Desde el viernes se ha desatado en el seno del Concejo Deliberante sanrafaelino lo que ya podría denominarse "crisis institucional", ya que por falta de quórum no ha podido sesionar en dos oportunidades y se espera que la situación siga así por ahora ya que, según se especula en ámbitos políticos locales, "hay mucho de capricho desde ambos sectores, PJ y UCR, porque ninguno cede".
La primera vez, el viernes, los radicales dejaron sin quórum la sesión especial en la que el intendente Emir Félix debía abrir, precisamente, el período de sesiones ordinarias. El dato es que ese acto institucional se iba a producir más de un mes después de la fecha dispuesta en la ley orgánica de Municipalidades, la 1079, que fija el período de debate desde el 1 de marzo al 30 de octubre.
Según se esgrimió desde el bloque radical fue porque no se había acordado la conformación de comisiones, especialmente las de Obras Públicas y de Legislación, que este bloque reclamaba para sí. Se pedía presidencia y mayoría y el PJ hasta ese instante no había cedido.
Las informaciones dadas a la prensa a través de trascendidos o en entrevistas el lunes a la noche, decían que el PJ había cedido en la comisión de Obras Públicas, dándoles la mayoría y la presidencia tal como solicitaban los radicales pero no así la de Legislación.
Esto habría sido el detonante para que la sesión convocada para ayer no obtuviera quórum nuevamente.
La situación dio paso a declaraciones desde el bloque justicialista que atribuyen a un manejo político partidario (órdenes desde el Ejecutivo Provincial) el “obstaculizar el funcionamiento del deliberativo” y por ende del Ejecutivo en temas “que son de importancia para la gente”.
También sostuvieron que fue un desacierto radical no concurrir a la apertura de sesiones porque se “faltó al respeto de la gente”. “Han faltado al trabajo”, se quejaron los justicialistas.
También desmintieron que desde el Ejecutivo no se respondan los pedidos de informe como acusa la oposición.
Lo cierto es que cuando se vota en el Concejo por alguna medida, el voto mayoritario siempre es del PJ que, pese a tener el mismo número de concejales, tiene el voto doble del presidente con lo que generalmente los pedidos de informes quedan en nada.
Hasta pasado el mediodía los radicales de ayer no hicieron declaraciones y fue después de que difundieran un comunicado titulado “La legalidad no se negocia”, donde explican por qué no concurren a las sesiones.
En él se lee: “Tal como suponíamos cuando el intendente anunció públicamente que accedían a nuestro reclamo y cedían al radicalismo el control de la obra pública, la oferta venía con letra chica: querían apropiarse del control de la legalidad, que se ejerce desde la comisión de Legislación. Y la legalidad no se negocia, por lo que nos vimos obligados a no dar quórum a la sesión”.
“Esto no es ‘hacer paro’ ni mucho menos ‘falta de trabajo’, como chicanea el kirchnerismo, tratando de cambiar el eje de la discusión”, aclaran.
“Los concejales que se llenan la boca hablando de ‘trabajar’ son los que menos asisten a las reuniones; mucho menos recorren los distritos ni escuchan a la gente”, rebaten los radicales..
El comunicado está firmado por los integrantes del bloque UCR Frente Cambia Mendoza: Gisela Caballero, Mauricio Bignert, Gustavo Correa, Daniel Herrera, Gustavo Ruiz y Martín Serrano. Y en otro párrafo asegura: “La verdad es que vienen por todo. Parecen no haber oído el reclamo de la gente que quiere que de una vez por todas las cosas se hagan bien”.