Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
Desde que Mauricio Macri ganó la segunda vuelta electoral, desde distintos sectores salieron a criticar su visión “eficientista”, con criterio empresario, para encarar la futura gestión de su gobierno. Aunque muchos de los elegidos ya tienen trayectoria en el Estado, la presencia de personas que vienen del ámbito empresario motivó esta suerte de reclamo corporativo del sector político.
Algo similar le ocurrió al gobernador electo Alfredo Cornejo, aunque con un gabinete más chico, en el cual recurre a gente de su confianza y a personas que no provienen del ámbito de la política sino del privado.
Pareciera que hay gente que pretende establecer una incompatibilidad entre los conceptos de la gestión pública y la privada pero, lo que es más grave, pretenden instalar hasta una diferencia de valores entre ambas, como si la función pública fuera más “sensible” socialmente que la gestión privada.
Viene bien el momento para profundizar un poco en este tema que se viene queriendo instalar hace años desde ciertas esferas políticas y académicas estatales y cabe señalar que, hasta ahora, los mecanismos de la tradicional burocracia estatal nos han llevado a un estado de desastre y no porque los sistemas estatales sean malos “per se” sino porque han sido esencialmente ineficientes.
Cabe recordar que el Estado, en todos sus niveles, es el mayor prestador de bienes y servicios de toda la sociedad, pero esencialmente del sector productivo privado, al cual le exigimos que sea competitivo.
Más allá de las responsabilidades que, indudablemente, le caben al sector empresario, hay que entender que la competitividad y la eficiencia deben ser entendidos como conceptos sistémicos. Por eso, y por ser el mayor proveedor de la sociedad, es el Estado el primero que debe dar el ejemplo de eficiencia y competitividad.
Avances positivos
El mayor insumo del Estado es su personal. Como organización que presta servicios es intensiva en mano de obra y requiere de políticas específicas para transformar a esa mano de obra en capital humano. Son las mismas personas tratadas y conducidas de manera distinta con el fin no sólo de profesionalizarlas sino que ellos también alcancen elevados niveles de satisfacción personal por la tarea que desarrollan.
Lejos de estas polémicas, algunos funcionarios públicos se lanzaron hace algunos años a la búsqueda de la eficiencia con la conciencia de que si se ponían estas metas podían brindar mejores servicios a la sociedad.
Hay que recordar que la Municipalidad de Maipú fue pionera en la implementación de normas de gestión de calidad y en la primera edición ganó el Premio Nacional a la Calidad en el rubro sector público. La misma distinción recibió unos años después el Hospital Carlos Pereyra.
Hoy en Mendoza casi todos los municipios han comenzado a certificar normas ISO 9001 en algunos de sus procesos y nadie puede decir que han adoptado métodos privados insensibles. Al contrario, la sensibilidad se muestra en el hecho de que, al ser más eficientes, pueden cumplir con mayor amplitud su tarea de servir a la comunidad.
Pueden mencionarse muchos ejemplos pero vaya el caso de Tunuyán, que adoptó el tema de la calidad como política de Estado, que comenzó en una gestión radical y siguió con una justicialista. Esto llevó a logros como que el Festival Nacional de la Tonada es el único festival folklórico del país que ostenta la certificación ISO 9001.
Un camino a recorrer
Desde ya, no hay que embanderarse con ningún modelo teórico pero es fundamental perseguir modelos de gestión que contemplen tres valores fundamentales: Responsabilidad, innovación y eficiencia.
La responsabilidad, entendida desde el punto de vista social y desde el ambiental. Debemos hacer una sociedad sustentable desde todo punto de vista y, para ello, las políticas públicas deben estar signadas por la preservación ambiental, sobre todo en un ecosistema como el de Mendoza, que es altamente inestable.
Desde el punto de vista de la responsabilidad social, el Estado debe enfocarse en dos direcciones. Primero, hacia los ciudadanos que deben recibir sus servicios, especialmente los sectores más vulnerables, que dependen totalmente del Estado y son los que más sufren las ineficiencias diarias.
La otra mirada social debe estar enfocada hacia las personas que trabajan en el Estado y, en este caso, hay que producir un cambio de modelo de gestión muy importante trabajando con nuevas prácticas.
La primera de ellas es introducir los concursos como forma de acceder a los empleos públicos, cumpliendo el requisito constitucional de ingresar en base a la idoneidad para desempeñar cargos. Para esto se debería implementar desde cursos especiales hasta llegar a tener un instituto profesional.
La segunda prioridad debería ser establecer planes de carrera, evaluación de desempeño y mecanismos de objetivos de medición de la calidad de la gestión. En este sentido, sería bueno repasar el sistema aún vigente a nivel nacional del Sinapa, que hoy aún está vigente en varios organismos públicos, como el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Dado que el Estado no es una empresa sino una organización de servicios públicos, donde se deben brindar servicios sensibles a la población, hay que establecer sistemas de gestión muy eficientes para que los presupuestos, que no son infinitos, puedan aplicarse de la mejor manera de llegar con los mejores servicios, con personas que estén satisfechas con el cumplimiento de sus tareas, más allá de la estabilidad en el cargo.
La experiencia muestra que en todos los organismos públicos en los cuales se han implementado las normas de calidad, la participación del personal ha sido muy positiva en la medida que quienes ejercían el liderazgo han actuado como motivadores y agentes del cambio. En cambio, cuando estos no han actuado de esa forma, los sistemas han decaído y el personal, desanimado, se refugia en su estabilidad.
Estamos frente a un cambio de paradigma. En el Estado sobra personal en algunas áreas y falta en otras. La mayoría no ingresó por su idoneidad aunque hay gran cantidad de personas que cumplen su tarea de manera digna y responsable. Hay que potenciar a los que quieren trabajar bien y tratar de recuperar a los que no están en la misma línea.
Sin dogmatismos, la sociedad necesita un Estado que brinde servicios de la máxima calidad. Es decir, que sirva.
