El gobierno nacional, presidido por Alberto Fernández, consiguió la aprobación de la Ley de Emergencia Económica que decide, en principio, una serie de medidas de urgencia para beneficiar a sectores vulnerables. Esto incluye, entre varias otras, una tarjeta alimentaria y bonos de suma fija para jubilados que están en las escalas mínimas.
Todo esto implica una fuerte expansión del gasto del Estado que se financiará con retenciones a las exportaciones, aumento del impuesto a los Bienes Personales, otro gravamen a la compra de dólares o los gastos en esa moneda hecha a través de tarjetas.
Se incluye una moratoria impositiva para pequeñas empresas.
Este enfoque busca una reactivación de las actividades económicas y mantener equilibrio fiscal primario para poder sentarse con los acreedores a negociar las deudas, sobre todo las de corto y mediano plazo, tratando de conseguir mayores plazos, disminución de intereses e incluso, alguna quita de capital.
La medida más conflictiva es la suspensión de la fórmula de ajuste jubilatorio ya que, de aplicarse la actualmente vigente, implicaría una presión muy grande sobre el gasto público que atentaría contra el objetivo de comenzar a bajar la inflación. Se han prometido nuevos aumentos a partir de marzo, pero partiendo de una fórmula de ajuste distinta, que beneficie a las categorías más bajas.
Sin embargo, el gobierno repite la fórmula que siempre se aplicó en la Argentina, sin distinción de partido político: el ajuste lo hace el sector privado y no hay ninguna reducción del gasto público. Siempre se recurre a aumentar impuestos al sector privado y no hay ninguna señal por parte del sector público y, fundamentalmente, del sector político.
Todas las crisis económicas de Argentina, desde los inicios institucionales, estuvieron generados por los excesos de gasto público que derivaban en déficit fiscal. Este déficit siempre era financiado con emisión monetaria, con deuda pública o con aumentos de impuestos. La presión tributaria argentina era de 40 puntos del PBI antes de esta Ley, que le agregará 2 puntos adicionales.
Si se repasa la composición del sistema jubilatorio, se puede ver que las jubilaciones especiales que subsisten, con regímenes que se puede calificar de privilegio o con condiciones distintas al régimen general, como el ajuste del 82% móvil, sólo beneficia a agentes públicos de altos ingresos. No hay ningún jubilado del sector privado que goce de alguna ventaja.
Los gastos del sector político llegan a ser insultantes para con el resto de los ciudadanos que, además, están sujetos a poder ser despedidos, mientras que los agentes públicos gozan de estabilidad en el cargo.
Mal que les pese, en estos aspectos, los políticos han violado el principio constitucional de igualdad ante la ley.
Estas violaciones han sido convalidadas por la Corte Suprema de Justicia, que aprovechó para dar los mismos privilegios a los jefes nacionales, los que se han trasladado a muchos jueces provinciales.
Y como concesión fueron trasladando los mismos beneficios a otros sectores como los diplomáticos, los investigadores del Conicet, los docentes o los policías.
Con este nuevo ajuste el gobierno ha conseguido dos cosas: por una parte, generar desconfianza acerca de la esperada reactivación ya que está bastante estudiado que el efecto directo de un aumento de impuestos es mayor recesión y no reactivación. En el gobierno argumentan que se les saca a los que más tiene para dar a los que menos tienen y eso generaría reactivación, pero el traslado no es lineal y es dudoso un traspaso directo del consumo de la clase alta y media a los jubilados.
El segundo efecto es una reacción generalizada contra la ausencia de disminución de los gastos del Estado y de la política de las consecuencias del ajuste. Hay mucho enojo porque se hayan mantenido los regímenes de privilegio de jubilaciones fuera de la suspensión de la fórmula de ajuste.
El actual nivel de presión fiscal ya no es tolerable y es hora de que los gastos del Estado comiencen a bajar, junto con los de la política. Esto debería trasladarse a las provincias y municipios y que los empleos públicos y los cargos políticos dejen de ser un negocio pagado por los privados.
