El viernes el Gobierno provincial pagó la última cuota de pago de los Títulos de Consolidación de Deudas 2015, los cuales tuvieron que ser emitidos para afrontar la deuda flotante y la deuda no registrada generada con proveedores. Fueron 227 millones de pesos.
Esos bonos nacieron en la ley 8.816, cuyo texto fue acordado por Francisco Pérez y Alfredo Cornejo, cuando el primero aún era gobernador y el segundo ya había sido electo.
En el artículo 8 de esa ley se decía "autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, de acuerdo a la situación económica financiera de la Provincia de Mendoza, a disponer a partir del 10 de diciembre de 2.015, la emisión de 'Títulos Provinciales de Consolidación y Cancelación de Deudas' que podrán tener distintas clases o series, para cada tipo, por hasta la suma total de pesos mil millones".
El 28 de marzo de 2016, pocos meses después de la asunción de Cornejo, Los Andes informaba que más de 180 proveedores se arrimaron a Casa de Gobierno para reclamar más de dos mil millones.
Ahora, la ministra Paula Allasino recuerda que a los más de mil proveedores que verificaron deudas inferiores al millón de pesos, se les pagó en efectivo con fondos obtenidos por la provincia en operaciones de financiación de corto plazo, mientras que a aquellos proveedores que reclamaban sumas superiores al millón de pesos se les ofreció una parte en efectivo y por el saldo restante se entregaron los bonos.
El artículo 15 de esa ley se indicaba que en caso de que la emisión de bonos no alcanzara para cubrir la deuda con los proveedores, se autorizaba al Ejecutivo, "en caso de que lo considere necesario, se autoriza al Poder Ejecutivo a emitir, letras de tesorería, pagarés u otros medios sucedáneos de pago cuyo vencimiento no exceda el plazo de veinticuatro (24) meses". Con esta autorización, en mayo de 2016 Cornejo emitió una segunda serie de títulos de consolidación y cancelación de deudas, por 998 millones de pesos.
Esa segunda serie sirvió para cancelar obligaciones con 132 empresas de distintos sectores económicos. El viernes se cerró ese capítulo de deudas con proveedores del Estado que dejó Pérez al irse de Casa de Gobierno.
Entre las 132 empresas hay constructoras, de transporte público de pasajeros, servicios de telecomunicaciones, insumos para la salud y servicios médicos, publicitarias, seguros, entre otros sectores.
La primera serie de los bonos se terminó de pagar el 22 de agosto pasado.
