Todos los años, el Estado provincial debe afrontar el pago de juicios millonarios producto de demandas iniciadas por ciudadanos o empresas, en los cuales se debe responder de manera económica. Según datos de la Fiscalía de Estado, este año se deberán afrontar pagos por 230 millones de pesos debido a demandas perdidas durante 2019, una cifra sensiblemente mayor a 2018, que fue de 129 millones de pesos.
Fernando Simón, fiscal de Estado, aseguró a Los Andes que el número de demandas contra el Estado ha ido cayendo año a año desde 2016, lo que representa un punto positivo. Mientras, el número de juicios perdidos por la Provincia varía anualmente entre los 200 y 300, según la cantidad de sentencias que vaya resolviendo la Justicia. Es que algunos se resuelven rápidamente, mientras que otros más complejos pueden llevar 10 años o más de litigio.
Además, de manera proporcional y por una gran incidencia de la inflación, también ha aumentado el monto total anual que el Estado tiene que pagar a quienes lo demandan por diversas causas. De hecho, los 70 millones de pesos que se debieron afrontar en 2015 casi que se cuadriplicaron en 2020, por los 230 millones de pesos que se tendrán que pagar en el transcurso de este año, según datos de la Fiscalía de Estado.
Mientras tanto, hay 7.912 juicios activos contra el Estado que aún deben ser resueltos por la Justicia. Allí se encuentran todos los que demandan a los diferentes ministerios del Gobierno y organismos como la Dirección General de Escuelas (DGE), hospitales y cárceles, entre otras áreas. En tanto, y si bien no están representados en los montos a pagar porque el presupuesto es provincial, la Fiscalía de Estado también hace un seguimiento y participa de manera activa en los juicios que se realizan contra los municipios de Mendoza.
Las causas de los juicios
Entre las principales demandas contra el Estado se encuentran los accidentes de alumnos en las escuelas, los incidentes viales por supuesto mal estado de rutas o poca iluminación; situaciones de violencia, maltrato o abusos en las cárceles, y posibles mala praxis en hospitales, entre otros.
La cifra de cada caso aún no está desagregada en las estadísticas oficiales porque todavía se está trabajando en su digitalización, debido a que recién en 2015, según destacó Simón, se empezó a hacer un seguimiento detallado de los juicios que afronta la Provincia.
Sin embargo, las causas que pican en punta son las de daños y perjuicios, y también conflictos particulares. Además, las que más dolores de cabeza traen al propio Estado son las que implican revocaciones de contratos o licitaciones, porque son demandas que mueven montos millonarios comparados a las causas iniciadas por daños y perjuicios por parte de particulares.
Según informó Simón, 2016 y 2017 fueron años cuando hubo picos de demandas contra el Estado: se superaron las 1.000 en cada uno de los años. "La mayoría se trató de estatales, quienes denunciaron recortes de adicionales o porque se los dio de baja; o reclamaban por ítem zona o por las propias paritarias", recordó el funcionario, teniendo en cuenta que esas causas se originaron con la gestión de Alfredo Cornejo, cuando se empezó un trabajo de regularización del trabajo de los empleados del Estado.
"Ahora estamos en niveles más habituales. Fueron alrededor de 600 (demandas) en 2019", destacó Simón. De ellas, 222 fueron condenas contra el Estado, que entre todas suman los 230 millones de pesos a pagar. Aunque parezca mucho dinero, para el Fiscal de Estado, la relación cantidad de juicios y condenas "es razonable".
No obstante, destacó que "el desafío a futuro es lograr una ley que dé marco al Estado para acordar juicios sin que transcurran los años de demora" que implican pagar honorarios e intereses". "En algunos casos ya se sabe de la responsabilidad del Estado cuando llega. Por eso, lo más conveniente para la defensa del Estado es un acuerdo rápido y no un juicio largo", razonó.
Respecto de los montos de los juicios, el Fiscal de Estado resaltó que en el Presupuesto 2020 hay una subestimación de 80 millones de pesos entre lo que se debe pagar y lo que se destinaría si se aprueba la ley de leyes en la Legislatura.
Es por esto que días atrás Simón puso en foco este dato, teniendo en cuenta que si la Provincia no paga los juicios a tiempo deberá correr con intereses. "Mendoza siempre paga, el tema es no pagar de más. El costo total es de 229,5 millones de pesos, y en el Presupuesto elevado hay previstos solamente 148,8 millones. Si no se hace ahora (la corrección), pediremos que los recursos aparezcan en el transcurso del año", finalizó el Fiscal de Estado.
Mucha plata para indemnizar y cancelar honorarios
Según datos de Fiscalía de Estado, las causas perdidas por el Estado el año pasado implican desde montos menores a $ 100 hasta más de $ 3 millones. Eso incluye indemnizaciones a los damnificados y también los honorarios de los abogados.
La mayor demanda perdida es por un caso de 2011, cuando una joven demandó al Estado por una mala praxis en el hospital Saporiti de Rivadavia al dar a luz a su hija. La Justicia entendió que tuvo razón la demandante, por lo que la indemnización para la mujer y su hija -que nació con parálisis cerebral- fue tasada en $ 3,8 millones, mientras que sus dos abogados recibirán $ 455.000 y $ 227.000.
Otro caso es el de un ex policía, Felipe Gil Fernández, a quien se le atribuyeron por error dos homicidios en 2000 que lo tuvieron preso injustamente cuatro años. Tras el fallo, se lo debe indemnizar con $ 1,5 millón de pesos; mientras que su abogado cobrará más de $ 300.000.
Un caso interminable es el del millonario fraude de los tickets Vale Más durante la gestión de Julio Cobos, en 2006. Alberto Monetti, el ex funcionario que denunció todo ante la Justicia, terminó siendo Monetti el sancionado, en este caso por el Tribunal de Cuentas.
La causa llegó luego a la Suprema Corte, que revocó lo resuelto por el Tribunal y eximió a Monetti de pagar la sanción. No obstante, el Estado sí debió hacerse cargo de los honorarios de los abogados, que llegaron a más de $ 4 millones.
Una juicio más perdido por la Provincia el año pasado es por un joven que en 2013 fue baleado cuando hacía fila para comprar entradas para un River-Boca en la calle Mitre de Ciudad. Tras un disturbio con policías, el demandante -tenía en ese momento 20 años- recibió un disparo de un perdigón en el ojo izquierdo, que le dejó secuelas de por vida. El resarcimiento fijado por la Justicia fue de $ 763.000.
