Con la asunción del nuevo Parlamento, Venezuela dio días pasados un paso fundamental para la recuperación plena de la democracia. La jornada se desarrolló dentro de un marco de tensión pero sin disturbios, aunque la decisión de los legisladores del chavismo de retirarse del recinto por considerar que la nueva mayoría parlamentaria había violado el reglamento, no alcanzó para opacar una jornada histórica para ese país en razón de que por primera vez en 17 años de gobierno chavista la Asamblea Nacional cuenta con mayoría opositora.
No resultará fácil aplacar los ánimos en ese país caribeño. Sucede que la denominada Revolución Bolivariana generó una grieta entre oficialismo y oposición, como consecuencia de medidas autoritarias por parte del Gobierno, que incluyeron detenciones y juzgamientos de políticos opositores, aspectos que generaron inclusive reclamos de parte de la comunidad internacional. Chávez asumió el poder en 1989, en elecciones democráticas, y contó con el aval de gran parte de la población, a la que le sumó el apoyo irrestricto de las fuerzas armadas, en este último caso como consecuencia de incrementos salariales superlativos que se mantuvieron en el tiempo. Esa situación le permitió a Chávez ampliar su liderazgo e intentar exportar el modelo “revolucionario” a gran parte de América Latina. Sin embargo, la muerte del conductor y la asunción de Nicolás Maduro como presidente diluyó gran parte de la política ganada.
El país sufrió una inflación sin precedentes, cayó el poder adquisitivo de los trabajadores, se produjo -y aún se mantiene- el desabastecimiento de gran parte de los productos de primera necesidad, mientras el país se desindustrializó y la actividad privada es mínima. Para enfrentar esa coyuntura, Maduro recurrió primero al misticismo y luego, como esa política no le dio los resultados esperados, decidió avanzar sobre las garantías individuales de los ciudadanos.
Pese al marco de temor en que se desarrolló el acto comicial, la oposición logró un triunfo aplastante, que le permitió alcanzar la mayoría absoluta de los dos tercios en la Asamblea Nacional. El número de legisladores le permitirá, de acuerdo con lo que establece la propia Constitución, convocar a un referéndum para que el pueblo decida la continuidad o no de Nicolás Maduro en la Presidencia de la Nación una vez que cumpla la mitad de su mandato, es decir dentro de seis meses. Debe consignarse también que Venezuela ensayó un referéndum contra el fallecido ex mandatario Hugo Chávez, en 2004, que fue ganado por el líder bolivariano.
Maduro, que en un principio aceptó el resultado de las elecciones pero luego intentó modificar la conformación del Parlamento impugnando a los legisladores de uno de los distritos, ahora salió a redoblar la apuesta al señalar que “ellos (la oposición) quieren sacarme de la presidencia. En el caso de un referéndum revocatorio, que el pueblo decida, yo, en mi corazón, tengo fe en el pueblo”, aunque inmediatamente después dejó caer casi a modo de amenaza que “la única forma de mantener la paz en Venezuela es que Nicolás Maduro se mantenga en la presidencia y el funcionamiento de las instituciones”.
Más allá de los planteos de unos y otros, resulta importante establecer la reacción de la comunidad internacional. Porque a los planteos de Colombia y de la Argentina, luego de la asunción de Mauricio Macri, se suman ahora Brasil, que exige que sea respetada la voluntad soberana del pueblo venezolano, y la Unión Europea, que indica que la nueva Asamblea Nacional “es clave para la democracia en Venezuela”. Es de esperar entonces que el país caribeño y especialmente su pueblo puedan recuperar el libre ejercicio de las libertades individuales y que la democracia resulte finalmente fortalecida, reduciendo definitivamente la grieta que se profundizó durante tantos años.
