Cuando el Gobierno decidió meter cuchillo a fondo con la crisis de la economía encaró un camino muy difícil, en medio de la desconfianza general de los mercados y la esperanza escéptica de los argentinos, no acostumbrados a procesos de ajustes tan profundos. El problema es que la ambición de los políticos está haciendo que el tránsito sea más pesado de lo calculado.
Cuando se planificó el ajuste fiscal para tener equilibrio fiscal en 2019, se decidió endurecer la política monetaria para contener la demanda sobre el dólar, para lo cual se utilizó la tasa de interés negociada solo con los bancos a través de las Leliq. Esta tasa, muy elevada, frenó al dólar pero también a la economía, agudizando la recesión, mientras la inflación se ha visto alimentada por ajustes tarifarios y ha minado el poder adquisitivo de los salarios.
Con un mercado interno recesivo y una devaluación muy fuerte, la apuesta del gobierno fue esperar la reacción de dos actividades favorecidas por la devaluación: el turismo internacional y las exportaciones.
En el caso del turismo el objetivo era claro. Por una parte, frenar el drenaje de divisas que produjo el dólar subvaluado que entusiasmó a los argentinos a viajar al exterior, generando un déficit cambiario de u$s 12.000 millones. Por otra parte, generar mayor ingreso de divisas por la llegada de viajeros del exterior. Para esto contribuye también la mayor apertura del mercado aéreo, que ha posibilitado mayores conexiones directas para facilitar la llegada de turistas extranjeros.
Los obstáculos de la política
El programa plasmado en el plan que se le presentó al FMI debía quedar consolidado en el Presupuesto 2019, que se envió para su tratamiento en Congreso. El gobierno sabía que debía afrontar instancias de negociación porque no tiene mayoría propia en el cuerpo legislativo y debe recurrir a alianzas, donde un grupo del peronismo tradicional siempre le aportó números para avanzar ya que sabe que cuenta con la férrea oposición del kirchnerismo aliado con grupos de la izquierda troskista.
En la previa, el gobierno apeló a negociar con los gobernadores peronistas ya que, luego de varias idas y vueltas, se acordó que 2/3 del ajuste lo haría la Nación y mientras que el tercio restante debía ser asumido por las provincias. Pero cuando comenzó el debate en la Cámara de Diputados, los legisladores apelaron a su independencia, pero en coordinación con sus gobernadores y comenzaron a presionar.
El gobierno quería exhibir el presupuesto el próximo 30 de Noviembre en la reunión del G-20 y, sabiendo eso, los legisladores hicieron un juego extorsivo (con mala fe que no corresponde a una negociación) y comenzaron a pedir diversas compensaciones ante el hecho de que la Nación les restituye responsabilidades que siempre les habían correspondido pero que el kirchnerismo tomó a su cargo para compensar la retención del 15% de la coparticipación.
El gobierno negoció devolver en forma progresiva la coparticipación y, a cambio, les exigió a las provincias que se hicieran cargo de sus responsabilidades. Pero en los tiempos que la Nación asumía esas responsabilidades las provincias aprovecharon para engrosar su planta de personal y hoy quieren asegurarse recursos. El resultado es que las provincias terminan teniendo más recursos de los originales, salvo Buenos Aires, a quien apuntaban todos los justicialistas para que se le recortaran recursos.
La pelea de los gobernadores y los legisladores “amigos” presionando por mayores recursos es una muestra clara de que el sector de la política no aprendió nada de la historia y no entendió que la crisis heredada (mal administrada por el macrismo) es el resultado de engrosamiento de los gastos improductivos del Estado. Al no bajar los gastos, hay que aumentar impuestos, pero la sociedad está llegando al límite de su capacidad contributiva pero, los que es peor, está llegando al límite de su paciencia.
Según un estudio del Iaraf, un instituto dedicado a analizar la problemática presupuestaria, del total de paquete fiscal contenido en el Presupuesto, un 60% es mayor presión fiscal. Ante la negativa de las provincias de hacerse cargo de varias funciones que le son propias, la Nación volvió a recurrir a la aplicación de retenciones a las exportaciones. En ese caso, este gravamen rige de setiembre pasado y se aplica a todas las exportaciones de bienes y de servicios. Estos ingresos, que aún esperan el fuerte de las exportaciones del primer semestre, le han permitido al Tesoro tener un déficit de solo 1,2%, cuando la meta era del 2,7% para 2018.
Con todo, la oficina de Análisis del Presupuesto del Congreso advirtió que en la sanción de la Cámara de Diputados, después de tanto manoseo del proyecto original, han quedado $ 21.000 millones de gastos que no tiene una contrapartida de ingresos. El problema se agrava porque en Senadores se ha bajado algunos impuestos y se han comprometido más gastos, por lo que el volumen de gastos sin financiar es muy importante.
Si se aprueba de esta forma, el gobierno no podría alcanzar el objetivo de déficit cero comprometido con el FMI, por lo que quedarían tres caminos posibles: a) el veto presidencial a partidas incorporadas sin financiamiento, b) emitir deuda para financiarla, pero a un costo imposible y no autorizado, c) sub ejecutar partidas de acuerdo a las disponibilidades, donde el mayor castigo sería a las obras públicas.
Las demoras en la salida
Con este panorama, el problema es más complejo. Las exportaciones de bienes industriales o agroindustriales se ven retrasadas por el avance de la inflación, el "planchazo" del dólar y los nuevos impuestos que vienen a agravar la estructura de costos de las empresas. Este es uno de los motivos porque primero han reaccionado los productos que tiene poco peso de mano de obra y valor agregado en general (como el vino a granel).
Los productos industriales y agroindustriales tiene el problema que, al haber perdido mercados, requieren un trabajo de reposicionamiento para lo cual deben tener un sendero cambiario previsible, que hoy de alguna manera les asegura el sistema de bandas de flotación. Pero tiene el problema de que el sistema impositivo grava el valor agregado, no solo es el IVA sino que todos los insumos agregados para mejorar valor termina siendo gravados lo que hace que, al aumentar la presión fiscal al 43% del PBI, la competitividad se vea seriamente complicada.
Por el lado del turismo, se espera que pueda haber mayor afluencia de visitantes extranjeros, pero se choca con el problema del costo argentino, más las avivadas de los operadores turístico, que puede terminar ahuyentando posibles visitantes. Lo que se espera es mayor turismo interno de los argentinos, pero dependiendo de los precios, para que sea alcanzable por nuestros ciudadanos
Un dato para tener en cuenta es que un sitio que releva reservas o consultas de pasajes aéreos dio a conocer el orden de importancia en función de las cantidades demandas, y Mendoza figura en el lugar número 10, por detrás de otras provincias. Es posible que los operadores locales deban revisar sus precios (Mendoza es famosa por ser una de las más caras del país) para no fracasar en una temporada que puede ser buena para ellos pero también para toda la provincia.
