Por Mario Fiore - mfiore@cimeco.com - Corresponsalía Buenos Aires
Mauricio Macri sucumbió a la tentación de demostrar que es él quien conduce la política, más allá de los "círculos" políticos y económicos que buscan influirlo en sus primeros días como presidente. Es por ello que el mandatario sacrificó las formas y las instituciones que durante la campaña prometió recuperar del maltrato kirchnerista. Prefirió transgredir la palabra empeñada ante la opinión pública para garantizarse fortaleza política en sus primeros meses, aunque todo esto pueda conllevar un serio error de cálculo.
La decisión de nombrar nada menos que a dos miembros de la Corte Suprema en comisión a través de un decreto, mecanismo que ningún presidente utilizó en los últimos 153 años, quizás pueda entenderse (aunque difícilmente justificarse) si se toman en cuenta dos hechos que seguramente el jefe del Estado sopesó en su mente. El primero es la larga tradición de presidencialismos fuertes que tenemos los argentinos (que tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner no hicieron más que exacerbar). El segundo es que él llegó a la Casa Rosada con un poder acotado: ganó el balotaje por escaso margen, no controla el Congreso y la mayoría de los gobernadores no le responden.
Esta necesidad de hacerse fuerte e inscribirse en la tradición de los súper-presidentes, llevó a Macri a hacer crujir las instituciones en el inicio de su gobierno. En este sentido, las auspiciosas fotos que cosechó el viernes pasado con sus ex rivales electorales (Daniel Scioli, Sergio Massa, Margarita Stolbizer y Adolfo Rodríguez Saá) y el sábado con los gobernadores de todas las provincias perdieron el aura de optimismo y concordia que habían dejado.
Aunque el martes, el propio titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, convalidó la decisión del Presidente ya que admitió que les tomará juramento a los dos nuevos miembros provisionales del Alto Tribunal, el decreto de Macri sienta precedentes preocupantes.
Básicamente porque haciendo uso de un resabio de la Constitución de 1860, que permitía designar en comisión a jueces, embajadores o militares mientras el Congreso estaba en receso (eran los tiempos de las carretas), se transgrede una de las garantías más importantes que consagra la misma Carta Magna: la del juez independiente.
Es por eso que el mismo artículo 99° de la Constitución al que apeló Macri para salirse con la suya en su inciso 4° exige que un juez de la Corte Suprema tenga el aval de dos tercios -al menos- del Senado, para que la estabilidad en el cargo sea total y no hayan dudas sobre su imparcialidad. Sin embargo, el titular del PEN prefirió escudarse en el inciso 19, y haciendo jugar a su favor las contradicciones del Derecho, puso en el Máximo Tribunal del país a dos personas que no tienen el imprescindible acuerdo del Congreso y que, por lo tanto, no pueden manejarse de forma independiente ya que responden exclusivamente a una decisión del Presidente y no poseen estabilidad en el cargo.
Si este precedente es preocupante es porque podría no ser un caso aislado. Recordemos que Macri no tiene poder de fuego en el Senado, donde Cambiemos tiene 16 bancas y el peronismo-kirchnerismo posee 43 escaños. De modo que si el Frente para la Victoria (FpV) llegara a bochar, cuando arranquen las sesiones ordinarias, los pliegos de Horacio Rosatti y de Carlos Rosenkrantz, el Presidente podría recurrir al mismo artilugio y mandar en comisión a dos nuevos jueces. Esto podría ocurrir sucesivamente (dos, tres o diez veces) de modo de sostener en la Corte a abogados que pese a no tener el acuerdo del Senado, es decir sin ser jueces, firmaran sentencias sobre los temas más candentes. Nada más lejos de la normalidad institucional.
En los pasillos del Congreso corren todo tipo de interrogantes y versiones sobre la génesis de una decisión tan arriesgada que provocó el primer cortocircuito serio entre el Pro, el partido del Presidente, y el radicalismo, la columna vertebral de Cambiemos. Algunas voces se inclinan por pensar que Macri no sólo buscó sobreactuar autoridad en el inicio de su mandato ante una Corte Suprema en la que no confía -Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda firmaron el fallo que devolvió a tres provincias el 15% de la coparticipación sólo dos días después del balotaje-, sino que también apunta a tener, a través de Rosatti y de Rosenkrantz, dos firmas que hagan de contrapeso al excesivo protagonismo de Lorenzetti.
Otras gargantas piensan todo lo contrario: que sin el guiño de los tres integrantes de la Corte actual -hay que sumar a Elena Highton-, Macri no podría haberse animado a designar en comisión dos nuevos miembros porque sobran los elementos en el polémico decreto que podrían haberle permitido al Alto Tribunal frenar las designaciones, considerándolas reñidas con la Constitución. Algunos fallos recientes de los actuales cortesanos repelieron embestidas del kirchnerismo contra la Justicia basándose en el argumento de que éstas violaban la garantía del juez natural e independiente. El ejemplo más claro fue la Ley de Subrogancias, que fue considerada inconstitucional porque le permitía al Consejo de la Magistratura -por simple mayoría- colocar abogados o secretarios judiciales -conjueces- al frente de tribunales, en detrimento de jueces del mismo fuero e instancia (que sí tienen respaldo senatorial y estabilidad en el cargo).
La otra pregunta que flota es por qué Macri decidió tomar semejante decisión el cuarto día de su gobierno. No hay ninguna causa de interés superlativo para la nueva administración nacional que los jueces supremos estén a tiro de fallar (sobre todo porque en enero la Corte no funciona en plenario). La sorpresiva medida no tuvo en cuenta estos elementos y, en cambio, dinamitó los primeros puentes que desde el Congreso el Pro y los radicales estaban tendiendo hacia el justicialismo a fin de garantizar la gobernabilidad.
Un último ingrediente aporta más extrañeza a toda esta novela: Macri no comunicó a sus principales espadas legislativas la decisión de llenar la Corte de ese particularísimo modo. Esto le valió un reproche del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien venía intentando arrimar posiciones con los senadores del FpV luego de que estos decidieron desairar al nuevo presidente faltando a la Asamblea Legislativa.
Durante una década, el Pro cuestionó la verticalidad del kirchnerismo y el papel de "escribanía" que el Gobierno le dio al Congreso y ahora, los mismos legisladores macristas se encontraron con la desagradable novedad de que, como otrora los diputados y senadores K, tampoco fueron consultados. Su opinión de nada valía.
Para superar esta innecesaria crisis auto-provocada, en el macrismo buscan por estas horas lanzar señales de concordia con la oposición. Sin embargo, en el kirchnerismo se están refregando las manos y disfrutan de este primer gran error político de Macri. No sólo el antiguo oficialismo está convocando a una marcha para hoy a fin de repudiar el decreto y defender la Corte que tantas veces Cristina Kirchner puso en la mira de sus cañones, sino que los popes K en el Senado y en Diputados están dispuestos a pelear por controlar las principales comisiones de ambas cámaras, de modo de condicionar en extremo al Gobierno.
En este sentido, la puja está ya disparada por el control de la comisión bicameral que dictamina sobre la legalidad de los DNU, esos instrumentos que Macri ya usó incansablemente en su primera semana. Si el kirchnerismo logra juntar fuerza para rechazar algunos de estos DNU en las dos cámaras -no alcanza con que sea una sola-, Macri no tendrá más opción que transformar su aventura súper-presidencialista en un gobierno de consenso legislativo, más parecido a un parlamentarismo europeo que a la idea de ese Ejecutivo todopoderoso que los argentinos han sabido premiar con votos y paciencia.
