Antes del comunicado emitido por Economía, el Gobierno nacional le sacó ayer a las principales fuerzas políticas con representación en el Congreso el apoyo para negociar con los holdouts. En un encuentro a puertas cerradas en el salón Dorado de la Cámara de Diputados, el ministro de Economía, Axel Kicillof; el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, brindaron a los jefes de bloques y a las autoridades de las dos cámaras un informe de la situación en la que quedó el Estado argentino tras la decisión de la Corte de Estados Unidos de rechazar rever las sentencias a favor de los fondos buitres.
Sin embargo, los funcionarios de Cristina Kirchner se negaron a adelantar la estrategia que tendrá el Gobierno y sólo le comunicaron que iban a ofrecer “una negociación” cuando los abogados que defienden la posición argentina se reunieran con el juez Thomas Griesa ayer mismo por la tarde (ver aparte).
Además, el ministro de Economía ratificó ante la oposición la decisión de realizar un canje de los bonos que tienen los holding (el 93% que aceptó la reestructuración de la deuda argentina en 2005 y en 2010) para cambiar la sede de pago de Nueva York a Buenos Aires, a fin de salvaguardar los dólares de posibles embargos y evitar el default técnico, algo que el propio Griesa consideró el año pasado “un gesto de mala fe”.
Esta medida fue cuestionada por algunos legisladores opositores, como el cordobés Mario Negri (UCR), quien le marcó a Kicillof las “consecuencias negativas” que esto podría generar para Argentina, ya que Griesa podría mostrarse aún más inflexible. En su defensa, Kicillof argumentó que no se trataba de un cambio de una condición -la sede de pago- sino el canje de un bono con ley extranjera por otro con ley argentina.
Aunque Kicillof no quiso adelantarle a la oposición las alternativas que baraja el Gobierno, algunos legisladores como Claudio Lozano (Unidad Popular) vieron predisposición del equipo económico para ofrecer a los holdouts una propuesta similar a la que se le hizo a Repsol: un pago con nuevos bonos de deuda soberana para que los fondos buitres canjeen en el mercado por dólares, haciéndose cargo el Tesoro argentino de la diferencia entre el valor nominal y el del mercado.
El apoyo de la oposición sólo fue unánime a la hora de rechazar a los fondos buitres. Pero respecto a la decisión de negociar con quienes tienen sentencias favorables por 1.500 millones de dólares, las diferentes bancadas mostraron posturas disímiles. La izquierda, representada por el Partido Obrero y el PTS, rechazó cualquier pago a los fondos buitres y, a través del diputado mendocino Nicolás del Caño, pidió un referéndum para que “el pueblo argentino sea el que decida si se les paga o se enfrenta con ese dinero los problemas internos”.
En tanto, desde la centro-izquierda el senador Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur-Unen) manifestó la necesidad de que el Congreso revise toda la deuda externa argentina, a la que considera ilegítima e ilegal.
Por su parte, la UCR se mostró más permeable a la negociación con los fondos buitres. “Le aconsejamos al Gobierno que se valore el principal activo que tiene la Argentina en este escenario, que es el 93% de los bonistas que aceptaron la reestructuración. A ellos hay que proteger, pagándole el 30 de este mes y evitando embargos para no entrar en default”, dijo el senador Ernesto Sanz. Agregó que “no vamos a apoyar locuras ni aventuras, sólo decisiones serias”, aclaró.
El Frente Renovador, la fuerza de Sergio Massa, fue un poco más crítica. “No nos queda otra que negociar con los fondos buitres y bajo el consentimiento del juez porque fue este Gobierno quien resignó la jurisdicción argentina y puso la de Estados Unidos cuando diseñó el canje”, opinó molesta la diputada Graciela Camaño. El FR pidió ayer que se apruebe un proyecto para monitorear todas las negociaciones de la deuda argentina.
Desde el Gobierno, Capitanich resaltó que “el Congreso ha brindado un pleno respaldo a la posición argentina frente a los fondos buitre, aunque con diferentes aristas. Lo cierto es que todos repudian el fallo y consideran que es lesivo para los intereses del país”.
Una reunión que buscó negociar con los buitres
La audiencia que tuvo lugar ayer en la Corte del juez Thomas Griesa permitió definir mejor el próximo round en la pelea entre Argentina y los fondos buitres. El abogado defensor de Argentina, Carmine Boccuzzi, anunció que Cristina Kirchner enviará a Nueva York la semana que viene una delegación de funcionarios para comenzar a negociar con los fondos buitres. Pero anoche esa misión no estaba confirmada oficialmente.
Griesa se había mostrado escéptico y no escondió su enojo por el discurso de Cristina Kirchner, al que calificó de “desafortunado” y “ofensivo”. Más aún, dijo que el nuevo canje que ofreció Kiciloff para pagarles a los bonistas que ingresaron en el canje viola su fallo. Concluyó que todo eso no le da ninguna confianza de que las negociaciones serán de “buena fe”.
Boccuzzi se defendió como pudo y su carta mas fuerte fue el anuncio del viaje de la delegación argentina, que ahora está en duda.
"He sido informado por Argentina que las autoridades estarán en Nueva York la semana próxima y que el país quiere tener un diálogo y está dispuesto a negociar con los holdouts, incluyendo a los demandantes de este caso", dijo Bocuzzi.
Ni lento ni perezoso, el abogado de los fondos buitres, Robert Cohen, contraatacó. “Nosotros estamos preparados para negociar desde un principio” dijo.
Trascendió durante la tarde que NML estaría dispuesto a aceptar bonos como forma de pago en vez de cash. Pero en la audiencia Cohen se mostró combativo al señalar que al mismo tiempo que ofrece negociaciones, el gobierno argentino no puede estar trabajando en un plan para pagarles a los bonistas que ingresaron en el canje sin pagarles a ellos al mismo tiempo. Cohen se refería al canje que propuso el ministro Kiciloff para pagar la deuda reestructurada en Buenos Aires.
Duras amenazas
“Esto no es un plan hipotético, debemos frenarlo”, dijo Cohen afirmando que viola el fallo en el que Griesa estableció que hay que pagarles a los bonistas del canje y a los holdouts al mismo tiempo.
El juez Griesa levantó una ceja y coincidió. “Usted puede hablar de negociaciones, dijo mirando a Boccuzzi, pero yo como juez lo que quiero es un mecanismo legal para impedir otra situación en que la República Argentina simplemente se ría de un fallo”. Griesa recordó todos los fallos que, a su juicio, el gobierno argentino no cumplió.
