Lo sucedido con la convocatoria para adjudicar, por 755 mil dólares, un servicio de consultoría sobre seguridad ciudadana para el Gran Mendoza, dejó mucha tela para cortar, en particular porque quedó cierta dosis de duda sobre los motivos por los cuales en la lista para el concurso quedó fuera una presentación efectuada por la Universidad Nacional de Cuyo, lo que motivó un reclamo de parte de la casa de altos estudios.
De acuerdo con la información a la que pudo accederse, tras la convocatoria inicial para la adjudicación del servicio de consultoría se presentaron doce consorcios. En ese marco, la UNCuyo se asoció a la universidad chilena Andrés Hurtado y una ONG canadiense.
La Unidad de Financiamiento Internacional debía elegir en base a los antecedentes, a los efectos de establecer una lista de seis competidores, de acuerdo con los puntajes asignados. En esa lista quedó afuera la presentación de la UNCuyo, a pesar de haber obtenido un muy buen puntaje, por un requisito formal, como es el hecho de que el consorcio no incluye a ningún actor (empresa) privado.
Según se indica, hay varias universidades nacionales que, sin asociarse a nadie, están trabajando como consultoras para proyectos del organismo internacional que lo financia, el Banco Interamericano de Desarrollo.
La UNCuyo se sintió afectada por la medida, remarcando en su nota elevada que el consorcio que integra cumple con todos los requisitos solicitados por el BID y planteó que se reconsidere la calificación y posterior inclusión en la “lista corta”, destacando que, de no ser así, se verá obligada a cuestionar los actos administrativos.
El Gobierno enviará el planteo al Ministerio del Interior para que éste lo derive al Banco Interamericano de Desarrollo.
Algunos interpretaron que pudo existir algún tipo de juego “político” por parte del Gobierno en la decisión final, en razón de que la UNCuyo está siendo dirigida actualmente por un dirigente de extracción radical. De haber sido así, resultaría lamentable en razón de que la casa de altos estudios ha demostrado a lo largo de la historia que cuenta con la suficiente capacidad y profesionales como para poder participar de concursos de naturaleza muy exigente.
Sin embargo, también es necesario mirar la situación por el revés de la trama y observar lo que sucede en algunos casos con la Universidad Nacional de Cuyo. Porque por tratarse de un organismo profundamente democrático -a tal punto que de la elección de sus autoridades participan todos los actores de la casa de altos estudios- se debe permitir la actividad política, tal como sucede con los centros de estudiantes.
Pero el problema ocurre cuando se quiere “partidizar” la conducción. A modo de ejemplo podríamos hacer alusión a un proyecto de declaración, presentado por el senador radical Eduardo Raúl Ferrer, en la Cámara de Senadores, que actualmente se encuentra a consideración del cuerpo. El legislador impulsa que la cámara manifieste “su beneplácito por la mayor democratización generada en la Universidad Nacional de Cuyo, a partir de la gestión del ingeniero Daniel Pizzi, actual rector de la misma”.
Los aspectos planteados permiten establecer que es necesario tomar distancias y actuar pensando en el bien común, dejando de lado actitudes partidarias. Es tan preocupante que el Gobierno anteponga la política partidaria a una decisión en la que están involucrados todos los habitantes de la provincia, como que algunos intenten que la Universidad se partidice en lugar de profundizar su democracia interna y su apertura a todos los ámbitos de la sociedad, sean del color que fueren.
