Una serie de sucesos violentos vuelve a generar incertidumbre en buena parte de la población sobre el clima social que espera al país y ha creado ya preocupación en las autoridades vinculadas con la seguridad.
Los hechos recientes se originaron en distintos ámbitos. Hubo una fuerte pelea entre sectores del gremio de camioneros durante la concentración de la CGT y otras organizaciones gremiales y sociales el martes, en Plaza de Mayo, dejando otra vez una imagen internacional lastimosa.
Además, comenzaron a circular expresiones totalmente desacomodadas de representantes de sectores políticos y gremiales a favor de una “revolución violenta” contra las políticas actuales. En otras acciones directas, fueron encendidos bidones con combustible que incendiaron vehículos ante el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y se sucedieron ataques del mismo tipo contra distintas dependencias públicas de esa misma jurisdicción, incluyendo la Legislatura. Hay que agregar, como antecedente reciente, la destrucción de la Casa de Chubut en Buenos Aires, días antes de las primarias abiertas del domingo 13 de este mes, y un ataque al Círculo de Suboficiales de Gendarmería de Córdoba.
Esta lista de hechos genera ya mucha preocupación en ámbitos oficiales al circular información que da cuenta de que grupos no identificados aún se encontrarían coordinando más acciones de violencia a cometer próximamente, buscando dar continuidad a estas notables alteraciones del orden público que alarman por la peligrosidad que representan.
Por otra parte, la desaparición reciente de un policía retirado, colaborador en el equipo de trabajo del ministro de Seguridad bonaerense, potencia el nerviosismo que envuelve a los funcionarios vinculados con el abordaje de dicha problemática, con más razón si se tiene en cuenta la tirantez existente por el incierto destino de Santiago Maldonado, el joven artesano desaparecido durante una protesta mapuche, a la que él adhería, y que pone tanto al Gobierno como a las fuerzas de seguridad en una incómoda posición en medio de un proceso electoral.
En el caso puntual de los ataques a dependencias públicas bonaerenses, desde el gobierno de esa provincia ya se ha expresado que la primera sospecha está dirigida hacia los sectores potencialmente afectados por decisiones de la gestión, como policías que fueron desplazados por hechos de corrupción y redes delictivas que se dedicaban al contrabando y a otras negociaciones ilegales, desbaratadas por decisión judicial en base a sospechas y denuncias generadas en el plano gubernamental.
Sin duda, se va llegando a una instancia en la que los gobiernos, nacional y de provincias, van a tener que coordinar acciones para determinar con la debida fundamentación el origen de esta serie de acciones que buscan alterar el camino institucional que hemos elegido los argentinos.
Los mecanismos de investigación oficial, que deben ser capaces de anticiparse a hechos que alteran el orden público, se encuentran con la actual crisis ante una enorme prueba de fuego. El desempeño de grupos organizados violentos y anarquistas no se emparenta con cualquier manifestación social o política en demanda de genuinas reivindicaciones sociales o laborales, pero sí pueden incentivar a éstas en pos de sus oscuros intereses destructivos, llevando a una situación de caos impredecible.
La paz social y el debate de ideas plural y racional son el único camino para limar diferencias en democracia. Los años violentos no muy lejanos dejaron tristes recuerdos y heridas que aún no cierran del todo.
