Muy lejos quedaron los sueños de Alberdi y los padres fundadores que imaginaron un sistema por el cual la República era una construcción institucional de las provincias (tal cual lo marca el Preámbulo de la Constitución). Como parte de esa construcción, las provincias resignaban parte de su autonomía y la delegaban a la Nación. Entre ellas figuraban la defensa nacional, la representación ante otros países, la emisión de moneda y la constitución de aduanas exteriores.
En sus orígenes, estaba claro que las provincias retenían para sí la imposición de impuestos indirectos y la Nación podía hacerlo con impuestos directos, además de los derechos de aduana (a importaciones y exportaciones) que le son naturales. Así, con un esquema bien delimitado, cada jurisdicción disponía de los medios para proveerse los recursos necesarios para financiar sus actividades. Esto se entendió como una forma de descentralización, propia del sistema federal.
Con el transcurso de los años, la política se encargó de ir burlando ese espíritu. Las provincias que estaban cerca del puerto recibían las mayores inversiones de la Nación y las más alejadas iban quedando postergadas. Estas, decidieron recurrir al gobierno central y así, de a poco, fueron renunciando a su autonomía para pasar a depender de los recursos nacionales.
La Nación, mientras creaba impuestos que no le correspondían (de emergencia, pero perdurando en el tiempo), aceptó compartir con las provincias estos recursos y esto consolidó un sistema anómalo, reflejado en la Coparticipación Federal de Impuestos.
Además, como la Nación disponía de la facultad de crear moneda o tomar empréstitos externos, fue financiando de esa manera gastos sin medición de eficiencia u oportunidad.
Todas las crisis económicas que hemos tenido han sido consecuencia del exceso de gasto público financiado con emisión monetaria o deuda pública, pero fue pagado por toda la sociedad mediante devaluaciones o aumentos de impuestos. La responsabilidad del exceso de gastos fue tanto de la Nación como de las provincias.
Lamentablemente el federalismo institucional creado en la Constitución de 1853 se deformó con el tiempo a un federalismo clientelar y prebendario. Desde el nacimiento del nuevo siglo esto se agudizó cuando las provincias, a través de sus legisladores, le concedieron facultades extraordinarias al Ejecutivo para el manejo de los recursos a través de la ley de Emergencia Económica, que le permitió al gobierno anterior disponer de partidas discrecionales que era usadas para someter a los gobernadores y crear una base de poder político.
El gasto público estuvo motorizado por el empleo estatal, en algunos casos justificado y en otros no. En el ámbito de la Nación se sostienen entes de dudosa utilidad con objetivos regulatorios, que constituyen mecanismos para trabar la actividad productiva.
En las provincias existe el empleo concentrado en las funciones básicas del Estado, como educación, salud, seguridad y justicia. No obstante, ni en la Nación ni en las provincias el ingreso se produce por concursos de idoneidad, como manda la Constitución.
Además, el empleo estatal goza de muchos privilegios que son pagados por los trabajadores privados, como la estabilidad vitalicia, posibilidades de faltar a su trabajo que multiplican las vacaciones legales y una falta de una carrera y controles de gestión para la evaluación de desempeños.
Es tanta la ineficiencia del sector estatal que en muchos organismos hay cargos que tienen hasta tres personas cobrando por la misma función mientras trabaja solo una.
Muchos de estos desatinos se multiplican en los municipios, donde los intendentes han recurrido al empleo estatal para pagar favores políticos o poner en esos lugares a tropas militantes.
Como los recursos locales no alcanzan para sufragar muchos de estos gastos, las provincias tienen que recurrir a la Nación y esto es lo que hoy vemos en la lucha por el presupuesto. Gracias a esta vergonzosa pelea, el año 2019 tendremos una presión fiscal cercana al 44% del PBI, lo que es un récord lamentable que pone en peligro el futuro desarrollo económico. Si no recuperamos un federalismo responsable, este sistema caro será directamente inviable.
