La cruda e inesperada pelea que se desató entre el gobernador Francisco "Paco" Pérez y el CEO de YPF, Miguel Galuccio, por el modelo de negocio propuesto por Emesa en la licitación de las nuevas áreas petroleras trae consigo la oportunidad de que por primera vez en años el Estado nacional y las provincias hidrocarburíferas discutan una política viable que le permita al país recuperar la añorada y militada "soberanía energética".
Pero esta visión optimista del futuro se asienta sobre una realidad que primero es necesario reconocer: la política energética de Mendoza no goza de buena salud y está sembrada de desaciertos. Mientras otras provincias comenzaron a repuntar en la producción tras la estatización de YPF, la nuestra sigue en retroceso.
Y mientras otras jurisdicciones tuvieron iniciativas oportunas -hace cinco o más años- como las de crear empresas propias para explorar y explotar sus recursos en los tiempos en que YPF estaba en manos de los capitales privados, Mendoza se mantuvo ajena y de brazos cruzados y dejó que su política petrolera la definieran los españoles de Repsol, a los que el actual gobernador siendo ministro de Celso Jaque les prorrogó la extensión de las concesiones por 17 años como resultado de una negociación que los hechos consumados demuestran que fue excesivamente blanda.
Recién el año pasado Mendoza decidió crear su empresa provincial, Emesa, a la que le transfirió las nuevas áreas. Hoy salta a la vista que el debut de Emesa no fue auspicioso y en el mundo petrolero hay quienes catalogan la licitación conducida por Alejandro Neme como un "fracaso" no sólo porque YPF decidió no presentarse sino porque otros grandes actores que asistieron a los show-room que se hicieron en Houston y en Buenos Aires tampoco demostraron interés.
Quienes sí se presentaron son algunas de las mismas empresas que hoy operan en la provincia, aunque algunas lo hicieron en sociedad con capitales extranjeros que podrían significar voluntad real de explorar y explotar el subsuelo mendocino.
No se puede inferir que tengan la misma voluntad algunas firmas expertas en negocios inmobiliarios que acapararon -gracias a la anuencia de Pérez como ministro y de Jaque como gobernador- la gran mayoría de las áreas que se adjudicaron en 2008 solamente para más tarde transferir sus concesiones. Mientras tanto, pasaron seis años y aún el área que terminó comprando YPF antes de su estatización, Chachahuén, continúa sin producir petróleo.
Y sin crudo, como es lógico razonar, no hay regalías para Mendoza ni posibilidad de acercarse a la soberanía energética. Cabe preguntarse entonces a quiénes pueden beneficiar -o han beneficiado- todos estos errores estratégicos. La pelea de Pérez con Galuccio fue sorprendente porque demostró que la Casa Rosada no ha tenido hasta ahora una idea clara de lo que hay que hacer y ha cedido a YPF, empresa de la que en teoría también son dueñas las provincias productoras, el diseño de toda la política energética.
Galuccio le comunicó a Pérez, ni bien éste creó Emesa y decidió llamar a una nueva licitación, que YPF no estaba interesada en el negocio si sí o sí debía cederle una parte, el 10% según los pliegos, a la firma provincial debido a que lo que se conoce como "acarreo" encarece los costos de la operación y le reduce exponencialmente la rentabilidad.
Pasaron muchos meses y finalmente llegó el día en el que YPF decidió no presentarse y en que Pérez tomó esto como un desplante y se enojó como pocas veces lo vieron sus colaboradores más cercanos.
Fuentes del peronismo mendocino creen que el Gobernador confío "demasiado" en Neme y que el funcionario no le explicó debidamente que las negociaciones iban a mal puerto no sólo con la petrolera estatizada sino también con otros actores del mercado, de buena relación con la administración de Pérez, que finalmente tampoco se presentaron, como la alemana Wintershall.
Lo cierto es que estos roces entre Pérez y el resto de los gobernadores con Galuccio provocaron que Cristina Kirchner los llame a una reunión para el próximo 9 de junio con el objetivo de ordenar la política petrolera de arriba hacia abajo.
Se trata de una pulseada que el CEO y el ministro de Economía, Axel Kicillof, le ganaron no tanto a los gobernadores, que necesitan hacerse de recursos para sus acogotadas finanzas provinciales y de ahí que busquen fondos participando con sus empresas provinciales de energía del negocio petrolero, sino al ministro de Planificación, Julio De Vido, quien tiene una visión contrapuesta a la de Galuccio en varios temas.
Desde el punto de vista político, llama la atención la soledad en la que quedó Pérez al insistir con la licitación planteada por Emesa, que buscaba hacer partícipe a la Provincia de la renta petrolera frente a la impotencia política de los gobernadores K de exigirle a la Nación que liquide a las provincias las regalías a mejor precio ya que éstas son el instrumento genuino que tienen los Estados sub-nacionales de hacerse de un pequeño porcentaje de lo que genera el negocio petrolero.
Hoy la Nación le paga a las provincias unos 70 o 72 dólares por barril de crudo WTI pero lo exporta a unos 100 o 105 dólares. La diferencia, entre 30 o 35 dólares, se las queda el Ejecutivo nacional en concepto de retenciones y para subsidiar el precio de las naftas, pero si ese dinero fuera a las arcas provinciales, ningún gobernador buscaría atajos.
Este aislamiento de Pérez es más llamativo si se tiene en cuenta que sus socios en la pelea, los otros gobernadores que también defienden el modelo de negocio de las empresas provinciales que tanto critica Galuccio, terminaron aceptando discutir todo con la Rosada sin tener que pagar los costos de un enfrentamiento con la principal petrolera del país -como le pasó a Pérez tras el desplante de Galuccio- y sin poner en riesgo la exploración y explotación de los recursos de sus distritos al tener que entregárselos (y esperemos que así no suceda) a expertos en el negocio inmobiliario petrolero como Kilwer-Andes, la fusión de empresas detrás de la que está el empresario de medios José Luis Manzano, que puja por quedarse con dos áreas licitadas por Emesa.
El lunes 9 de junio en la Casa Rosada se abrirá una discusión trascendente para Mendoza, si tenemos en cuenta que los hidrocarburos son la principal actividad productiva de la provincia y que YPF representa, en este rubro, más del 70% de la producción local.
La Nación tranquilizó a los gobernadores asegurándole de antemano que nadie quiere cambiar la Ley Corta de Hidrocarburos, sancionada en 2006, que le otorga a las provincias el dominio originario sobre sus recursos.
Pero el mensaje también es claro en un sentido que atañe particularmente a Pérez y a Neme: se buscará eliminar el modelo de negocio planteado por Emesa en la última y accidentada licitación e impedir, de paso, que haya traspaso de concesiones y negocios inmobiliarios como los que hizo Manzano con las áreas que el mismo peronismo provincial le adjudicó a sus firmas con nombres exóticos en 2008.
Se trata de dos definiciones ya tomadas por la Casa Rosada que permiten aventurar que el replanteo de la política energética mendocina será forzosamente necesario. En este escenario, es dable esperar que los gobernadores puedan reclamar por la liquidación de las regalías y por otros aspectos que hacen a las finanzas provinciales que desde hace tiempo ninguno se atreve a plantear en Buenos Aires.
