La oposición insistirá este año en poner un freno a las subas de tarifas, no sólo mediante amparos judiciales sino también con proyectos de ley que, por ejemplo, declaran a los servicios de agua potable, electricidad y gas como "derecho humano fundamental", con el fin de evitar cortes.
Funcionarios nacionales consultados por Los Andes, sin embargo, afirmaron que el cronograma de incrementos tarifarios no se tocará y le restaron importancia a cualquier eventual avance opositor en el Congreso. De todas maneras, no son pocas las iniciativas parlamentarias para atenuar y frenar los aumentos tarifarios. El asunto promete ser protagonista en un año electoral y con una inflación que sigue siendo elevada.
El diputado nacional Andrés Vallone, del espacio que responde al sanluisino Adolfo Rodríguez Saá, presentó una iniciativa para impedir la interrupción de suministro de luz, agua y gas por falta de pago, declarando a estos servicios como "derechos humanos fundamentales". En su proyecto, el diputado de Unidad Justicialista destacó que el acceso a estos servicios atañe a la salud de los usuarios y aclaró que su propuesta no promueve la "gratuidad, como dijo el presidente Mauricio Macri", pese a que, según recordó, en la campaña electoral de 2015 el entonces CEO de Shell Argentina y futuro ministro de Energía, Juan José Aranguren, había prometido que la energía sería gratuita para los sectores más humildes.
Vallone dijo, en cambio, que la energía debe ser "asequible para todos, a lo que no se llega estableciendo tarifas sociales por excepción sino consagrando tarifas accesibles en general y, en todo caso, regímenes selectivos para quienes gozan de una posición privilegiada". A su vez, el Frente para la Victoria, el Frente Renovador (massismo) y Somos (Victoria Donda) están trabajando en una iniciativa conjunta para exigir al Gobierno nacional que retrotraiga los últimos incrementos, ante las próximas subas a las variaciones salariales.
Según pudo saber Los Andes, estos bloques opositores presentarán esta propuesta el mes que viene, en el inicio del período de sesiones ordinarias del Congreso. No obstante, el bloque de diputados kirchnerista se anticipó y ya presentó un nuevo proyecto para congelar tarifas de servicios públicos, retrotrayendo su valor al 31 de diciembre y restringiendo la posibilidad de futuras subas.
Mientras tanto, esta semana se conoció que el gas podría sufrir un aumento extra de un 35%, debido a que los precios mayoristas que surgieron de una subasta competitiva fueron más altos que los esperados: el Gobierno esperaba precios 15% más baratos que los resultantes. Con todo, el Poder Ejecutivo ratificó las subas previstas en todos los servicios y confirmó que sigue en pie la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para el próximo jueves 28.
Esa audiencia (podrá ser seguida desde la sede del Enargas en Mendoza) comprende a las tarifas domiciliarias de las compañías Gasnor SA; Gas NEA SA; Distribuidora de Gas Cuyana SA; Transportadora de Gas del Norte SA; y Redengas SA.
Argentina le comprará menos gas a Bolivia
La Argentina renegoció un acuerdo de provisión de gas con Bolivia hasta 2026, que establece un esquema diferente de precios y cantidades contractuales, con mayor estacionalidad en las entregas para el período 2019-2020. De acuerdo con esta adenda contractual, la Argentina recibirá menor cantidad de gas en los meses de menor consumo y podrá evitar el pago de penalidades.
De esta manera, según la cartera de Energía, el país ahorrará US$ 460 millones en dos años. Como compensación, nuestro país entregará un avión Pampa 3 si la oferta de gas se ve sobrecumplida en 45 millones de m3 por día durante los cinco meses de mayor demanda (mayo a setiembre).
Aranguren y Solá. La energía como “derecho humano”
La suba de tarifas volvió a agitar aguas en el Congreso y en la Justicia luego de los aumentos anunciados y de las declaraciones de Aranguren, quien, en calidad de exfuncionario pero a la vez referente de Cambiemos, rechazó la idea de que la energía sea un derecho humano.
"En algunos casos es un servicio público, en cierta parte del sistema energético, como el transporte y la distribución. Pero en todos los países del mundo, al menos en los que han progresado, se ha pagado por la energía lo que la energía vale", dijo el ex ministro.
Sus declaraciones fueron criticadas por la oposición, que observa el aumento de tarifas como un beneficio directo para las empresas a costa de mermar el poder adquisitivo de los ciudadanos. Aranguren también afirmó que "es hipócrita pedir que las tarifas se ajusten al incremento salarial".
"Del 2003 al 2015 las tarifas de Edenor y Edesur, en la Capital y el Gran Buenos Aires, para marcar donde aumentaron menos, subieron un 200%. El tipo de cambio aumentó un 1200%, la inflación, mal medida por un Indec que mentía, aumentó un 1500% y los salarios, 1800%. O sea, 1800 contra 200. ¿Y ahora le piden al Gobierno que se ajuste en función del incremento salarial?", dijo el ex ministro, en relación con el kirchnerismo. Tras esas declaraciones, el diputado Felipe Solá, cercano al kirchnerismo, lo desafió a debatir sobre tarifas de servicios públicos.
“Los servicios públicos son una mercancía, un producto. Un modelo energético es el correcto si es capaz de suministrar energía en cantidad y calidad a un precio justo, atendiendo a su vez al crecimiento de la demanda”, afirmó el precandidato presidencial de Red por Argentina.
