Alberto Fernández se había comprometido a establecer una política de puertas abiertas y consenso para la toma de decisiones estratégicas, más horizontalizada y de interconsultas. Pero en el arranque, muestra lo contrario: un esquema piramidal, unilateral y cerrado. Incluso sin que se expresen los gobernadores a los que juró darles protagonismo y sin espacio para la opinión de la oposición.
Las decisiones que se conocieron ayer -más retenciones y doble indemnización por despidos- fueron propuestas por el ministro de Economía, Martín Guzmán. En una reunión el miércoles a las 23 en Casa Rosada, Fernández juntó a Sergio Massa y a Máximo Kirchner. Con su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sentado al lado, avisó a la mesa chica del Frente de Todos que había dado la orden de ejecutarlo. No hubo disensos.
“Estamos en emergencia. Deben entenderlo”, responden en la Casa Rosada ante la consulta sobre por qué aparecieron en el Boletín Oficial ayer, sábado, cambios en el esquema de retenciones a la exportación agrícola –responsable de 45 de cada 100 dólares que ingresan al país– sin explicación alguna. Lo nuevo no resulta confiscatorio: es casi el mismo nivel de retención que estableció Mauricio Macri en 2018. Pero las formas generan tensión política desde el vamos.
La impronta de la gestión de los primeros cinco días deja abierto así el interrogante de si se está realmente ante una administración desesperada por el crítico escenario económico y de pobreza aguda o si se está ante un kirchnerismo radicalizado, dispuesto a diagramar una política económica a los martillazos.
¿Y la confianza?
Las afirmaciones de quienes rodean al Presidente no aclaran la desprolijidad de la puesta en conocimiento de las decisiones: sin argumentación de los responsables políticos, sin teléfonos abiertos de los equipos técnicos y sin diálogo previo con los que deben ejercer la “solidaridad”.
Una maraña de secretismo innecesario, que conspira contra factores ineludibles para la gestión económica: confianza y reputación.
Con la “solidaridad” como bandera, el gobierno incrementará la carga fiscal a quienes aún tienen rentabilidad o llegan a fin de mes con un resto. El argumento es que hay que frenar el hambre y aliviar a la clase media, objetivos nobles. Pero la manera de actuar expone que a la clase media se le dará por un lado –con una suba más gradual de tarifas– y se le quitará por el otro, con mayor presión tributaria por el inminente freno al recorte de Ingresos Brutos.
Con el cepo cambiario y las tasas de interés negativas en pesos, ya no habrá a dónde destinar el dinero más que al consumo. Se impone ese método para la reactivación económica, sin que por ahora se conozca la estrategia oficial para frenar la espiralización inflacionaria que ahoga a los propios consumidores y confabula contra el crecimiento económico y la generación de empleo.
En los próximos días se conocerá el nuevo esquema cambiario: habrá un dólar para atesoramiento, otro para turismo y otro, que sólo comenzó a modificarse ayer, para las exportaciones. En un país en el que tres millones de personas sufren hambre, suena hasta moral y lógico. Lo ininteligible es el misterio, porque produce incertidumbre y confusión. Y la incógnita es si esto no terminará profundizando la recesión.
“Incertidumbre total”. Así definían ayer en la Unión Industrial Argentina, en diálogo con este diario, el estado de situación. El sector manufacturero paga desde el 2 de enero pasado tres pesos por dólar exportado, y los servicios, cuatro pesos. Son retenciones que se licuaron, dado que el dólar pasó de 38,74 a 63,07 pesos. Por ello, se prevé que aquí también habrá un reajuste. Y reinan las dudas sobre lo que ocurrirá con otros sectores, como las economías regionales.
Cadenas rotas
El Gobierno del Frente de Todos tiene la inapelable legitimidad de origen que le dio una victoria electoral contundente. Pero las variables económicas no se mueven por la fortaleza de un gobierno, sino por la capacidad de generar expectativas positivas. Y tal cosa corre riesgos si el rumbo está trazado bajo un espeso manto de neblinas.
Todo gobierno tiene una “primavera” de al menos 100 días. La opinión pública suele esperar con calma y prudencia ese tiempo para palpar el rumbo. La pregunta es si un país que viene con una profunda crisis hace dos años, tiene en los bolsillos la paciencia suficiente para que no se desaten disputas políticas como aquella con el campo, que en 2008 eyectó al propio Fernández del Poder Ejecutivo, por la infranqueable terquedad de Cristina y Néstor Kirchner de no negociar nada.
En ese contexto se inscribe la decisión de firmar un DNU a medianoche para la doble indemnización por despidos injustificados durante seis meses. Un corsé sobre un entramado de negocios que está asfixiado por la presión tributaria, con un derrumbe del consumo y con la cadena de pagos rota. El mismo escenario que llevó a unas 20 mil empresas a cerrar sus puertas en los últimos cuatro años, tema central del discurso de campaña electoral de Alberto contra Mauricio Macri. Ahora, la pregunta es: ¿las empresas van a contratar empleados así?
Las medidas de Fernández parecen surgidas de un pozo de desesperación. La realidad en la que le tocó asumir le da aire para cambiar la política económica, porque la de Macri dejó evidencias tangibles de fracaso. Queda esperar la reacción de los agentes económicos, los decisores últimos en materia de inversión. Sólo entonces se sabrá si la idea de obtener recursos con fórceps en pos de la difícil puja distributiva que ya comenzó tendrá los resultados esperados.
