La provincia de Buenos Aires reúne al 37% del padrón nacional, es decir que uno de cada tres argentinos vota en el principal distrito electoral del país. Este número es contundente para entender el peso específico que tiene la decisión bonaerense sobre la de todos los argentinos. Pero una segunda cifra es todavía más elocuente. La misma indica que en las barriadas del ancho cordón que rodea a la Capital Federal vota el 66% de los bonaerenses, es decir un cuarto (25%) de los argentinos. Es esta franja circular en la que se mezclan ricos y pobres con frenesí demográfico, el escenario donde se darán las principales batallas electorales en las PASO del 9 de agosto, en las generales del 25 de octubre y en una eventual segunda vuelta el 22 de noviembre.
El justicialismo oficialista (hoy alineado con el kirchnerismo), que desde 1987 sostiene con mano dura su hegemonía a través de un complejo mapa de alianzas entre caudillos territoriales (los barones del conurbano) y la Casa Rosada, espera sacar una gran ventaja respecto de la oposición en la primera y tercera secciones electorales bonaerenses -léase Gran Buenos Aires-. Busca descontar las derrotas seguras que han presagiado las elecciones locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. El arco no oficialista, transitado por partidos y frentes no peronistas -como Cambiemos, Progresistas y o los de la izquierda combativa- y también por el justicialismo opositor -UNA o Compromiso Federal-, deberá a su vez esforzarse para que la diferencia que obtenga el candidato K a la Presidencia, Daniel Scioli, no sea tan abultada si pretende tener chances de acceder al poder.
En vistas a la gigantesca relevancia que tiene “la Provincia” -como les gusta decir a los porteños- los partidos de la oposición han prendido luces de alarma respecto de la fiscalización de las más de 34.000 mesas que estarán distribuidas en la geografía bonaerense. Esta semana, dos fallos de la Justicia Electoral aportaron algo de alivio a las atribuladas mentes opositoras. Ningún partido que no sea el PJ oficialista puede ufanarse de tener el domingo 9 de agosto semejante ejército de fiscales reponiendo boletas en caso de que escaseen o sean robadas por rivales y dando pelea hasta bien entrada la noche durante el engorroso conteo voto por voto. Atento a esto, el frente Cambiemos (integrado por la UCR, el PRO y la Coalición Cívica) consiguió el aval de la jueza María Servini de Cubría, la titular del Juzgado con competencia electoral de la Capital, para trasladar fiscales porteños a otros puntos del país, en especial al conurbano. En el PRO se habla de movilizar unos 6.000 hombres y mujeres a los lugares más conflictivos del Gran Buenos Aires.
En otro fallo, la Cámara Nacional Electoral dejó sin efecto, a pedido de la UCR, una medida adoptada por un juez subrogante nombrado por el kirchnerismo para tutelar la elección bonaerense, Lautaro Durán, quien había dispuesto un límite de 25 boletas a ser distribuidas por el Correo Argentino junto a las urnas para que las autoridades de mesa puedan iniciar el proceso de votación. El número caprichoso, por lo exiguo, daba ventaja a uno de los partidos más grandes -léase el FpV- que tiene fiscales de sobra para reponer boletas desde el primer minuto de la jornada electoral.
“En algunos lugares el apriete es tan alto que no es fácil conseguir fiscales propios”, admitió un veterano dirigente radical. “En los barrios más alejados de La Matanza, por ejemplo, aun con fiscales propios la cosa se pone fiera. El fiscal, para salir de la escuela, presionado por matones, debe muchas veces entregar el certificado del escrutinio para que no haya constancia de cómo salió la votación. Luego se produce el fraude”, explicó la misma fuente. Ante este tenebroso escenario, las medidas adoptadas por la Justicia Electoral y el proceso de fiscalización conjunta que están encarando los principales partidos de la oposición, no terminan de ahuyentar el fantasma de que se multipliquen picardías y actos delictivos en las inminentes primarias.
Pero en este punto las miradas incriminatorias no deben dirigirse uniformemente al kirchnerismo. ¿Por qué? Porque es en el FpV donde se plantea la interna más peleada y atractiva en la categoría de gobernador. Quien marcha primero en las encuestas es la fórmula de Aníbal Fernández y Martín Sabbatella pero quienes tienen el apoyo de los poderosos y temibles barones son Julián Domínguez y Fernando Espinoza (este último es intendente de La Matanza y presidente del PJ bonaerense). “Si no puedo fiscalizar las 34.000 mesas que tiene la provincia entonces no puedo gobernarla”, cancherea Fernández cuando se le pregunta por el tema. Sin embargo, el funcionario nacional sabe que los intendentes peronistas rechazan a Sabbatella (un nuevo capricho de Cristina Fernández) y podrían verse tentados de jugar en su contra como si fuera un opositor más.
La oposición está por lo tanto muy atenta a esta situación y especula con usarla a su favor. Un mensaje claro pero en voz baja que Sergio Massa transmitió a sus dirigentes del conurbano pinta bien las intenciones: “No sean boludos, no escondan la boleta de Aníbal”. La instrucción apunta a no entorpecer el camino a la victoria de Fernández en la primaria kirchnerista, para que éste sea en octubre el candidato del Gobierno y de Scioli en la provincia. Se sabe: el lenguaraz ministro coordinador es popularísimo pero a la vez tiene una imagen negativa altísima, un lastre que el menos conocido Domínguez no arrastra. Fernández es, para la oposición, mucho más conveniente de enfrentar ya que incluso podrá funcionar como una pesada mochila para Scioli y sus aspiraciones.
El mensaje del líder del Frente Renovador a sus dirigentes confirma la estrategia de Massa: usar el distrito en el cual en 2013 derrotó al kirchnerismo como trampolín electoral. Su intención es que su candidato a gobernador, Felipe Solá, pueda enfrentar a Aníbal Fernández en temas sensibles como el delito y el narcotráfico, tópicos que el massismo busca instalar para hacerse fuerte y “despolarizar” la elección nacional. Massa entiende que Solá tiene más espalda que la macrista María Eugenia Vidal para dar esta pelea y sueña con salir tercero en las PASO muy pegado a Macri.
Sin embargo, en Cambiemos, la lectura que realizan es muy distinta. En el PRO y en el radicalismo entienden que los bonaerenses históricamente votan pensando primero en el presidente, luego en el intendente y en tercer término en el gobernador. Este razonamiento explicaría por qué el oficialismo nacional -primero con el menemismo, luego con el duhaldismo y ahora con el kirchnerismo- siempre escogió como candidatos a gobernadores de Buenos Aires a dirigentes “implantados” -Carlos Ruckauff, Solá y Scioli- en lugar de a alguno de los barones del conurbano o de dirigentes con profundo trabajo territorial. “El de gobernador, para el peronismo, es un cargo que se alquila. El poder es de los intendentes del conurbano”, sostienen.
Un último dato agrega más peso específico a la decisión bonaerense. En el primer distrito electoral del país hay, por tradición, más presentismo en las urnas que en el promedio nacional. “Si a nivel país en la elección presidencial acude a votar cerca de un 75%, en Buenos Aires siempre van dos o tres puntos más”, explica un dirigente bonaerense del Frente para la Victoria que busca ingresar como diputado nacional. Este puñado de puntos son cuantitativamente muchos votos (unos 360.000 al menos) que el oficialismo nacional entiende que favorecerán a Scioli ya que una de las diferencias entre otros centros urbanos del país y el populoso conurbano bonaerense es la enorme cantidad de “votos transportados” que se movilizan en los distintos puntos del Gran Buenos Aires a través de ómnibus, furgonetas, taxis y remises contratados por los aparatos partidarios de los caciques.
