El gobernador pampeano, Carlos Verna, decidió demandar a la Nación luego de que el gobierno de Mauricio Macri le aplicara una multa de más de 300 millones de pesos por "no bajar las jubilaciones provinciales ni aplicar la movilidad nacional", se informó en un comunicado oficial.
La Pampa fue una de las pocas provincias que no transfirió las cajas previsionales a la Nación y estableció que las jubilaciones se pagan al 82 por ciento móvil y se actualizan en el mismo porcentaje de recomposición salarial que obtienen los activos.
En un comunicado se indicó que "El Gobierno Federal se comprometió a contribuir al financiamiento de los Regímenes de Previsión Social para el Personal Civil y Docente, así como del Sistema de Retiros de la Policía de la Provincia, cubriendo los déficit previsionales".
"Al comienzo de la actual gestión se adeudaban los déficit de 2009 en adelante, habiendo solicitado las auditorías desde dicho año, comenzando el Gobierno Federal por el año 2015 y 2016, habiendo cancelado la determinación del año 2015 y adelantando $400 millones del año 2016", añadió el comunicado.
Y agregó: "Pero al reclamar la deuda según la auditoría del año 2016, el Gobierno Federal, a través del ANSES, cambió el criterio, y aplicó una multa del 40% ($332.000.000), por no haber bajado los haberes jubilatorios ni aplicado la movilidad nacional".
"No ha entendido este Gobierno Federal que la Nación, en los acuerdos de gestiones anteriores, y que ellos mismos han ratificado mediante la firma por el ejercicio 2015 y adelanto del 2016 - que es un sistema de contribución al financiamiento de nuestro sistema, al no haber transferido el sistema como otras provincias - y no una aplicación de la normativa nacional, ya que todas las diferencias de normativas a favor del jubilado actual y futuro son soportadas por el sistema, a través del Fondo Complementario de los Regímenes Civil y Docente y, en su caso, rentas generales para el Policial", especificaron.
Por esas razones, Verna aseguró que no piensa "bajar las jubilaciones actuales y futuras, ni cambiar su sistema de movilidad" y adelantó que exigirá el cumplimiento de las "obligaciones asumidas por el Gobierno Federal en iguales condiciones que las que se han exigido a la fecha".
Además se instruyó al Fiscal de Estado, mediante el dictado del Decreto N 2198/17 del día 21-07-2017, a "iniciar las actuaciones judiciales y extrajudiciales necesarias para exigir el cobro no solucionado a través de las vías administrativas y políticas".