La publicación del índice de pobreza por parte del Observatorio de la Deuda Social Argentina, dependiente de la Universidad Católica Argentina, volvió a encender la discusión en la clase política argentina. Porque mientras el Gobierno salió a descalificar los porcentajes, desde la oposición no sólo los defendieron sino que se basaron en los mismos para profundizar sus críticas hacia el oficialismo, especialmente contra el discurso que, en su oportunidad, brindó nuestra presidenta a nivel internacional, en el que señaló que la Argentina se encontraba entre los países con menor índice de pobreza del mundo.
No quedan dudas de que el culpable mayor en esta discusión es el gobierno nacional. Porque el propio ministro de Economía, al intentar explicar los motivos por los cuales desde el Indec no se daban a conocer los índices correspondientes, señaló que se lo hacía porque no se quería “estigmatizar” a los pobres, cuando en realidad lo que se intentaba era no reconocer que los números negativos iban en aumento. De allí entonces que debió recurrirse a lo que indican las cifras de organismos reconocidos por su seriedad, como es el caso de la Universidad Católica Argentina.
De acuerdo con lo señalado por este último organismo, la tasa de pobreza registró un incremento de 4 puntos porcentuales entre 2011 y 2014 y la cantidad de pobres saltó de 10 millones a 12 millones en el mismo período, producto de la suba sostenida del índice y del incremento vegetativo de la población. De acuerdo con la UCA, la primera medición de la serie del Bicentenario 2010-2016 determinó que 29,4 por ciento de las personas estaban en situación de pobreza y luego, tras una caída de 24,7 por ciento en 2011, el aumento se mantuvo en alza en los años siguientes: 26,2 por ciento en 2012; 27,4 por ciento en 2013 y 28,7 por ciento en 2014. En el caso de los hogares en situación de pobreza con programas sociales, la tasa de variación en alza fue de 51,3 por ciento en 2010, de 53,1% en 2011, de 57,8 por ciento en 2012, de 57,6 por ciento en 2013 y de 64 por ciento en 2014.
El jefe de Gabinete, el inefable Aníbal Fernández, salió a denostar el informe de la UCA, indicando que se trataba de “un número inventado para poner en la publicidad” y planteó que hay que repasar y darse cuenta que no es real, porque sólo se tomaron 5.700 casos para decir que hay 12 millones de pobres. Dijo que era una cifra falaz y que no está “ni cerca” de la realidad. Es el mismo personaje que, en su momento y para defender las cifras dadas a conocer por la Presidenta a nivel internacional, llegó a decir que la Argentina tenía menos pobres que Alemania. Lo que Fernández no tuvo en cuenta es que en la Argentina el índice de pobreza se calcula por el porcentaje de población cuyos ingresos no alcanzaban para cubrir el costo de una canasta básica que incluye alimentos y servicios, mientras en Alemania se considera pobres a aquellos cuyos ingresos son inferiores al 60 por ciento del ingreso promedio de la población, aún si con sus ingresos pueden cubrir completamente sus necesidades.
La discusión por la pobreza también alcanzó a Mendoza, donde el informe del Índice Barrial de Precios indica que se necesitan 6.870 pesos para no ser pobre y al menos 3.026,43 para no caer en la indigencia lo que, según el organismo, indica “un empobrecimiento general de la población por la pérdida del poder adquisitivo”. El Gobierno manifestó su molestia por lo sucedido y puso como ejemplo el “importante avance” alcanzado en su gestión en El Pozo, aunque no hizo hincapié en el resto de la población.
Más que motivo de discusión resultaría interesante que la clase política se dedique a trabajar con la seriedad y la responsabilidad que la situación requiere. Es necesario reducir los índices de pobreza en un país con la riqueza natural que tiene la Argentina, pero no sólo ni principalmente a través de planes sociales o subsidios, sino con la necesaria generación de empleos que permita a las familias mejorar con dignidad su condición social.
