El modelo económico argentino es, desde hace muchas décadas, un modelo seudo productivista cuyo extremo proteccionismo perjudica a los consumidores, ya que las empresas, cuando no deben competir y son protegidas por el Estado, tienden a maximizar beneficios sin necesidad de invertir, innovar y buscar el máximo de eficiencia en la gestión de sus empresas. Además, aprovechan para subir precios y, si son varias, lo hacen en acuerdos oligopólicos.
La productividad es un concepto que implica obtener la mayor cantidad de bienes y servicios comparados con un factor productivo. Se puede referir al capital, al trabajo o a los rindes de la tierra. Para conseguirla hacen falta inversiones productivas y tecnológicas, incluyendo en estas últimas a las tecnologías blandas, referidas a la calidad de la gestión y capacitación del capital humano.
Durante 2017 se discutió mucho sobre este tema. En aquel año se reconocía que había un retraso cambiario pero nadie se animaba a pedir una devaluación. Como contrapartida se le pedía al Estado que bajara la carga impositiva global, que entre Nación, provincias y municipios alcanza a más del 55% del precio final de productos y servicios.
Pero la situación no pudo avanzar. Muchas empresas postergaron cualquier inversión para mejorar su productividad y prefirieron seguir presionando al Estado por mayor protección. Es que el sector público no avanzó en nada. Con déficit, intentar bajar impuestos era una tarea difícil, no obstante lo cual hubo un pequeño avance con la Reforma Tributaria y el Acuerdo de Responsabilidad Fiscal que se formó entre Nación y provincias.
El problema grave es que no se ha entendido que la productividad es un concepto sistémico, que atraviesa transversalmente a toda la sociedad, y es a todos sus integrantes a los que les corresponde sentarse en una mesa en busca de la mejora en la utilización de los factores productivos. El sector privado no puede pagar más impuestos y el Estado no puede seguir funcionando de la misma forma.
El mayor problema argentino de los últimos años es que el Estado creció de una forma excesiva de la mano de la emisión monetaria y del endeudamiento. Pero esos mayores gastos no fueron para mejorar los servicios sino para financiar la persistencia de los burócratas del Estado, los cuales tienen una notable creatividad para asegurarse su permanencia mediante nuevas y cada vez más complejas y mayores regulaciones a los privados, a los cuales obligan a financiarlos.
Hoy el país se enfrenta a un desafío trascendente, porque es hora de poner manos dentro de la estructura estatal, revisar qué funciones son necesarias, qué regulaciones se pueden evitar y qué acciones se necesita acelerar para que el sector privado pueda desarrollar sus tareas sin tener que pedir permisos ni ser sometidos a innumerables trámites totalmente evitables a partir de la existencia de los modernos sistemas tecnológicos.
Dado que el futuro estará signado por menores recursos, el Estado no tiene más remedio que transformarse para desempeñar de la mejor manera posible sus funciones pensando que deberán dar más con los mismos o menores recursos. Es que es indispensable la baja de impuestos para que las empresas puedan volver a ser competitivas.
Pero las empresas privadas también deberán ser gestionadas de manera distinta, porque deberán ser competitivas, asumir que no se puede seguir financiando su protección y que tendrán que invertir para mejorar su productividad y la calidad de su gestión. La competitividad futura de Argentina y Mendoza dependerá de la ganancia de productividad que consigan el Estado y las empresas.
Lo bueno de esta situación es que todos saben lo que hay que hacer, pero tienen miedo de desprenderse de los beneficios a fin de seguir viviendo cómodos a costa de los demás. Los métodos y las herramientas son ampliamente conocidos. Solo resta que aparezca el liderazgo para arrancar. Si el Estado no se anima, deberán ser los empresarios los que empujen. Pero todos deben saber que así no se puede seguir más.
