Casi toda la oposición firmó el compromiso de rechazar la ratificación legislativa del decreto 2.075 que firmara el gobernador Francisco Pérez. Ayer, legisladores y dirigentes de casi todo el arco opositor ratificaban la voluntad de rechazar el decreto de Pérez, que elimina el financiamiento de las campañas publicitarias de los partidos en la previa electoral. Sólo faltaban los de Frente de Izquierda, quienes también ya adelantaron su voto negativo.
En ese encuentro se ratificó que apurarán la votación y esperan haber sepultado el 2.075/2014 en el archivo legislativo en los próximos 15 días. Además, el PD anunció que hoy se presentará ante la Justicia provincial para accionar contra la norma dictada por Pérez.
Pasado el mediodía, empezaron los dirigentes a poblar el salón de los gobernadores de la Legislatura. Concejales de la Ciudad de Mendoza, legisladores provinciales de la UCR, el PD, el Pro, el Frente Renovador; los presidentes de radicalismo Sergio Pinto, del PD Richard Battagión y del Pro Gustavo Cairo, el secretario general del Partido Socialista Carlos Maniero, Gustavo Gutiérrez por la Coalición Cívica, Ernesto Mancinelli por Libres del Sur, Gustavo Valls por el Frente Renovador, Gustavo Bruno por el GEN.
El amontonamiento para la foto era considerable y entre medio se vieron las caras de los intendentes radicales de Godoy Cruz Alfredo Cornejo, de Rivadavia Ricardo Mansur y de La Paz Gustavo Pinto; además de la senadora nacional Laura Montero (UCR) y el diputado nacional Roberto Pradines (PD). Fue una extensa muestra de dirigentes opositores.
La cuestión es que entre todos los que posaron, estaban casi todos los que tendrán que decidir acerca del decreto: los partidos con representación parlamentaria que deberán tratar la ratificación legislativa del 2.075, excepto el FIT.
La foto de la oposición no es menor y demuestra lo que ya era una certeza política. El decreto de Pérez sumará otro rechazo a propuesta del Gobierno provincial. Abroquelados, los de enfrente resisten y le piden al Gobernador que reflexione y mande en el presupuesto las partidas necesarias para cubrir el pago de las publicidades de campaña.
El decreto 2.075/2014 suspende la aplicación de una parte de la ley 8.619, norma que instituye el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como forma de selección de los candidatos de cada partido que participarán en los comicios generales.
Es una ley tan importante que fue aprobada por unanimidad en noviembre del año pasado y empezaría a implementarse en el calendario electoral del año que viene.
Entre las condiciones que establece esa ley está la prohibición a todas las fuerzas políticas de contratar publicidad. Todos los espacios de propaganda deben ser financiados con recursos del Estado. En este punto es que Pérez ha dictado la suspensión por decreto.
Curioso es que Pérez haya firmado este decreto, cuando él fue uno de los principales impulsores de la ley de PASO el año pasado. Su viraje lo fundamentó en que el intendente interino de Capital, Rodolfo Suárez, primereó a todos y desdobló las elecciones de cargos municipales.
Sin duda, no se trata de una cuestión simpática. Hasta ahora, las campañas provinciales fueron pagadas por cada partido político, con recursos nunca del todo claros (ver aparte), por lo que se imponía dar transparencia al financiamiento de los partidos.
Y es en este punto que todos los de la oposición convocados ayer coinciden.
El decreto 2.075 ataca el corazón de las PASO; lo que garantiza que todos los aspirantes tengan algún grado de igualdad de oportunidades y también la necesidad democrática de los ciudadanos de conocer todas las alternativas que aspiran a un cargo público.
Además de las razones políticas, los opositores también entienden que un decreto no puede avanzar sobre una ley y que el 2.075 viola el artículo 128 de la Constitución provincial. En el inciso 2 de ese apartado, la Carta Magna provincial indica que el Poder Ejecutivo promulga leyes, las reglamenta “sin alterar su espíritu”.
Con este mismo argumento, Battagión anunció en ese encuentro que hoy el PD se presentaría ante la Suprema Corte mendocina para pedir la inconstitucionalidad del decreto.
