Argentina y Chile comparten mucho más que la imponente Cordillera de los Andes. Entre afinidades y conflictos han transitado juntos el proceso independentista de América Latina, pero cada uno de ellos ha entramado singularidades que los diferencian. Ambos países tuvieron libertadores como O'Higgins y San Martín, que hermanados pensaron estratégicamente la independencia de los pueblos latinoamericanos expresada en el "Abrazo de Maipú" (en la foto).
En el marco de nacimientos de los Estados nación, tanto Argentina como Chile promovieron una migración selectiva, ubicando a la inmigración europea como sinónimo de desarrollo, civilización y esfuerzo. Siendo la de los países limítrofes una "problema a resolver", junto con los pueblos indígenas, ya que representaba en el imaginario de sus elites el atraso y la "barbarie". Las identidades de ambas naciones en relación a la política migratoria se fueron forjando a partir de la dicotomía "civilización y barbarie".
Aunque Argentina no tuvo un Allende, ni Chile un Perón; ambos, luego de la muerte de dichos líderes, tuvieron a Pinochet y a Videla. Siendo uno de los tantos desafíos desde que se abandonaron los golpes de Estado, la urgente consolidación de una política migratoria elaborada en democracia, que supere en lo formal y en su ejecución el paradigma hegemónico de "seguridad nacional" dejando de ubicar, al "otro", al extranjero como una amenaza.
Chile aún se rige con una ley "de extranjería y migraciones" de hace más de 40 años dictada por el último régimen militar, basada en la persecución. Es la más antigua de Latinoamérica y extemporánea en relación a las nuevas demandas que exige la movilidad humana. A pesar de ello, el gobierno de Michel Bachelet, en 2015, progresó significativamente a partir de un "instructivo presidencial", que establece expresamente derechos de los inmigrantes: laborales, de protección social, de acceso a la salud y a la educación. Con esta normativa avanza en la intención de separar la idea de que "situación irregular" es sinónimo de delito. Un ejemplo de ello es el lanzamiento del programa "Chile reconoce" movilizado por organizaciones sociales de migrantes, que avanzó sobre un punto de la ley de la dictadura que no reconocía la nacionalidad de los niños nacidos en Chile de padres en situación irregular.
En el caso de Argentina, a finales de 2003, durante el primer año de la Presidencia de Néstor Kirchner, el Congreso Nacional aprobó la Ley N° 25.871. Significó un cambio sustancial respecto a la situación de los migrantes, conforme a los tratados internacionales de derechos humanos, dejando atrás la ley del régimen militar. Sin embargo, en enero de este año el presidente Mauricio Macri, emitió un decreto de necesidad y urgencia (DNU) sorteando la debida discusión en el Congreso y volviendo a los principales argumentos de la vieja "Ley Videla", que privilegiaba la persecución y la expulsión de los migrantes en los años de dictadura.
Dicha normativa presidencial es tema de preocupación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que sesionó el viernes 26 de mayo en Buenos Aires. La CIDH se manifestó ante el surgimiento del DNU argumentando que "es una regresión respecto a la ley".
El decreto, entre otras cosas, expone que quien resolverá la situación del inmigrante no es la justicia, sino el Poder Ejecutivo a través de la Dirección Nacional de Migraciones. Además de poner a los inmigrantes, especialmente de los países limítrofes, en situación de "amenaza para la seguridad nacional". También vulnera el principio de unidad familiar, promueve un aceleramiento en la expulsión de los inmigrantes en situación "irregular" violando el derecho de acceso a la justicia, debido proceso y a la defensa. Tampoco cumple con el principio de progresividad y de no regresión de los derechos adquiridos. A pesar de ello, hasta que no sea rechazado por el Congreso de la Nación, está en vigencia hace 5 meses con fuerza de ley.
Chile celebra este año elecciones presidenciales, siendo la política migratoria uno de los temas más importantes en la agenda de los candidatos que aspiran al Palacio de la Moneda. Algunos ya se han manifestado, dando cuenta de sus posicionamientos, como el empresario, ex presidente y actual candidato Sebastián Piñera, quien en declaraciones recientes vinculó a la inmigración de países limítrofes con la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. En el caso de Argentina, en las cercanas elecciones legislativas, el gobierno de Mauricio Macri se expone ante la posibilidad de profundizar su visión sobre los derechos de los migrantes.
La concepción de la política migratoria y sus respectivas líneas de acción se están definiendo en los comicios que ambas naciones celebrarán en el presente año. La movilidad humana ya es parte estructurante de las agendas electorales en muchos países del mundo. Lo fue recientemente en Francia y en la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Ambos con discursos que fortalecen la idea del inmigrante como "problema social".
Especialmente por los millones de refugiados y extranjeros que se expanden a lo largo del planeta. América Latina tiene sus particularidades ya que los movimientos migratorios son dentro del mismo continente, siendo los discursos sobre este fenómeno recetas de los países desarrollados que escapan a la realidad de los países del sur. Argentina y Chile se encuentran desafiados entre que su política migratoria la defina la coyuntura electoral imitando las estrategias que vuelven al paradigma de la seguridad nacional, o el fortalecimiento de una identidad regional más cercana al abrazo de O'Higgins y San Martín.
