Curiosa historia esta de la manía de gobiernos de encontrar soluciones en aquellas políticas del pasado cuyo fracaso constituyen un “destino manifiesto”. No se sabe si lo hacen por desconocimiento u olvido, pero lo cierto es que en un caso u otro se corre el riesgo de aplicar políticas que inevitablemente llevan a perjuicios financieros importantes para la provincia y seguramente una buena parte de sus ciudadanos.
Felizmente la reacción de sectores políticos, incluidos algunos del propio partido gobernante, de los partidos de la oposición, de entidades empresarias, de ciudadanos sin amnesia histórica, han expresado sus opiniones abrumadoramente contrarias a la idea del gobierno. Es de esperar que esta iniciativa insensata termine aquí y no obligue a los mendocinos, abrumados por muy graves problemas causados por la incompetencia de los gobiernos a gastar energías en esta discusión.
Podríamos preguntarnos qué beneficios traería a la provincia un banco del Estado o mixto. En realidad la forma de un sociedad mixta, 51% el Estado, es decir controla la sociedad y el 49% privado aparece como irrealizable. No se entiende quienes tendría interés e aportar ese capital para que lo manejen los funcionarios del gobierno. Por lo tanto el aporte de capital y la nada despreciable inversión necesaria para que un banco funcione, previa autorización del Central, la tendría que aportar el gobierno de Mendoza.
Las cuentas públicas acusan un déficit y el gobierno hace meses que trajina buscando una autorización (finalmente obtenida) para endeudarse. En consecuencia la contradicción económica es tan evidente, que sólo ella haría desechar la iniciativa. La lista de argumentos pude hacerse interminable, pero conviene recordar algunos que suelen olvidarse.
El llamado “efecto Tequila” a consecuencia de crisis de la deuda de México se inició en diciembre de 1994; falta poco para que cumpla 20 años. A partir de esa fecha los dos bancos estatales, el Mendoza y el Previsión Social, comenzaron a perder aceleradamente depósitos, situación que obligó a sancionar la ley de privatización.
Pero lo importante es que desde fines de aquel año los bancos estatales quedaron sin recursos para prestar. Esto implica que durante dos décadas la economía de la provincia ha funcionado sin bancos oficiales. En ese lapso se concretó el notable proceso de transformación de la vitivinicultura y el desarrollo de una infraestructura turística que sorprende a propios extraños. Todo eso se hizo sin crédito “blando y dirigido” por el Estado, lo hicieron los empresarios buscando los recursos y los encontraron.
Se puede argumentar que se contó con el aporte del Fondo para la Transformación y el Crecimiento y esta situación sirve también para rechazar la idea del Banco Estatal. El Gobierno si quiere crear un Banco tendría que integrarlo con el FTC, perdiendo un buen instrumento que no está alcanzado por la ley de entidades financieras, por lo tanto es mucho más flexible que cualquier banco.
Otro aspecto importante, cuando se produjo la caída del Banco de Mendoza de Monetta, el Banco de la Nación se hizo cargo de la función de agente financiero de la provincia, para lo cual debió incorporar sucursales, recursos humanos y técnicos. Sería poco razonable volver a hacer lo mismo; si el contrato no es satisfactorio no parece difícil de corregir, se trata del mayor banco del país, es del Estado, es difícil de imaginar que quiera perjudicar a la provincia.
Nuestro editor de economía ha dicho, “los que se mueven cerca del titular del Ejecutivo y sus ministros afirman que la idea surgió, como otras tantas, de un arrebato del mandatario”. Pues entonces es conveniente serenarse y olvidar la idea.
