes de los nuevos empleados que se incorporen al mercado laboral. Se busca blanquear a unos 900.000 trabajadores en ese período y evitar con los nuevos aportes un fuerte desequilibrio en el sistema previsional. La prioridad del “blanqueo” serán las pymes y el segmento de menores salarios, con brutos de hasta $ 12.000.
También incluye a largo plazo aumentar la edad jubilatoria de hombres y mujeres, y que los beneficiarios de planes sociales aporten al sistema previsional.
Según trascendió, estas reformas las llevará el Gobierno a la próxima reunión de la Mesa de la Producción y el Trabajo que integra con las centrales empresarias y la CGT.
La confirmación de estos planes coincidió con la decisión del Gobierno de no convalidar aumentos superiores al 20 por ciento en las próximas paritarias. “Las paritarias son un acuerdo de partes, entre empresarios y trabajadores de un sector; el Gobierno carece de facultades para homologarlas”, dijo ayer uno de los triunviros de la CGT, Carlos Acuña. También definió como “precarización laboral” a las reformas anunciadas.
La ex presidenta Cristina Fernández resaltó por Twitter estas novedades bajo el título de “deterioro del salario”.
Para la CTA, será una "flexibilización brutal"
El titular de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) Autónoma, Pablo Micheli, advirtió ayer que para concretar la flexibilización laboral el Gobierno necesita “tener alguna complicidad sindical” y volvió a reclamar un paro nacional a la CGT “en defensa propia” de los trabajadores.
Micheli resaltó que “hacer un paro nacional no significa romper ninguna paz social; es ejercer nuestro derecho constitucional a la protesta”.
“Tiene que haber una presencia de las centrales sindicales fuerte y digna para decir que acá no van a avanzar en una reforma laboral que signifique más pobreza para los jóvenes, menos futuro para los jóvenes y desgracia para los más grandes”, dijo el sindicalista.
Micheli calificó de "brutal" la declaración del secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo y ex CEO del grupo Techint, Miguel Ángel Ponte, respecto de que incorporar o despedir personal debería ser para las empresas natural como "comer o descomer". Dijo que las palabras de Ponte son igual de "brutal como es el modelo que lleva adelante el Gobierno". DyN
