La semana que pasó arrancó a puro dato inflacionario, con una seguidilla de índices de precios al consumidor de las más variadas fuentes: 3,4 por ciento para la CGT, 2,9 por ciento de acuerdo con las consultoras representadas por diputados opositores, 3,1 por ciento para el Indec y, en el final del recorrido, la Ciudad de Buenos Aires presentó un 3,2 por ciento. Signo de los tiempos: la inflación de las consultoras ahora es inferior a la oficial.
Los datos preocupan porque indican que el descenso de la inflación es más lento y gradual del que se creía y, además, porque contrasta con la suba ininterrumpida de la tasa anual: la CGT computó un 44,69 por ciento, el denominado “IPC Congreso” marcó un 45,3 y la Dirección de Estadística y Censos porteña se anotó con un 47,1 por ciento. Por ausencia de una serie histórica, habrá que esperar hasta junio del año que viene para que el Indec informe una inflación acumulada de doce meses.
La inflación acumulada entre junio de 2015 y el mismo mes del presente año no solo encendió una luz de alarma por sus evidentes efectos en el poder adquisitivo de los asalariados y en la economía en general. El cruce de esa información con la recaudación tributaria pone de manifiesto los serios problemas que tendrá la administración de Mauricio Macri para hacer frente a todos los gastos corrientes y, además, cumplir con la módica meta de reducir un punto el monstruoso déficit fiscal heredado.
Por lo general, se admite que cuando la recaudación impositiva crece en forma interanual por debajo de la inflación acumulada en el mismo período, es una señal de por lo menos un estancamiento de la economía. Y si la diferencia es amplia, la recesión es indisimulable, más allá de estar esperando los dos trimestres de caída del PBI para confirmarlo. Puede haber atenuantes, como rebajas de alícuotas, supresión de impuestos, pagos extraordinarios o cambios en la administración, pero esos factores tienen un alcance limitado y no pueden por sí solos explicar retrocesos de una gran magnitud. Como el que acaba de suceder.
La recaudación tributaria total del Estado nacional (impuestos, aduana y seguridad social sumados) alcanzó en junio a 174.596,7 millones de pesos, con una suba del 24 por ciento respecto del mismo mes del año pasado.
En condiciones de estabilidad, sería una suba impresionante, pero con una inflación que, según las diversas fuentes, se ubicó entre el 44,7 y el 45,6 por ciento, marca una caída de la actividad económica que se percibe con más claridad con una información más detallada.
Con la excepción del 38,5 por ciento de enero, todas las subas interanuales posteriores dan la pauta de que la recaudación viene corriendo desde atrás a la inflación: 26,5 por ciento en febrero, 30,7 en marzo, 33,9 en abril, 23,3 en mayo y el ya mencionado 24 por ciento en junio, lo que deja un 29,1 por ciento para todo el semestre.
Es cierto que la rebaja de las retenciones a la soja y su eliminación en el resto de los productos agropecuarios e industriales tuvieron un marcado efecto, con una baja del 52,6 por ciento. Pero si se excluyen los derechos de exportación, la caída general del 24 por ciento sería del 30,1 por ciento, aún a considerable distancia de la inflación.
En lo que respecta a cómo se distribuyó el monto recaudado, las pérdidas del Estado nacional fueron mayores. Como las transferencias a las provincias tuvieron un aumento del 33,6 por ciento, el incremento neto para la Nación no fue del 24 sino del 20 por ciento. Un buen argumento para Rogelio Frigerio de cara a la nueva reunión con las provincias, pero difícilmente los gobernadores se dejen ganar por la compasión.
Y si además se apartan los recursos de la Seguridad Social, la suba para el Estado Nacional equivalió a la cuarta parte de la inflación: apenas 11,7 por ciento.
La planilla de la Secretaría de Hacienda revela, además de la caída de la recaudación en términos reales, un retroceso aún mayor en los tributos relacionados con el mercado interno. El 13,8 por ciento de aumento en Ganancias oculta un notorio desfase entre lo impositivo (12 por ciento) y lo aduanero (61 por ciento). Con menor intensidad se comprueba algo similar con el 40,5 por ciento de crecimiento del IVA: los ingresos por el IVA aduanero subieron un 41,9 por ciento contra el 38,2 por ciento del impositivo. Pero si se “limpian” esos números de las devoluciones y reintegros, la brecha se amplía: 46,2 a 36,5 por ciento.
Otro dato parecería darle la razón a aquellos que advierten por un aumento desmesurado de las importaciones. Contra una caída del 52,6 por ciento en las retenciones, los derechos de importación subieron un 64,1 por ciento.
La mala performance de la recaudación explica las expectativas del Gobierno por conseguir la mayor cantidad posible de ingresos con el blanqueo que, dicho sea de paso, al momento de escribirse este panorama no ha sido reglamentado. Porque sin esa ayuda y los gastos no previstos provenientes del recálculo de subsidios (11.800 millones de pesos), de jubilaciones (75.000 millones) y de la coparticipación (por lo menos 13.000 millones), no hay programa fiscal que aguante.
Quizás por esa razón el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, haya reelaborado recientemente su discurso y ahora se refiera a metas “dinámicas” con la atención puesta en los resultados a alcanzar en 2019. Una carrera de largo aliento en la que, por el momento, la recaudación ve cómo la inflación se aleja cada vez más.
DyN
