El Papa Francisco pidió denunciar las violaciones de los derechos de los trabajadores y su exhortación repercutió en el país, donde el gobierno de Mauricio Macri prepara una reforma laboral por “sectores” y fruto del consenso para después de las elecciones legislativas del 22 de octubre.
El reclamo global del Pontífice argentino, sobre la base de un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que revela que el nivel de desempleo en el mundo es del 25%, hizo ruido entre los residentes de la Casa Rosada.
“Demora en regresar al país, donde todos lo esperan, y encima nos embarra la cancha en un tema (la reforma laboral) tan sensible”, se escuchó decir en Balcarce 50 a un funcionario que interpretó que la reflexión del Papa aludía a la situación argentina.
Pero Francisco fue claro en su formulación global, a través del video mensual que produce la Red Mundial de Oración del Papa, sobre las consecuencias de la falta de trabajo en la vida del hombre.
“Pidamos hermanos por el mundo del trabajo, para que a todos se pueda asegurar el respeto y la protección de sus derechos y se dé a los desempleados la oportunidad de contribuir a la construcción del bien común”, planteó el Pontífice.
La Iglesia vernácula, en tanto, se comprometió a gestar espacios para que el Gobierno, los empresarios, las centrales obreras y los movimientos populares dialoguen sobre los cambios laborales que se avecinan.
Un cambio de políticas que la administración central considera clave para reducir la informalidad y litigiosidad laboral, pero que es resistido por sectores opositores que intuyen que el proyecto -sumado a la reforma fiscal y previsional- encubre flexibilización laboral y restricciones en las condiciones de empleo.
En ese sentido, la mesa ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina escuchó las inquietudes de los dirigentes de la CGT y la Comisión Episcopal de Pastoral Social coincidió con los referentes de las dos CTA en la necesidad de definir una “agenda social” común ante las dificultades que deben afrontar los trabajadores.
La Iglesia pretende -revelaron fuentes episcopales- que funcionarios, empresarios, sindicalistas y organizaciones sociales consensúen políticas que garanticen el derecho a un empleo digno, debidamente registrado y bien remunerado, al advertir que son altos los índices de desocupación y trabajo informal en el país.
La iniciativa se fundamenta en el hecho de que no sólo alcanza con reducir el desempleo a niveles “mínimos practicables”, sino que es necesario dignificar las condiciones de trabajo y estabilidad, y erradicar la precarización laboral, para que el trabajo sea considerado digno.
La propuesta eclesiástica apunta a establecer políticas de Estado que privilegien el empleo formal, a vincular los sistemas educativo y productivo, a generar programas de capacitación para la reinserción social de los sectores excluidos, y a prevenir el trabajo infantil.
El escenario político post elecciones no parece el ideal para encarar la reforma laboral, en tanto las estadísticas oficiales del Indec y las privadas de la Universidad Católica Argentina (UCA) encienden señales de alarma.
El Observatorio de la Deuda Social de la UCA, cuyo director es Agustín Salvia, alertó en un informe reciente que un 9% de los argentinos están desocupados, un 15% de la población económicamente activa hace changas y un 33% está en situación de empleos precarios.
Los datos del Indec, sincerados desde la llegada de Cambiemos al poder, no son muy distintos: la desocupación bajó de 9,2% a 8,7% y afecta a 1,6 millón de personas. La medición oficial también determinó que hay 4,7 millones de ciudadanos con problema de empleo.
