Provocando exclamaciones de sorpresa en la sala, un abogado del gobierno declaró en una corte federal que se habían revocado más de cien mil visas como resultado de la política del presidente Donald Trump de impedir la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Un funcionario del departamento de Estado se apresuró a corregir la cifra, precisando que eran “menos de sesenta mil”. Siguen siendo muchas.
Esa enorme diferencia de 40.000 personas es solo una muestra de la confusión generalizada sobre el decreto que aún tiene perplejos a abogados, funcionarios y viajeros, una semana después de haberse emitido.
“Está muy claro que no lo pensaron bien”, consideró el juez Leonie Brinkema, de la corte federal de distrito en Alexandria (Virginia). “Como resultado ha habido caos”. En parte se vio en los propios tribunales. En Boston, un juez federal declaró que el gobierno estaba dentro de sus derechos al proclamar una prohibición temporal, lo cual fue una victoria importante para el gobierno de Trump.
El juez Nathaniel M. Gorton, que fue nombrado por el presidente George W. Bush, comentó que si bien la historia de la inmigración en el país es motivo de gran orgullo y que los quejosos en esa situación tenían una historia convincente -ciudadanos iraníes que son académicos-, “también es muy fuerte el interés público por la seguridad en este mundo, cada vez más peligroso”.
De todos modos, el decreto de Trump sigue bloqueado por jueces. Poco después del fallo del juez de Boston, el juez James Robart, de la corte federal de Seattle impuso una suspensión temporal al decreto en todo el país.
El gobierno federal “sostiene que tiene que proteger a Estados Unidos de individuos de esos países, pero eso no tiene sustento”, señaló el juez, nombrado por George W. Bush, en la decisión pronunciada desde el tribunal.
Con los fallos judiciales contradictorios, el traslape de autoridades de tres agencias ejecutivas, además de la Casa Blanca, e incluso con las aerolíneas que manejan a los pasajeros cada una a su manera, no se puede garantizar que nadie reciba el mismo trato.
Cuando se le preguntó si el gobierno apelaría al fallo de Seattle, Nicole A. Navas, vocera del departamento de Justicia, se limitó a decir que “esperamos poder revisar la orden judicial por escrito y determinar los siguientes pasos”.
"Interés nacional"
El decreto de Trump, firmado el 27 de enero, prohíbe la inmigración durante 90 días de siete países de mayoría musulmana. También suspende indefinidamente la admisión de refugiados sirios y por 120 días la de refugiados de otros países. El presidente dijo que el gobierno necesitaba esa pausa para evaluar sus procedimientos de selección y protegerse del terrorismo.
“A fin de proteger a los estadounidenses y de promover los intereses nacionales, EEUU debe asegurarse de que tiene información adecuada sobre las personas que tratan de entrar en el país, para cerciorarse de que estas no traigan malas intenciones contra Estados Unidos y su pueblo”, declaró el departamento de Seguridad Interna.
El decreto permite excepciones por el "interés nacional”. Pero los abogados de algunos viajeros indicaron que conseguir una de esas excepciones era un procedimiento kafkiano. En efecto, el sitio Web del departamento de Estado advierte que no recibe solicitudes de emergencia; los agentes de Aduanas y Protección de Fronteras en los aeropuertos están prácticamente fuera del alcance pues a sus clientes no se les permite abordar aviones.
Las protestas contra esta política continuaban: un grupo grande se reunió en un estacionamiento del aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York en una sesión de rezos musulmanes.
Hay una gran interrogante respecto del número de personas que fueron afectadas por la prohibición de viajar. Además de impedir la entrada en Estados Unidos a refugiados y otras personas con visa de los siete países musulmanes, el gobierno también revocó, al menos temporalmente, las visas de todas las personas de esos países, incluso las que ya viven en Estados Unidos.
Esa revocación, que no anunció públicamente sino que se reveló en las audiencias judiciales, significa que la persona no podría regresar a Estados Unidos en caso de que hubiera salido.
Confusión
“Para poner ese número en contexto, consideremos que en el año fiscal 2015 expedimos más de once millones de visas”, precisó William Cocks, vocero de la Oficina de Asuntos Consulares del departamento de Estado.
La situación en Boston encarna la confusión que reina en todo el país. Un juez federal le impuso al decreto un bloqueo de siete días, y le pidió al gobierno que les dijera a las aerolíneas que cualquier persona con visa de alguno de esos siete países podría entrar el país por el aeropuerto Logan de Boston.
Eso hizo que algunos viajeros varados trataran de reservar vuelos a Logan pero en muchos casos se les volvió a decir que no podían abordar el avión. Después, la aerolínea alemana Lufthansa anunció que llevaría pasajeros a Logan y así, un puñado de ellos lograron aterrizar el viernes en la tarde. “Si no lo hacía hoy (por ayer), probablemente no lo iba a poder hacer nunca”, comentó Atiyeh Goudarzi, de 32 años de edad, originario de Irán.
La decisión del viernes del juez Gorton rechazó una solicitud de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Massachusetts y del procurador general del estado para hacer permanente el bloqueo de siete días del decreto, lo que significa que volverá a entrar en vigor el domingo en la mañana.
Ya que hasta ahora los pleitos judiciales se han centrado en si los jueces deben imponer y mantener órdenes temporales de restricción, los argumentos legales en los últimos días han girado en la pretensión del gobierno de que “no hay daños irreparables” que justifiquen mantener en vigor las órdenes extraordinarias mientras se informa y argumenta más a fondo.
También se le ha restado importancia a las acusaciones de que el decreto viola la libertad de expresión consagrada en la primera enmienda.
En efecto, ciertos grupos que han refutado el decreto pues querían traer a extranjeros al país para que pronunciaran discursos, han recibido la respuesta de que no se está coartando es a libertad pues las personas “pueden hablar mediante videoconferencia o teléfono”.
El gobierno ha sido criticado por haber emitido este decreto sin avisar a los refugiados y titulares de visa que estuvieran fuera de Estados Unidos en vías de regresar. Algunos llegaron al aeropuerto a tomar su vuelo pero fueron rechazados.
Esta orden afectó algo en Estados Unidos que yo jamás había visto”, señaló Brinkema, el juez de Virginia, en declaraciones a The Associated Press. “La gente está bastante molesta”.
Charles Roth, director de litigios del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, empresa que ofrece servicios legales y defensoría a inmigrantes, dijo que la semana pasada, a dos de sus clientes, una pareja de Irán, les habían negado abordar un avión rumbo al aeropuerto Dulles, en las afueras de Washington, pese a que habían recibido permiso para entrar el país después de haber esperado mucho tiempo.
La pareja vendió su casa y renunció a su empleo en Irán, preparándose para irse a vivir a Estados Unidos, señaló Roth. Él les aconsejó que reservaran otro vuelo, programado para llegar a Logan el sábado en la tarde, poco antes de que expire el bloqueo temporal.
“No sé qué vaya a pasar cuando lleguen”, comentó Roth. “Es decir, si es que llegan”.
