La vicegobernadora Laura Montero estimó que mayo sería una buena fecha para que los legisladores traten una reforma constitucional. La afirmación vino tras anunciar las conclusiones de los foros y encuentros que durante el año han estudiado cambiar la Carta Magna provincial.
La primera razón para justificar ese mes es que allí se reabre el período ordinario de sesiones. Antes pueden estudiarse proyectos del Ejecutivo pero la estrategia es que el proyecto sea presentado por el Legislativo, más teniendo en cuenta que se necesitan dos tercios de los votos.
La segunda es que la iniciativa debe sortear un referéndum popular que podría hacerse en las PASO del segundo semestre. De ahí la necesidad de no estirarlo de más. Por si hiciera falta otra razón, Montero considera que el trabajo fuerte ya se hizo durante este año con las variadas consultas abiertas.
Después de aclarar que no hay “ninguna urgencia”, la Vicegobernadora analizó: “El tratamiento tiene que ver con el tiempo de elaboración y con que las primarias son en agosto. Mayo es una fecha razonable, puede ser más tarde pero como fecha me parece bien”.
Nadie del arco político olvida que cada gestión que propuso una reforma integral de la Constitución fracasó en el intento. Aún con acuerdos entre partidos, no superar el 50% más uno del padrón (no de los votantes de ese día) ha sido una constante en la que los radicales no quieren caer.
Juan Carlos Jaliff lo recordó ayer mientras explicaba a Los Andes la falta de prisa por presentar la reforma. Otra constante que recordó fue que la mayoría habían sido propuestos por un Ejecutivo y que en principio eso no se repetiría ahora.
La aclaración venía a que corrió el rumor de que el Gobernador armaba en paralelo un proyecto aparte al de Montero. Incluso el diputado Jorge Tanús (PJ) abrió el paraguas y declaró que le parecía “un error político grave”, teniendo en cuenta otros problemas urgentes.
Montero lo consideró como una mera sospecha y Jaliff reconoció que había tenido diálogos con la oposición pero sin ser un proyecto aparte.
“Hicimos un listado de temas para una posible reforma, pero en base a lo que se ha venido charlando en estas jornadas. Ahora, con esta presentación (la de ayer), podemos seguir charlando, queda mucho por charlar”, analizó.
En el Ejecutivo siguen la misma línea y al menos desde el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia afirman que no tienen un proyecto paralelo.
“Vemos bien el tratamiento, hemos seguido y participado en los foros de discusión. Si las fuerzas políticas del Legislativo lo deciden hacer acompañaremos pero en el Ejecutivo tenemos otros temas”, declaró el ministro Dalmiro Garay.
Principales acuerdos
Ayer fue una especie de síntesis sobre los 16 encuentros que organizó la Legislatura durante 2016. La estrategia respondía a legitimar la reforma desde la sociedad civil y contó con la participación de organizaciones, grupos de jóvenes, académicos, organismos de control y demás.
De los que participaron en los foros, un 97% está de acuerdo en cambiar “algo” de la Carta Magna. El principal pedido es incluir el cuidado por el medio ambiente, seguido por el régimen electoral, la autonomía municipal y la figura de un Defensor del Pueblo.
Son 70 las propuestas de temas, de las cuales 31 son sobre “Declaraciones, Derechos y Garantías” trabajando sobre casos como pueblos originarios y recursos naturales.
Cabe mencionar también 6 puntos sobre una nueva figura a organismos extrapoder, desde el Defensor del Pueblo hasta el Tribunal de Cuentas.
Uno de los puntos más discutidos suele ser permitir o no las reelecciones. Si bien hubo consenso en limitar a los intendentes, no hubo común acuerdo para definir si el gobernador podía optar por otro mandato o si el límite sería uno solo.
