Uno de los dos jueces que mantienen detenida con prisión preventiva a Milagro Sala avaló ayer su arresto domiciliario, como sugirió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero la casa elegida generó polémica dado que para el gobierno es “una mansión” y para la defensa el lugar “está arruinado”.
El juez de Control Gastón Mercau, a cargo de las causas por asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública, dispuso que se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria a Sala, quien ayer seguía alojada en el penal de Alto Comedero.
Si bien resta conocer la opinión del juez de instrucción penal Pablo Pullen Llermanos, quien la imputó por tentativa de homicidio y lesiones gravísimas, Mercau explicó que tras la resolución de la CIDH “debemos cumplir con la cautelar”, que sugirió su arresto domiciliario o fiscalización electrónica.
“Yo no la comparto, pero somos parte del Estado nacional, que adhiere a los pactos y tratados internacionales”, precisó.
El juez Mercau indicó a la prensa que dispuso que Sala cumpla el arresto en una vivienda “de su propiedad” en el dique La Ciénaga, en la localidad de El Carmen, 15 kilómetros al sur de esta capital, porque si se instalara en la del barrio capitalino Cuyaya “perjudicaría la vida cotidiana de los vecinos” y no cuenta con seguridad necesaria.
Mercau admitió que la casa, de dos pisos, “tienen que acondicionarla porque tiene algunos faltantes” y explicó que “la custodia sería a cargo de Gendarmería Nacional porque en la misma resolución (de la CIDH) se alude a presuntos hostigamientos del Servicio Penitenciario, entonces sería conveniente que lo haga otra fuerza de seguridad”.
Tras la decisión del magistrado, el gobernador Gerardo Morales expresó que se trata de “una gran injusticia” porque consideró “vergonzoso que una delincuente como Milagro Sala tenga el privilegio de prisión preventiva en su mansión construida con plata del pueblo”.
Morales acompañó su posteo en Twitter con una foto del predio que tiene amplio parque, quincho, juegos y pileta de natación.
En tanto, el equipo de defensa de Sala cuestionó la elección de esa casa al señalar que “fue construida para desarrollar un centro de rehabilitación de adicciones que finalmente no se pudo concretar” y sostuvo que tras la detención de Sala “el lugar fue saqueado”.
Por eso, presentó esta tarde un escrito ante el juez Mercau para pedir que ordene el inmediato traslado de Sala.
La abogada porteña y candidata a diputada por el kirchnerismo Elizabeth Gómez Alcorta se quejó al manifestar que “dispusieron un domicilio que no es en el que Milagro residía antes de ser detenida y que esta defensa solicitó que sea considerado en caso de otorgarle el traslado”.
“Ella no vivía en el inmueble de El Carmen, ese es un lugar que demostramos que está arruinado, no tiene luz, no tiene agua, no tiene calefacción, se robaron las ventanas, las puertas, los sanitarios”, remarcó.
Asimismo, consideró que “esta es una muestra más del hostigamiento al que someten a Milagro y va a estar notificándose a la CIDH”.
En ese sentido, cuestionó las restricciones que impuso el juez para que no la visiten más de siete personas a la vez y dijo que eso “es absolutamente excepcional. No hay una persona privada de su libertad en una domiciliaria que tenga esta restricción”.
Otro de los letrados, Marcos Aldazabal, dijo que “fijaron una custodia de las fuerzas de seguridad que es algo que está prohibido por ley, en el artículo 33 de la ley 24.660”.
El abogado jujeño Luis Paz adelantó que “Milagro va a aceptar ir ahí porque sabe que su vida corre riesgo dentro del penal del Alto Comedero”.
La abogada porteña Paula Alvarez Carreras confirmó que Sala “ya fue notificada” del fallo y que van a poner el domicilio “en condiciones mínimas” para que lo habite, porque ella “no puede seguir ni un día más en el penal”.
