Para los empresarios Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa las cosas no podrían estar peor: desde la cárcel, donde permanecen por una multimillonaria estafa al Estado, se enteraron que la Justicia declaró la quiebra de Oil Combustibles, el emblema y el principal sostén de su imperio.
A través de su fallo, el juez comercial Javier Cosentino indicó que la decisión se tomó por el "fracaso del denominado proceso de salvataje", que se inició en febrero con la intervención de la compañía.
Oil Combustibles S.A. era el caballo de batalla de López y de De Sousa, con el que "asistían" al resto de las empresas del Grupo Indalo. Por ello, la quiebra alejaría a los empresarios de la conducción de varias de las compañías de su holding.
El juez ordenó que continúe "la explotación de la empresa durante el término de 30 días" y advirtió que "debe tenerse especialmente en cuenta en lo posible la preservación de las fuentes laborales y la cuestión ambiental".
Cosentino confirmó en su escrito que existen empresas interesadas en adquirir los activos de Oil y anunció que se iniciará un proceso formal para recibir las ofertas.
Por ello, instruyó a los interventores judiciales para reunir la información necesaria y dar una rápida respuesta a los potenciales compradores.
Dos de las firmas detrás de la petrolera serían la estatal YPF y la holandesa Trafigura. Por lo menos así lo manifestó el magistrado durante una reunión que mantuvo con los trabajadores de la planta de Oil, en la localidad santafesina de San Lorenzo.
"Las empresas tendrán que presentar los planes de producción para la continuidad, y eso podría llevar unos 30 días más a partir de que se dicte la quiebra", dijo Héctor Brizuela, secretario legal del sindicato de Petroleros Unidos de la localidad de San Lorenzo.
López y De Sousa recibieron la noticia en sus respectivas celdas (el primero se encuentra detenido en Ezeiza y el otro en Marcos Paz). Ambos volvieron a prisión a fines del mes pasado, acusados por evadir 8.000 millones de pesos.
Según la investigación judicial, los empresarios "habrían desviado millonarias sumas de dinero" que la empresa Oil Combustibles debía pagar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), durante la gestión de Ricardo Echegaray, por el Impuesto a los Combustibles (ITC).
Esa causa penal está vinculada al expediente de la quiebra. Es que se trata de la misma deuda que, en la causa de Cosentino, la AFIP pretende recuperar con intereses y punitorios.
