Carlos Sacchetto - Corresponsalía Buenos Aires
Como por efecto de un vendaval, las caras sonrientes que durante la semana se vieron en la Casa Rosada por las noticias que llegaban sobre la gira presidencial, pasaron el jueves a ser rostros cargados de preocupación e incertidumbre. Es que la crisis política que se disparó en Brasil, originada por la corrupción, abre también serios interrogantes para el gobierno argentino.
El impacto negativo más temido -aunque no el único-, es el económico, terreno en el que Cambiemos no ha logrado todavía fortalecerse en 15 meses de gestión. La leve reactivación que estaba experimentando la actividad brasileña alentaba la esperanza de facilitar un crecimiento gradual de nuestra producción, con mayor creación de empleos y un incremento del intercambio. Ahora, se teme que aquel proceso se detenga y agregue una nueva dificultad a la recuperación de la economía argentina.
Todos los analistas especializados en nuestra relación bilateral predicen que cualquiera sea la salida política en el país vecino, el ritmo del proceso económico será más lento que hasta ahora y eso es, definitivamente, una mala noticia. La otra amenaza que instala Brasil es más saludable: que por imitación, la Justicia argentina enfrente también aquí a la corrupción, cualquiera sea su signo político.
El caso de la obra pública vinculada a Odebrecht nos emparenta con los brasileños. Hasta ahora, salvo el nombre del titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, que niega haber recibido coimas repartidas por aquella empresa y cuenta con la confianza presidencial, poco se ha conocido de otros argentinos involucrados.
En el mundillo judicial y político se menciona como sospechados a funcionarios del anterior gobierno kirchnerista encabezados por la propia Cristina Fernández, empresarios conectados al actual gobierno de Mauricio Macri y algunos miembros de la Cámara Argentina de la Construcción. Pero tampoco es todo.
Los miedos
Con mayor o menor preocupación, el temor a verse denunciados como corruptos atraviesa a casi todo el arco político. Tanto que quienes manejan buena información aseguran que por ese motivo algunos dirigentes que se aprestaban a ser candidatos en las próximas elecciones legislativas desistieron de postularse. Se rumorean nombres muy conocidos que han pasado por la función pública a nivel nacional o provincial.
La incógnita está centrada ahora en la actitud que asumirá la Justicia frente a las fuertes presiones que buscan impedir que avancen las investigaciones.
A diferencia de Brasil, donde la Justicia da muestras de independencia política y capacidad para meter preso a quien sea, en nuestro país hay magistrados que siguen actuando al calor de intereses sectoriales. Los procesos son lentos, la modernización tarda en llegar y la institución se desprestigia día a día.
A propósito de la Justicia, no se han acallado aún los ecos de aquel fallo de la Corte Suprema, dictado en mayoría, sobre la utilización de la vieja ley del 2x1 para acortarle la pena a condenados por delitos de lesa humanidad.
Los pedidos de renuncia a los jueces firmantes, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton, siguen en pie y la Corte continúa en el centro de la vidriera. Se agrega ahora una nueva embestida de la diputada Elisa Carrió en su pedido de juicio político contra el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, apoyada por un informe de la Auditoría General de la Nación.
Si la cabeza institucional del Poder Judicial está cuestionada de esta manera y de allí para abajo con algunas meritorias excepciones la estructura muestra serias incompetencias, es obvio que el sistema exige cambios importantes. El modelo brasileño tal vez aporte una referencia valiosa a la hora de actuar.
Un adelanto
La sacudida que recibió la Corte Suprema en las últimas semanas exhibe a la vez otras conexiones políticas que comienzan a manifestarse.
El jueves, el presidente del bloque de senadores PJ-FPV, Miguel Pichetto, presentó un proyecto para que los jueces que quieran seguir en funciones al cumplir 75 años deban pedirlo al Senado y no al Gobierno. La iniciativa tiene casi nombre propio y es el de la única mujer que integra el máximo tribunal.
Elena Highton cumplirá en diciembre próximo esa edad, pero está habilitada para continuar en el cargo por una resolución de la propia Justicia que el Gobierno en su momento no apeló. Pichetto, junto a otros legisladores, esperaba con ansiedad esa vacante y ahora intenta buscarla con un instrumento legislativo.
Después del cuestionado fallo del 2x1, Highton tomó licencia por una semana como compensatoria de la feria de enero. Eso motivó una serie de versiones que indicaban que, a raíz de los ataques recibidos, la magistrada presentaría su renuncia y no volvería a la Corte.
Fuentes cercanas a ella desmienten que eso vaya a ocurrir ahora, pero nada dicen de lo que hará en diciembre, a pesar de estar habilitada para continuar.
Si como otras fuentes aseguran, Highton renunciará a fin de año, 2018 comenzará con una vacante en el tribunal. En el Congreso se afirma que cuando se produjo el nombramiento de Rosenkrantz y Rosatti, el propio Macri se comprometió ante Pichetto que la próxima designación sería a sugerencia del peronismo.
De concretarse este supuesto acuerdo, habría que tener en cuenta dos circunstancias. La primera es que quien remplace a Highton debería ser una mujer. La segunda es que si se postula a alguien de origen peronista, ese signo político pasaría a ser mayoría en la Corte: Juan Carlos Maqueda, Rosatti y el nuevo juez. ¿Se vendrá entonces la ampliación del cuerpo a siete miembros?
