Sucede que se avecina un importante problema sobre el desfinanciamiento del mismo y alguna de las causas que se mencionan es que se trata de un sistema pensado para una expectativa de vida de 70 años en promedio, de manera tal que, en promedio, 30 años de servicio deberían financiar 10 años de retiro. Hoy, afortunadamente, la expectativa de vida ha aumentado y la ecuación que cuatro activos financien a un pasivo no se cumple.
Además, un alto nivel de empleo informal (alrededor de un tercio de la población activa) agrava más el problema, ya que no contribuyen al sistema y se encuentran en una situación de precariedad presente y futura.
Si se hace un poco de historia, en los años ´90 se nos convenció de cambiar a un sistema privado de capitalización en el que cada uno podría tener el control de sus aportes, observar cuánto crecían y proyectar el monto de la jubilación.
Pasada la crisis del 2001, se nos convenció de lo inverso: volver al sistema de reparto (que resultó siendo un traspaso obligatorio) porque era más seguro que el Estado administrara los fondos, fondos que fueron/son utilizados para financiar el déficit público.
La UCA, en su publicación sobre “Informes Empleo y Desarrollo Social” difundido por IDESA (1) y titulado “El sistema previsional avanza hacia una nueva crisis”, ya daba cuenta sobre los cambios experimentados durante la última década, que agravaron los desequilibrios de mediano plazo. Y describía las causas: “la alta litigiosidad asociada a la manipulación de la movilidad y la derivación de los recursos previsionales estatizados para financiar el déficit del sector público…”.
Continuando con el informe, el mismo especifica que se produjo una expansión de la cobertura (es decir, la proporción de adultos mayores que cobra un beneficio previsional) con beneficios sin aportes, pasando de un 68% a un 91% entre los años 2005 y 2010. Este incremento en la proporción de la población mayor de 65 que cobra una jubilación es inédito y tiene impactos financieros y distributivos muy relevantes (2). Es decir que se otorgaron beneficios previsionales a personas con poco o sin aportes realizados durante su vida activa.
Las modificaciones propuestas por la UCA se basan en dos aspectos estructurales que contribuyen a la sustentabilidad y la equidad. “En primer lugar, se debería contemplar un mecanismo (muy gradual) de actualización de las edades de retiro a la dinámica demográfica (…). En segundo lugar, hay que derogar todos los regímenes especiales.
Para el caso de que ciertos colectivos de trabajadores deseen y justifiquen disponer de esquemas jubilatorios con mejores condiciones, el tratamiento diferencial debe ir acompañado de mayores aportes en magnitudes que compensen los impactos financieros de las condiciones más ventajosas”.
Por el momento, en los medios se opina sobre el proyecto de una reforma que aún nadie ha leído. Deberemos estar atentos observando qué harán nuestros legisladores.
(1) www.idesa.org/informes/1152
(2) ibidem
* Las opiniones del autor no son necesariamente compartidas por la institución.