El Gobierno trabaja en distintas obras para mejorar las condiciones carcelarias en las que viven los más de 4.000 internos que hay actualmente, y confía terminar a mediados del año que viene con el hacinamiento, para que cada preso tenga una cama. Esto se da en una situación paradójica: Mendoza tiene hoy la cárcel más moderna del país, la Federal que acaba de inaugurarse en Luján, pero también aquí está una de las peores (sino la peor), que es la de Boulogne Sur Mer.
El miércoles, el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, recorrieron la obra del Complejo Penitenciario Federal VI en Cacheuta, en el que se habilitaron 214 plazas más. Allí fueron reubicados 172 hombres y 42 mujeres, que se encontraban en diferentes penitenciarías.
De esta manera, el Ejecutivo hace cuentas y espera que a mediados del 2019 quede operativo al menos uno de los módulos de la Cárcel Almafuerte II, con capacidad para unos 250 internos.
Según los datos del Gobierno, actualmente hay 4.607 presos en todas las penitenciarías, pero solamente 4.027 camas disponibles. Alejandro Orellana, director del Servicio Penitenciario, indicó que esas 600 plazas que faltan se lograrán porque la provincia dejará de recibir los detenidos por delitos federales.
"Hemos hecho un trabajo muy importante en esta gestión. Después del 2007, cuando se creó Almafuerte, no se realizaron otro tipo de obras para tener más espacio y mientras tanto la población carcelaria siguió aumentando", destacó el funcionario.
De esta manera, calificó de una "inversión histórica" la que se está produciendo actualmente, con la construcción de Almafuerte II, la Cárcel Federal de Cacheuta, la ampliación del penal de mujeres El Borbollón, la construcción de la alcaidía de Tunuyán y la ampliación de la colonia Sixto Segura, que contará con un régimen abierto y otro cerrado para 72 personas.
Superpoblación carcelaria
Orellana destacó el valor de poder llegar a que cada preso pueda tener acceso a una cama, ya que esto "no se ve desde hace mucho tiempo". De hecho, la provincia debió realizar grandes reformas en el sistema penitenciario tras los graves llamados de atención de organizaciones internacionales que daban cuenta años atrás de las pésimas condiciones en las que vivían los internos en Mendoza.
"La Provincia venía siendo cuestionada desde el 2004 por la violencia y sobrepoblación, dos cosas que se relacionan porque en parte, la sobrepoblación incide en un aumento de los conflictos en las penitenciarías", recordó.
Para el juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento, que reconoció el esfuerzo del Gobierno en mejorar las cárceles, se debería dar igual importancia no solo a que cada preso tenga un lugar decente donde dormir, sino también espacios recreativos, servicios y acceso a educación o trabajo.
Dio como ejemplo a la cárcel de Almafuerte, la más poblada de Mendoza (1.544 personas), en la que "solamente el 15% de ellos puede acceder a cursos de formación laboral y el 30% al estudio en los niveles educativos formales".
"Es preocupante que un muchacho esté con su colchón en el piso, pero mucho más preocupante es que no esté accediendo a cuestiones básicas de educación y trabajo. Con eso, lamentablemente se está garantizando la reincidencia", agregó.
No obstante, reconoció que "no es fácil" realizar esas acciones: "Habilitar una escuela para 1.000 personas no es poca cosa, lo mismo con los talleres de trabajo, es el proceso que más demora".
Al margen, indicó que según los números que él maneja son 3.500 las camas que existen hoy, no 4.027. "Sin perjuicio de esa diferencia, destaco el avance significativo del Gobierno en este tema, pero esto debe ir acompañado de la inversión en educación y talleres de trabajo", insistió.
Por su parte, Ariel Cejas Meliare, Procurador Penitenciario Adjunto de la Nación, destacó que la situación de Mendoza "no escapa del resto del país, con cuestiones de sobrepoblación e infraestructura".
Y en línea con Sarmiento, destacó que el cupo por persona "tiene que reunir ciertos requisitos, como luminosidad, espacio, recreación y la posibilidad de trabajar o estudiar".
Y agregó que “este cupo no se cumple” en la mayoría de las cárceles
La cárcel de la polémica
Mientras avanza la construcción de la Cárcel Federal, la más nueva del país, contrasta enormemente con la Boulogne Sur Mer, calificada como una de las peores de la Argentina.
Para Cejas, esta penitenciaría inaugurada en 1905 es "vieja, obsoleta, no reúne los requisitos de una unidad carcelaria y no tiene garantías". No obstante, recibió críticas de Orellana cuando afirmó -días atrás- que a Boulogne Sur Mer "habría que implosionarla".
"Dijo algo que no corresponde, en tono folclórico", opinó el director del Servicio Penitenciario provincial, y agregó que "todo el tiempo" se están haciendo trabajos de mantenimiento y que "es entendible que la estructura y arquitectura no sea de las más modernas, sobre todo porque hace más de 100 años que está operativa".
Sin embargo, Cejas ratificó a Los Andes sus declaraciones y destacó no solamente la sobrepoblación, sino que en el Pabellón 12 "hay gente que duerme en una galería sin techo" debido a trabajos de mantenimiento del lugar, y remarcó los problemas edilicios.
En tanto, el juez Sarmiento opinó que "lamentablemente hay peores cárceles que Boulogne Sur Mer, lo que no significa que se deba seguir mejorando, pero la situación es compleja. Hay muchas personas privadas de la libertad ahí, pero la violencia intracarcelaria fue bajando y el acceso a servicios creció", valoró.
