“Queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas a través de cualquier tipo de anuncio en la vía pública dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sentencia tajantemente el art. 4 de la ley sancionada recientemente por la Legislatura porteña. La medida constituye un fuerte golpe para nuestra principal industria, la vitivinícola, en razón de que se abren las oportunidades para las bebidas sustitutas, como las gaseosas, en una época en que se incrementa el consumo con motivo de las fiestas de fin de año.
Pero más allá de los problemas económicos que para la economía provincial generan ese tipo de medidas, también vale señalar otros aspectos que rodearon a la cuestionada decisión. Se trata de un proyecto de vieja data, recuperado -de acuerdo con la denuncia realizada por los sectores locales- en un momento en que se discutía el problema generado por la muerte de cinco personas durante una fiesta clandestina de la Capital Federal. El reclamo de los industriales mendocinos es valedero si nos atenemos al hecho de que esa gente no murió como consecuencia del consumo de alcohol sino de drogas sintéticas y lo que falló fue el control que, sobre ese tipo de festejos, debe realizar el gobierno porteño.
De ser así -al menos nadie salió a responder las denuncias- se trató de un craso error por parte de los legisladores quienes, además, sancionaron una norma legal sin tener en cuenta el daño que generaban a una economía como la nuestra. Más inquietante aún es el hecho de que los representantes de los sectores locales, junto al ministro de Economía de la Provincia, informaron suficientemente al vicejefe de Gobierno de la CABA, recibiendo como respuesta que los legisladores oficialistas no acompañarían el proyecto, el que sin embargo fue votado por unanimidad. Peor aún, el proyecto original prohibía la publicidad en determinados lugares, como por ejemplo la cercanía de los colegios, y sin embargo se dispuso que abarque a toda la Capital Federal.
Ni en la discusión del proyecto ni tampoco en la sanción definitiva los legisladores tuvieron en cuenta que la industria vitivinícola siempre apoyó las iniciativas tendientes al consumo moderado de alcohol. El vino es la más sana e higiénica de las bebidas, como dijo Luis Pasteur; que es “la bebida nacional” de acuerdo con una ley sancionada por el Congreso; que está incluido dentro del rubro “alimentos” por la cantidad de elementos beneficiosos para la salud, ni tampoco el hecho de que su publicidad, en general, se centraliza en la unidad de la familia y no en las fiestas de los jóvenes, como sucede con otras bebidas. Una preocupante carencia o debilidad de conocimientos de parte de quienes tienen a su cargo la sanción de las leyes.
Si trasladamos esa situación al ámbito del Congreso Nacional, la preocupación se multiplica porque hay hechos que demuestran un escaso interés en favorecer a nuestra principal industria, como lo es una norma legal que excluya al champán del impuesto a las bebidas sustitutas y se continúe dependiendo de un decreto presidencial, mientras paralelamente se incrementan las versiones sobre un posible y futuro impuesto a las bebidas alcohólicas, que incluiría al vino.
Más allá de la norma legal sancionada en la Capital Federal, la provincia en su conjunto debe estar alerta. Es una situación que incluye no sólo a los actores de la industria sino también a los legisladores nacionales y al Gobierno provincial. En las dos gestiones anteriores, el alineamiento a ultranza con el Ejecutivo nacional resultó perjudicial para la economía local; es de esperar que ahora no ocurra lo mismo.
