Un planteo simplista nos puede llevar a decir que en nuestro país hay una división entre los sectores con poder de lobby y los que no lo tienen. Grupos y cámaras empresarias, sindicatos que representan a los trabajadores formalizados, diversos intereses corporativos han avanzado desde hace varias décadas sobre el Estado en desmedro del interés general.
Por otro lado, los que trabajan fuera de la formalidad, monotributistas, y pobres, cuya posibilidad de influir es limitada. Aunque en el caso de los más pobres apareció hace unos años la herramienta del piquete y también permite medrar a la corporación política que prospera explotando las carencias de ese sector social.
Ante los problemas que afronta el país, luego de años de desinversión y distorsiones de su sistema económico social, algunos proponen pactos corporativos. Los famosos acuerdos económicos sociales. La realidad es que esos pactos entre los sectores con capacidad de lobby sólo sirven para convenir el reparto de prebendas y el mantenimiento de estructuras obsoletas e ineficientes.
La Argentina está estancada, el nivel de vida de la población se deteriora como lo demuestra el alto porcentaje de pobres e indigentes que escandaliza ante las inmensas posibilidades potenciales que ofrece nuestro territorio. Enormes reservas energéticas; yacimientos de litio; la expansión territorial en el mar que ha demostrado, en el poco conocido proyecto “Pampa Azul”, que las aguas territoriales argentinas tienen una riqueza enorme; la posibilidad de expandir las fronteras agropecuarias con la incorporación de millones de hectáreas nuevas con riego, están esperando inversiones que permitan un crecimiento explosivo de la riqueza, generando trabajo bien pago, único modo de poner fin a la pobreza. Pero no habrá inversiones de magnitud si no somos capaces de garantizar que las reglas de juego se mantendrán en el tiempo.
No se trata de eliminar la competencia política pero sí lograr consensos sobre el respeto a los derechos de propiedad, al cumplimiento de los contratos, a la perdurabilidad de los sistema impositivos y a la recuperación de la educación como prioridad de la política, que hace años abandonó en manos de tecnócratas y sindicalistas que llevaron a la decadencia de la educación pública. Cuando la política formó “una Nación en el desierto y construyó un Estado para la Nación”, logró esos consensos básicos, más allá de las disputas por las posiciones de poder. Eso se llamó la política del acuerdo, y el fruto fue la Argentina moderna, lograda con setenta años de estabilidad institucional. Así fuimos superando las crisis, como la del noventa con el acuerdo de Roca con Mitre que le dio los veinte años de mayor crecimiento de su historia entre 1892 y 1914.
Cuando, por el contrario, se impuso la idea de la intransigencia, de negar los acuerdos fecundos y constructivos, aparecieron las grietas y los hegemonismos. Esa ha sido la constante desde hace un siglo y ninguno de los partidos que tuvieron responsabilidades de gobierno en estos cien años está exento de culpas porque todos incurrieron en esos errores.
No está de más recordar el intento de Federico Pinedo con Marcelo T. de Alvear en 1940, para terminar con los enfrentamientos entre radicales y conservadores y afrontar una agenda de reformas para consolidar la industrialización argentina y promover un mercado común sudamericano, fracasado por pequeñeces politiqueras en ambos partidos.
Evitemos las tentaciones de polarizaciones con vistas a resultados electorales. El mayor éxito del gobierno actual será lograr que se inicie un camino virtuoso para el desarrollo de las fuerzas productivas, y así comenzar un ciclo largo de crecimiento económico equitativo. Que la política argentina dé señales de que todas las fuerzas políticas serán respetuosas de las instituciones y de la preservación de las reglas de juego. Ese es el sentido del acuerdo que debe encararse en el Congreso que debe debatir y sancionar la legislación de la recuperación nacional en función “del interés general”, como lo establece la Constitución, y no de los intereses creados que retardan el progreso nacional. Para esto se requiere una gran política que logre el consenso entre dos pilares, la libertad y la justicia social.
