La provincia terminó de definir cómo se implementará el operativo de asistencia con fondos nacionales para fortalecer los precios del vino.
Con la meta reconocida de sacar hasta 57 millones de litros de sobrestock en una primera fase, los pequeños productores identificados como tenedores cobrarán $ 3,10 por litro en 3 cuotas por licitación.
Para ese fin, Mendoza recibe $ 60 millones en Aportes No Reintegrables (ANR), que serán implementados por los mecanismos que la misma disponga, pero el monto total previsto es de $ 160 millones. Sólo podrán participar quienes califiquen como “pequeños productores”, esto es, dueños de hasta 20 hectáreas que vivan de la vitivinicultura.
“Lo que queremos es comprar vino bueno. Para eso vamos a hacer una oferta a productores que sumen hasta 20 hectáreas de su propiedad en distintas fincas, y en esta primera etapa a los no integrados, que son los más desprotegidos y poseen en total casi 20 millones de litros. Los integrados son tenedores de otros 37 millones de litros”, dijo el ministro de Economía, Enrique Vaquié.
Según el relevamiento oficial, el volumen total se reparte entre 784 productores que elaboraron para terceros. El valor fijado como piso para los vinos 2016, es 10% más que el mejor pagado en diciembre ($ 2,80 hasta en 12 cuotas).
¿Qué hará el Estado provincial con lo que compre? Vaquié señaló que se manejan tres destinos probables: exportarlo como vino, como aguardiente o vendérselo a las alcoholeras.
El operativo tampoco excluye a los productores que se endeudaron para la cosecha. De hecho, quienes tengan volúmenes bloqueados en garantía por un crédito del Fondo para la Transformación, podrán participar de la licitación, siempre que antes cancelen su obligación.
Que se compre sólo “vino bueno” le da competencia al INV, encargado de velar por la calidad de los volúmenes a comprar a través de Mendoza Fiduciaria S.A, que ya relevó un 50% de las existencias. Según el presidente del organismo, Carlos Tizio, “la exigencia analítica es de 12,6º de alcohol, el valor mínimo para 2015, y 0,80 gramos por litro de acidez volátil. Seremos estrictos en su cumplimiento: si hay valores distintos el volumen debe volver a bodega, porque se trata del dinero de contribuyentes”.
En cuanto al futuro, el subsecretario de Agricultura, Alfredo Aciar, apuntó a un horizonte de 4 meses hasta que el Estado venda los volúmenes adquiridos. “Desde el momento en que el vino pase a Mendoza Fiduciaria, lo ofertaremos a alcoholeras y exportadores para que nos hagan una propuesta de compra. El producido de la venta reingresa al sistema para seguir comprando hasta lograr el objetivo: subir el precio del mercado de traslado, un proceso que se puede lograr en dos meses”.
Un 2% que buscan su negocio
A la hora de determinar las características de los tenedores, el cruce parcial de base de datos de ATM, AFIP e INV por Cuit y registro de Ingresos Brutos, arroja 1.400 inscriptos como productores vitivinícolas con vino de terceros que constituyen el universo momentáneo del operativo.
Pero también se desprende otro dato útil para saber quiénes hacen su propio negocio con el vino y pueden “aguantarlo” sin vender. El análisis preliminar indica que al menos 25% de los productores de hasta 10 hectáreas tienen ingresos significativos vinculados a otras actividades (profesionales, empresarios, etc). En otras palabras, alrededor del 2% del total que no viven de la vitivinicultura.
Los pasos
1-Contrato: lo firman productor, bodega y Mendoza Fiduciaria.
2-Control: INV extrae muestra para analizar producto y stock.
3-Certificado analítico y pago: si el vino cumple los parámetros, se pagará desde febrero.
4-Traslado: lo solicita la bodega para enviar vino a destilería.
5-Control final: se verifica que el vino que entra a destilería sea el mismo que salió de bodega. Si se rechaza, queda intervenido.
6-Informe de sobrestock: lo hace INV a Mza Fiduciaria y Agroindustria de la Nación.
