Mientras la sociedad evalúa la marcha del 18F, convocada por un grupo de fiscales federales a un mes exacto de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la economía asiste desde hace ya más de 15 meses a otra marcha silenciosa: inflación alta, aunque en leve desaceleración, aumento del desempleo, caída del salario real y creciente pérdida de competitividad de la industria y las economías regionales.
El propio gobierno sostiene esta situación con una mezcla de recesión, atraso cambiario (dólar oficial cuasi-quieto) y política monetaria por la cual el Banco Central financia el déficit del Gobierno con emisión de dinero que luego “esteriliza” mediante la colocación de títulos que generan ganancias fáciles a los bancos pero van formando una bola de nieve que arrastrará al próximo gobierno, si es que no lo hace antes con el actual.
La suma de esos pasivos ya bordea los 300.000 millones de pesos y al tipo de cambio oficial supera el nivel de reservas brutas contabilizadas por el Banco Central, que a fin de año sumaban 31.500 millones de dólares.
La endeblez del balance de la autoridad monetaria, cuya misión primaria es resguardar la estabilidad del peso, es peor aún si se tiene en cuenta que aproximadamente la mitad de lo que la entidad presidida por Alejandro Vanoli cuenta como reservas no son tales. Allí figuran unos 3.000 millones de dólares del “canje de monedas” con China, algo menos de 2.000 millones marcados para el “pago local” de vencimientos de deuda cuyo pago en jurisdicción original fue bloqueado por el juez neoyorquino Thomas Griesa, cerca de 2.500 millones de deuda con importadores y más de 7.000 millones de depósitos privados en dólares en los bancos comerciales, que el BCRA contabiliza como suyos, pues impuso a los bancos un “encaje” del 100 % sobre los mismos.
Para calcular las “reservas genuinas” algunos consultores descuentan también las deudas “contingentes” del Central, como líneas crediticias del Banco de Basilea y del Banco de Francia, por 1.500 millones de dólares.
Miguel Bein, uno de los economistas de visión más benévola con la política económica oficial y asesor del gobernador bonaerense y precandidato presidencial Daniel Scioli, llama a esos recursos “cantimploras” de liquidez, figura que transmite bien la idea de escasez de divisas que se busca disimular.
Pero el dibujo tiene sus límites. Guillermo Nielsen, secretario de Finanzas durante la gestión de Roberto Lavagna en Economía y negociador de la reestructuración de la deuda externa en los primeros dos años del gobierno de Néstor Kirchner, calculó que las "reservas líquidas" son de 13.000 millones de dólares, monto que, para el tamaño de la economía argentina, definió como "una propina".
Los "dólares" chinos (en realidad, yuanes) equivalen a 10% del total de las reservas brutas, y si se tiene en cuenta que las reservas líquidas son menos de la mitad, equivalen a más de 20% de la "fortaleza" del Banco Central.
¿Cómo es que, así y todo, el Gobierno se empeña en mantener esta situación? Porque no quiere pasar por un trance similar a la devaluación de enero de 2014 y porque cree poder “aguantar” la situación actual -mediocre, pero no desastrosa- y evitar una crisis macroeconómica hasta fin de año. Lo que venga después ya no será su problema.
De hecho, hasta se ufana de haber logrado una desaceleración de la inflación que, de sobrepasar el ritmo de 40% anual entre el tercero y último trimestre del año pasado, se redujo a cerca de 30% anual entre enero y febrero de este año. Para ello fueron fundamentales la recesión y el control del dólar oficial, evitando expectativas de devaluación y que la brecha con el llamado dólar “blue” vuelva a exceder el 50 por ciento.
Tanto es el julepe al efecto desestabilizador de la suba del dólar, que el Banco Central y la AFIP priorizaron mantener el abastecimiento del “dólar ahorro” y reprimir en cambio, con el “cepo”, el abastecimiento a los importadores, que reclaman atrasos por más de 5.000 millones de dólares. Esto es, el Gobierno prioriza el abastecimiento a ahorristas y viajeros para aquietar expectativas devaluatorias por sobre el comercio y la industria, con lo cual ahonda los problemas de producción y empleo.
Las cuentas del aguante K incluyeron en el último trimestre el ingreso del equivalente de 2.300 millones de dólares del canje de monedas con China, 1.200 millones de adelanto de exportaciones del agro y 800 millones del ingreso de divisas por licitación de la telefonía móvil.
Para las próximas seis a ocho semanas se cuentan 500 millones de dólares de una colocación de deuda de YPF en el mercado internacional y otro tanto del gobierno porteño. Luego, a partir de abril, se espera el ingreso de los dólares de la soja, y para este año el Gobierno espera contar con otros 4.000 millones de dólares del "canje" con China.
Los costos del aguante implican un desaire al principal socio comercial y político de la Argentina: Brasil. El acuerdo con China, que exime de aranceles el ingreso de ciertos bienes del gigante asiático, es una clara violación de las reglas del Mercosur, que es al fin y al cabo una Unión Aduanera, es decir, un bloque con aranceles externos comunes al ingreso de bienes de terceros países.
Para peor, Brasil ha sido el país más afectado por el cepo a las importaciones. Entre 2011 y 2014 las compras argentinas al socio mayor del Mercosur cayeron 40%, mientras en ese mismo período el país acumuló con China un déficit bilateral de más de 16.000 millones de dólares. Pero, claro, China está dispuesto a financiar al Gobierno.
Arturo Jauretche, ícono de la “izquierda nacional”, un pensador al gusto del kirchnerismo, llamó al Pacto Roca-Runciman, de Argentina con Inglaterra, “el estatuto del coloniaje”. La lógica oficial de aquel Pacto era “comprar a quien nos compra”. Ahora es, simplemente, comprar a quien nos financia. ¿Qué nombre le habría puesto Jauretche?
