Según las cámaras vitivinícolas, el sector se encuentra en una de las peores crisis de los últimos siete años -por no decir de toda la historia-, haciendo referencia al 2008. Desde entonces, un combo explosivo dejó a la industria sobre una cuerda floja, perdiendo competitividad, tanto en el mercado externo como en el interno. En este cóctel, se encuentra la inflación escalonada desde ese año -que hoy se ubica en un promedio anual del 30%-, costos de producción cada vez más altos y una paridad cambiaria retrasada. De este modo, es que tanto pequeños como grandes emprendimientos vitivinícolas sufren los avatares que afectan a todas las economías regionales del país.
Algunos números reflejan este panorama. Por un lado, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, en 2014 las ventas de vinos retrocedieron 7,36% respecto a 2013. El año pasado descendieron tanto los despachos hacia el mercado doméstico (4,15%) como los envíos al exterior, cerca del 17%. Por el otro, según un informe realizado por este diario en el suplemento Fincas, el consumo per cápita de Argentina ha ido cayendo en los últimos 40 años, ubicándose actualmente en los 23 litros, cuando en 1974 era de 77 litros.
Todos estos motivos fueron lo que motivaron a que hoy todo el sector del vino reclame por una solución de fondo y por el precio alicaído del vino y de la uva.
Lo que sucede es que tanto la cosecha 2014 como la de este año fueron “espectaculares” en lo que respecta a cantidad. Pero en el actual contexto -caída de la demanda nacional e internacional- tira hacia abajo los valores en que se negocian las uvas, y el pequeño productor es el principal perjudicado.
Este año, según el último pronóstico de cosecha del INV, se esperan cosechar unos 200 mil quintales más que en 2014. Lo que confirma una producción estimada de 26,5 millones de quintales de uva en condiciones de ser recogida.
Todos estos motivos están dejando un sobrestock de siete meses de blanco escurrido -200 millones de litros-, y entra en discusión cómo sacarlos del mercado, para así levantar los precios.
En base a esto es que el Gobierno -a pedido de las entidades vitivinícolas- anunció diversas medidas para sacar el sobrestock vínico. Muchas de ellas fueron desaprobadas por las cámaras, ya que destacan que ninguna está dando ni el más mínimo signo de mejora en las condiciones en el mercado y no fueron exactamente las que ellas pidieron el 15 de enero, cuando más de 5.000 trabajadores marcharon por las calles mendocinas exigiendo respuestas urgentes por parte del Ejecutivo provincial y nacional.
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El 9 de febrero, el gobernador Francisco Pérez enumeró 13 medidas para intentar paliar la crisis del sector vitivinícola. Entre las más relevantes -sobre todo para sacar el sobrestock-, estaba la creación de un fideicomiso para compra de vino, a través de Mendoza Fiduciaria SA. Por medio de esta medida, se logró sacar sólo 35 millones de litros. Otras fueron la conformación de un fideicomiso de compra de uva para mosto 2015 a $ 1,60 el kilo -la Provincia aportará $ 0,75 y las firmas pagarán sólo $ 0,85- y la firma del Acuerdo Mendoza-San Juan, que estableció este año fijar 35% de la cosecha actual a mosto.
Éstas se sumaron al último aporte que expresó el Gobierno esta semana. El Ejecutivo ofreció subsidiar $ 0,75 por kilo de uva vinificable para exportación, dentro de un valor de $ 1,60 que deberán pagar las bodegas a los productores.
Cabe remarcar que todos estos anuncios contemplan la ayuda de $ 500 millones del Gobierno Nacional.
No obstante, más allá de que los referentes del sector valoran el esfuerzo del Gobierno para recuperar el precio del vino -que se encuentra en el mismo valor de hace cinco años atrás-, destacan que no se logrará el cometido de sacar el sobrestock vínico con las acciones anunciadas. Hasta el momento sólo se ha logrado retirar el 17,5%.
De este modo, el precio del vino y el de la uva seguirán en baja y las operaciones hasta el momento son nulas, a pesar de que la cosecha ya ha comenzado.
