Para muchos analistas, el rechazo en el Senado de la Nación, a la ley de modificación del régimen electoral enviada por el Poder Ejecutivo nacional, constituyó la gran derrota de la gestión de Mauricio Macri en el Congreso. Sucede que la iniciativa oficial había obtenido 152 votos a favor y 75 en contra en el tratamiento en la Cámara de Diputados, y es por eso que sorprendió la votación en la Cámara alta, situación que algunos atribuyen a la decisión de muchos de los gobernadores de mantener el territorio en base a los viejos “vicios” electorales.
Debemos partir de una base: el sistema electoral actual debe ser modificado porque ofrece una cantidad importante de defectos que son utilizados en su beneficio por los partidos políticos. El primero y principal es el de las listas sábana, que determina que los primeros cargos en las listas sean ocupados por dirigentes de mejor imagen popular, dejando en el resto a candidatos que difícilmente logren algún tipo de apoyo. Es más, en la gran mayoría de los casos la gente desconoce por quién votó en la lista, como sucedió en la última elección en la que muchos mendocinos terminaron votando a Milagro Sala porque venía incluida en la extensa lista del Parlasur por el entonces oficialismo. De esa forma, el ciudadano no terminó votando por el candidato sino por una lista que, en algunos casos, surgió de la decisión unipersonal de la cabeza partidaria.
A ese antiguo defecto, durante la última década, se sumaron otros inconvenientes como la aparición de “colectoras”, que permitían sumar votos a un determinado candidato, o como la ley de lemas, como sucedió en Santa Cruz, donde el candidato más votado fue Eduardo Costa, de la Unión para Vivir Mejor, pero Alicia Kirchner terminó siendo gobernadora porque sumó los votos de Daniel Peralta, que buscaba su reelección.
No se pueden desconocer tampoco los graves defectos de las denominadas “listas espejo”, que llevaba a los mismos candidatos por diferentes agrupaciones políticas o las famosas candidaturas testimoniales, a través de las cuales la gente terminaba votando a una persona que no iba a ocupar el cargo surgido de la decisión de la ciudadanía.
Estos dos últimos aspectos estaban considerados en el proyecto de la nueva norma legal, que indicaba que las agrupaciones políticas deberán presentar una lista por categoría, no admitiéndose la coexistencia de listas, aunque sean idénticas entre las alianzas y los partidos que las integran, indicando que los candidatos deberán hacerlo para una sola lista y no se admitirá la participación de un mismo candidato en forma simultánea en una categoría de cargo nacional, provincial o municipal.
Sin embargo, el proyecto oficial hacía hincapié en el voto electrónico como la gran solución a los defectos del régimen electoral. Es muy factible que la nueva forma de emitir el sufragio permitiría la priorización del candidato por sobre la lista sábana, pero también cabría preguntarse si no resultaría más oportuno utilizar el sistema de manera progresiva, comenzando con su implementación en elecciones departamentales para luego aplicarlas a nivel provincial y finalmente nacional, de manera escalonada.
No se puede poner en tela de juicio la intencionalidad política de la iniciativa oficial en la búsqueda de un régimen electoral más moderno y transparente, pero también podría señalarse que pudo implementarse por etapas, a los efectos de evitar algún tipo de debilidad que fuera aprovechada por la vieja política, como terminó sucediendo.
