El presidente Jair Bolsonaro presentó ayer en el Congreso el mayor objetivo económico de su gestión. Se trata de un proyecto de reforma previsional que obliga a los brasileños a aportar 40 años para ganar la jubilación integral y que abre la puerta a un régimen de capitalización como las AFJP y excluye por ahora a los militares, que forman parte del ala más poderosa del gobierno.
Con este proyecto, que reduce las contribuciones previsionales de los asalariados con menores ingresos, Bolsonaro espera ganar la confianza del mercado financiero en su cruzada por reducir el déficit fiscal y en medio de una crisis política tras haber echado al secretario general de la presidencia, Gustavo Bebianno.
"La reforma apunta al equilibrio y a eliminar privilegios", dijo Bruno Bianco, secretario especial de la secretaría de Trabajo y Previsión Social, al comentar que el objetivo del gobierno es reducirlos beneficios del sector público.
El proyecto es obra del financista Paulo Guedes, un economista ortodoxo que se lo presentó a Bolsonaro en la campaña para transformarse en el ministro de Economía con anuencia del mercado financiero. El principal cambio es que habrá por primera vez tope de edad, 65 años para los hombres y 62 para las mujeres, contra el régimen actual que es por tiempo de aportes y no por edad.
Para implementar el sistema, deberá haber 12 años de transición entre el actual y el nuevo, además de una serie de cambios sobre todo para los empleados públicos, que ya amenazaron con protestas para defender los derechos adquiridos. Actualmente, en la administración pública es posible retirarse a los 50 ó 55 años, dependiendo de los años de aportes.
El tema de los militares "quedó para un segundo momento", dijo Bianco, dejando en claro que el de los beneficios de los militares retirados es un tema que puede causar conflictos en un gobierno con ocho ministros provenientes de las Fuerzas Armadas, además del actual Presidente y ex capitán Bolsonaro y el general vicepresidente Hamilton Mourao.
Qué se busca
La reforma necesita de un gran esfuerzo de negociación del gobierno ya que se trata de una enmienda constitucional y requiere una mayoría especial de tres quintos de los votos en Diputados y en el Senado.
En privado, Bolsonaro admitió "haberse equivocado" cuando se opuso, por calificar de miserable, una reforma similar presentada en 2017 por el gobierno de Michel Temer, según el jefe del bloque del Movimiento de la Democracia Brasileña, Baleia Rossi.
El gobierno espera reducir el déficit fiscal con la reforma, en línea con estimaciones del ministro de Economía de que en la próxima década el Estado no tendrá fondos para seguir funcionando como hasta ahora.
Por eso, pretende ahorrar 300 mil millones de dólares en los próximos 10 años. El déficit del sistema puede alcanzar este año los 79.600 millones. En 2015, cada 100 personas en edad activa, había 11,5 jubilados, mientras que para 2060 esa relación será de 44,4, según proyecciones del Ministerio de Economía
